Sabina Frederic: La reducción de homicidios en Rosario es mérito del gobierno de la provincia más que de la nación

Sabina Frederic señaló que durante su gestión la policía santafesina obstaculizó el trabajo de las fuerzas federales, algo que cambió con la gobernación de Pullaro, quien reorganizó la fuerza local y alineó a las distintas fuerzas para enfrentar a las bandas narcotraficantes. También, remarcó su preocupación por el proyecto de tenencia de armas, ya que permite que las armas ilegales se mantengan mientras se completan los trámites de regularización. Además, criticó la política de represión que implementa Patricia Bullrich. “Es muy probable que las jefaturas están advirtiendo que esto es insostenible, que va a haber desmanes y que las fuerzas van a empezar a hacer cosas que no deben hacer”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sabina Frederic fue presidenta de la Agencia de Cooperación Internacional de Cascos Blancos, ministra de Seguridad, subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa y asesora del ministro de Seguridad de la Nación. En los últimos días, se refirió a la situación de mejora de la seguridad en Rosario, tras el pico de asesinato en años anteriores.

¿A qué atribuís que haya una mejora, al parecer, tan sustancial, en la reducción de homicidios en Rosario? ¿Por qué se pudo hacer ahora y por qué crees que no se pudo hacer antes?

Creo que hubo un punto de inflexión este año, que fue cuando en marzo comenzaron a asesinar personas que no eran parte de las que habitualmente, hasta ahora, venían siendo asesinadas. Me refiero aproximadamente al 10 u 11 de marzo de este año, cuando hubo dos taxistas asesinados, un playero y un colectivero. Rosario quedó virtualmente en un estado de sitio, de hecho, porque la gente no se movía. Eso es un punto de inflexión porque, hasta ese momento, las autoridades de Santa Fe solían argumentar, en relación a los homicidios, que se mataban entre ellos, y que era un problema básicamente de ellos, los delincuentes y narcotraficantes.

Esa respuesta, bastante desagradable, porque son vidas humanas, como si algunas valieran más que otras, la denuncia Nilda Garré en el 2012, cuando le plantea esta cuestión a Bonfatti. Recordemos que el delito de homicidio es un delito que trata en el fuero provincial, no en el fuero federal. Es un problema de la justicia provincial. Recibe de Bonfatti, que era gobernador en ese momento, la respuesta de que se matan entre ellos. Entonces, lo que ocurrió en marzo de este año es que esas vidas desechables, entre comillas, dejaron de serlo. Dejaron de serlo porque quienes empezaron a estar amenazados eran quienes se sentían parte de ese "nosotros", refiriéndome a los políticos funcionarios de la provincia de Santa Fe.

Una respuesta similar a la que recibió Garré en el 2012, recibí yo también, de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, cuando era ministra. Entonces, frente a esa cuestión, es muy difícil hacer todo lo que hay que hacer, y creo que muchas de esas cosas las hizo Pullaro en estos meses, con el apoyo del Gobierno nacional también. Esas cosas son muy difíciles de hacer cuando no hay un acuerdo respecto de la gravedad del problema. Por más que sean aquellos, los desechables, los que se están matando, eso es un problema. Es un problema del Estado, que tiene que bajar los niveles de letalidad. En particular porque Rosario, Santa Fe en general, venía siendo una ciudad que tenía una tasa de homicidios que iba a contramano de la tasa de homicidios del resto del país, inclusive de la provincia de Buenos Aires, que viene bajando hace muchos años. Entonces, ese fue un punto de inflexión.

Luego de eso, claramente, lo que pasó es que se asustaron, algo que debería haber pasado mucho antes, y el gobierno de la provincia, que tiene gran parte de la responsabilidad, te diría toda pero a veces son excedidos en sus capacidades los gobiernos provinciales y el Estado nacional tiene que asistirlos, hizo muchas cosas. Sobre muchas no tenemos datos de primera mano de que hayan sido hechas, entonces sólo podemos hacer especulaciones acerca de lo que hizo. Se dice que alguna de las medidas que tomó fue ordenar la policía, lo que quiere decir que haya mayor presencia en los territorios. Establecieron una medida nueva que permite detener por averiguación de antecedentes, cosa que antes no se hacía. Hicieron varios allanamientos para secar el mercado de armas ilegales, que es un elemento central para poder generar esta violencia letal. Ordenó el Ministerio Público de la Acusación, que sería el Ministerio Público Fiscal que rige en el Estado Nacional, en la provincia de Santa Fe lo ordenó, le dio directivas claras y alineó a todos los actores, y con la Policía de Santa Fe, que no estaba alineada y eso hace que compitieran en las medidas judiciales o en los allanamientos.

Alinear a la Policía de Santa Fe permite que las fuerzas federales hagan su trabajo. Como yo venía denunciando desde hace más de un año, sobre el final de nuestra gestión, lo que nos pasaba con las fuerzas federales que desplegamos, primero que la provincia no quería que se desplegaran en los territorios donde había mayor índice de violencia. Primero nos pidió que fuéramos a la periferia y después nos pidió el gobernador Perotti que estuviéramos en el centro de Rosario, lugar que nos parecía que no era el mejor, pero aceptando un poco la autonomía provincial, eso fue lo que hicimos. Después, lo que yo venía escuchando sobre el final de mi gestión, hablando con los efectivos de las fuerzas federales que estaban en Rosario en ese momento, es que la Policía de Santa Fe obstruía la tarea de las fuerzas federales. Estaba donde no tenía que estar y no estaba donde tenía que estar. Eso evidentemente Pullaro lo ordenó.

Se dice, es una especulación, que hubo acuerdos con las organizaciones más poderosas en Rosario, que no son dos, por otro lado, había un error diagnóstico que Pullaro ya no tiene, porque tiene muy claro cómo es la situación. Son muchas bandas, más de 100 o 150. Imagino que eso también lo habrá hecho. En fin, son toda una serie de acciones, pero que vuelven a este punto de inflexión. Se empezaron a hacer, no porque se estaban asesinando a más personas, porque la verdad que hace mucho tiempo que la tasa es muy alta, sino porque empezaron a ser amenazados quienes antes creían que no eran amenazados por estos hechos.

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Correcto, pero vos le asignas entonces el cambio fundamental al cambio de Gobierno provincial, no al cambio de Gobierno nacional.

Sí, pero porque, sinceramente, el Gobierno nacional puede hacer muy poco si el Gobierno provincial no toma una decisión firme y avanza con una serie de medidas que fundamentalmente es controlar a la policía de Santa Fe. Ese es un elemento central, alinearla, sea con métodos santos o no santos. Porque sabemos que lo que ocurre en gran parte de Argentina, no solo en Rosario, es que la policía es una fuente de regulación y a veces los métodos de regulación no son santos, pero están ordenados. 

Claudio Mardones: Quisiera conocer su mirada sobre lo que se viene en la Cámara de Diputados, porque, al menos mañana en la sesión maratónica que se espera, hay un tema que usted ha conocido como ministra y que tiene que ver con el régimen de regularización de armas de fuego, me refiero a precisamente un mecanismo que a veces pudo renovarse y otras veces no. En este caso buscan la renovación, pero hay muchas críticas porque consideran que este mecanismo de tenencia y también de regularización de armas de fuego deja una zona gris, que va a por todo lo contrario de lo que usted menciona en Rosario. Usted decía que en Rosario lograron controlar el tráfico ilegal de armas y estar con una presencia distinta. Parece que este cambio en la ley y este régimen abre otro interrogante. ¿Usted lo ve así?

Sí, hay dos proyectos de ley que se tratan mañana. Uno te diría que es más peligroso que el otro. Este de armas es un proyecto que mejoró en el trabajo en comisión. El que llegó del Gobierno nacional era un blanqueo de armas, era dejar a quienes obtuvieron las armas en el mercado ilegal, la posibilidad de que la blanquearan y tuviesen la certificación de tenencia legítima. Inclusive, en ese proyecto original, ni siquiera preguntaba a la gente cómo obtuvo el arma. Podía, si no cumplía con los requisitos que establece la ANMAC para poder portar o tener armas de fuego, cedérsela a un legítimo usuario que podría ser una persona jurídica, con lo cual las empresas de seguridad se iban a llenar de armamento. Una cosa delirante, la verdad. 

Cuando, y acá arranco con el proyecto actual, lo que el Estado argentino ha hecho siempre, y debe seguir haciéndolo, es retirar armas del mercado, no mantenerlas. Lo que hay que hacer es retirarlas o dejárselas a quienes son responsables usuarios. El proyecto actual mejoró porque eliminó todas esas posibilidades, obliga a quien es poseedor de un arma a tramitar, con una plazo de seis meses para poder hacer el trámite. El problema que tiene el proyecto, que tiene dictamen de mayoría y que fue objetado por un conjunto de diputados, muchos de los cuales son de Unión por la Patria, es que mantiene el arma en posesión del poseedor ilegítimo del arma, en lugar de obligarlo a entregarla y que el trámite, en todo caso de posesión, se realice inmediatamente para que esa persona pueda disponer de su arma cuando tenga la certificación correspondiente. Vamos a seguir teniendo personas con armas obtenidas de maneras ilegales, en muchos casos, sin que el Estado pueda certificar efectivamente que está en condiciones de hacerlo.

Quiero agregar un elemento que es importante. Lo que ha pasado en estos años, y además aclaro que la ANMAC ahora pertenece al Ministerio de Seguridad, pero antes era competencia del Ministerio de Justicia. Ahora lo tiene el Ministerio de Seguridad, nosotros no lo teníamos. No me parece mala idea que lo tenga igualmente.

No necesitamos más armas

CM: Estamos hablando de la Administración Nacional de Materiales Controlados.

El ex-RENAR.

Una cosa que me parece importante, y que es uno de los fundamentos del proyecto bochornoso del Ejecutivo, es que el Estado perdió capacidad para mantener la regularidad o la regularización de los trámites de tenencia y portación de armas. Es decir, todos aquellos que son legítimos usuarios, contra los cuales nadie está yendo en contra, porque son legítimos usuarios y pasan por todos los exámenes que hay que pasar, quedaron en una zona de irregularidad porque hay una dificultad del propio Estado en tramitar esos certificados. Según dice la ministra Bullrich, hay 800 mil personas en esta situación. 

Hay que separar al que quiere ser legítimo usuario del que no quiere ser legítimo usuario. Todos esos que sí quieren, que aparentemente son 800 mil, quedaron en una zona gris porque el Estado no tiene capacidad para mantener este certificado al día. Ese no puede ser un argumento para armar un proyecto de ley. El Estado tiene que fortalecer su capacidad para que las medidas y las reglamentaciones que tiene se puedan cumplir. Entonces, ese proyecto que se va a aprobar mañana no es tan malo como el original. Insisto, no tiene el objetivo de retirar el armamento que es el principio central. 

Pero hay otro proyecto que es más grave, que se va, tal vez, a aprobar mañana, que es el conocido como el de Ley Antimafia, destinado a las supuestas organizaciones criminales y que se presentó fundándolo en que iba a resolver el tema Rosario, cosa que claramente no hace falta porque está el Gobierno controlando la situación, y tiene varios problemas. El primer problema es que nunca define qué es crimen organizado, jamás, con lo cual es de una ambigüedad enorme y es tan ambiguo que está, entre uno de los supuestos de crimen organizado, la posibilidad o el hecho de amenazar un edificio público o a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual encuadraría un hecho asociado a una protesta, por ejemplo, en la figura de organización criminal.

Además, tiene otro problema, establece una zona especial de investigación que es una suerte de paraguas para hacer pasar la zona de excepción porque habilita 48 horas de detención extendidas a 15 días, prorrogables a otros 15 días, o sea, un mes y dos días una persona puede estar detenida sin ninguna imputación, con la información del juez, superpone competencias entre la justicia provincial y la justicia federal. Es decir, es un mamarracho. Tiene varios comentarios en disidencia y un informe de Unión por la Patria rechazando de plano un proyecto de ley que tampoco considera que, finalmente, las organizaciones criminales de gran escala tienen básicamente como objetivo la rentabilidad. Son grandes empresas, muchas veces con una cobertura legal, que permiten acciones ilegales de otras empresas asociadas a esto.

Entonces, en fin, es un proyecto que vulnera derechos, que va a generar riesgos altísimos a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, formales o informales, y que no está destinado realmente a combatir lo que, en teoría, se propone como objetivo. Así que esos dos proyectos son bastante peligrosos.

Mencionaste la posibilidad de ser utilizado en la protesta social. Quiero ir concretamente a cuando el Papa se refirió al costo del mejor gas pimienta y por qué ahora hay una utilización distinta del gas pimienta. Danos una especie de curso para legos.

Ese gas pimienta también estaba en la discusión de las fuerzas cuando yo era ministra, solo que la decisión política fue siempre tratar de dejar la represión como última instancia e introducir distintos mecanismos de diálogo. Aprovecho para decir que acaba de salir un libro donde trato de explicar cuáles son los conflictos que existen en el terreno de la seguridad, de distinta índole. Y este es uno que me parece que es importante comunicar. Cuáles son las razones por las cuales ha habido tantos cortes de calles.

La ministra Bullrich aprobó un protocolo a fin de año que impide la protesta, porque no deja que la gente corte ni parcialmente las calles para protestar, por lo cual hace inviable cualquier protesta que es un derecho constitucional y lo dice Roberto Gargarella, que es una eminencia en la temática, no yo.

Cuando ella toma esa decisión de sacar a las fuerzas federales, desde hace 10 meses casi todas las semanas con despliegues, a veces dos veces por semana, y no solo las despliega sino que también ordena la represión, o sea que las pone en acción, tenés un despliegue logístico y humano de personal con mucha posesión y mucho desgaste. Mucho de ese personal que está acostumbrado, gracias a los gobiernos progresistas, a no hacer uso letal de la fuerza, como ocurrió en el 2001, y por lo tanto la mayoría no lleva armamento letal, sino que solo lo portan, pero no para accionarlo en la protesta, tienen pocos elementos para hacer cumplir la orden que le da Bullrich, que además es ridícula porque finalmente es la misma fuerza la que termina cortando la calle.

Entonces terminan haciendo un uso indiscriminado del gas pimienta a corta distancia, que genera la irritación que genera. Pero la verdad, no tenés muchos más elementos, porque mucho del personal que está desplegado ni siquiera es personal de Infantería, o sea que no es personal entrenado para poder contener protestas. Es personal que, como lo vemos con un chalequito que dice Policía Federal Argentina, no tiene ni escudo, ni tonfa, no tiene ni casco, no tiene nada, solamente tiene una garrafa de gas. Entonces la ministra Bullrich es la responsable de un uso indiscriminado y también de las fisuras que va generando eso.

Ese video que da a conocer el jefe de la Policía Federal, que se lo manda Feinmann, donde se ve a la propia policía gaseando una niña, muestra que hay fisuras dentro de las instituciones policiales, porque el costo es muy alto de lo que ella está tratando de sostener, ella y el gobierno de Milei.

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Lo que vos decís es que las propias fuerzas de seguridad están haciendo esto a contragusto y muestran esta mala praxis o este exceso como una forma de frenar la utilización de este protocolo.

No necesariamente lo hacen a propósito. Lo que quiero decir es que es muy probable que las jefaturas están advirtiendo que esto es insostenible, que va a haber desmanes y que las fuerzas van a empezar a hacer cosas que no deben hacer. Hasta ahora no usaron armamento letal, pero nadie sabe, porque el protocolo de Bullrich habilita el uso de armamento letal, cosa que estaba prohibido desde casi el año 2004. Entonces están mostrando sus propios argumentos.

Tenemos que agradecer que usan gas pimienta.

Exactamente. Lamentablemente, pero es un poco eso lo que está pasando. Ellos están haciendo uso de lo menos letal frente a órdenes que van en contra de todo lo que aprendieron.

Danos el nombre del libro, por favor, para compartirlo.

El libro se llama “Lo que el progresismo no ve (cuando aborda la seguridad)”. 

MVB VFT