Andrés Gil Domínguez: "El gobierno quiere usar el derecho para generar más dolor"

El abogado Andres Gil Domínguez se pronunció sobre la intención del gobierno de Javier Milei de lanzar el proyecto "Igualdad ante la Ley", una iniciativa del oficialismo que, entre otras cosas, deroga los cupos consagrados para minorías en ciertos ámbitos, toca la Ley Micaela de Capacitación en Género y elimina la figura del femicidio, y sostuvo que la administración libertaria "incurre en una gran ignorancia jurídica", según señaló en una entrevista en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho, se desempeñó en el área de Derecho Constitucional y, además, es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Muy buen día, muy buen año Andrés Gil Domínguez. Un gusto volver a conversar con usted. Cuénteme, ¿cómo recibe la decisión del gobierno de impulsar este paquete de reformas amparadas bajo el nombre de "Igualdad ante la ley"? Comenzando por la derogación de la figura de femicidio.

-Buen día, buen año, Jorge. Me parece que el gobierno incurre en una gran ignorancia jurídica del sistema constitucional argentino, porque invoca como fundamento de este proyecto un concepto de igualdad que rigió en el siglo XIX, principio del siglo XX, que es una igualdad formal que solamente se aplicó a hombres blancos propietarios, que dejó afuera a mujeres, a niños y a personas con discapacidades o con enfermedades mentales, y que, después de la Segunda Guerra Mundial, progresó, evolucionó, hacia el concepto de la “no discriminación”, que tiene como contenido ciertas diferencias descriptivas que, bajo ningún punto de vista, pueden ser tomadas como diferencias normativas: la raza, sexo, religión. En esa evolución se incorporó la orientación sexual y el género, con lo cual el proyecto que va a enviar el gobierno no solamente desconoce el derecho a la no discriminación negativa, y también positiva porque el derecho a la no discriminación implica que, frente a la situación de grupos históricamente vulnerados, estructuralmente vulnerados, se deben tomar acciones positivas para darle mínimas posibilidades de ejercicio pleno de sus derechos básicos.

Me parece que es un proyecto regresivo que desconoce en sí el orden constitucional y convencional argentino y que tiene un trasfondo discriminatorio. Y lo peor de todo es que el Derecho Constitucional y el derecho de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, fue utilizado para transformar el dolor en derecho, y lo que quiere hacer el gobierno es utilizar el derecho para dar más dolor, otorgar más dolor o producir más dolor. No es solamente una cuestión que encontraría nuestro sistema jurídico; no solamente es una decisión que va en contra de lo jurídico como un orden simbólico plural y diverso, sino que también es utilizar el derecho para generarle dolor a sectores vulnerables, lo cual es sumamente perverso.

Gil Domínguez contra Javier Milei y sus acólitos: "Una caterva de ignorantes jurídicos"

Ahora, Andrés, puede ser también que el gobierno, más allá de su ignorancia, consciente o inconsciente del Derecho Constitucional, lo guíe el hecho de ver que finalmente la Corte Suprema de Justicia no avanza sobre aquellos aspectos en los que ya ha probado llevar adelante cuestiones inconstitucionales. Por ejemplo, nunca se refirió la Corte ni tomó una decisión sobre el Decreto, el famoso Decreto de Necesidad y Urgencia, entre comillas, que tenía 70 postulados. Por ejemplo, ¿no cree usted que finalmente esa ignorancia, entre comillas, es el resultado de que ve que no pasa nada?

-Yo creo que el gobierno avanza porque no paga costos políticos, porque el Congreso no está ejerciendo la labor otorgada por la Constitución para controlar al Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, está en un letargo inexplicable, y porque gran parte de la sociedad todavía no entiende a lo que se está enfrentando, que es un gobierno con características neofascistas que aspira a un sistema de partido único.

Me parece que es un conjunto de cuestiones por las cuales el gobierno puede avanzar sin pagar ningún tipo de costo político, pero yo me resisto a someterme a la discusión que plantea este gobierno. El sistema constitucional argentino, le permite a los partidos políticos y a los gobiernos discutir los medios para cumplir los fines que están en la Constitución, y lo que está haciendo el gobierno de Milei es cambiar los fines constitucionales. Y yo realmente no me resigno a entrar en esa discusión, de volver a discutir los fines constitucionales, porque están previstos por nuestra Constitución y deben cumplirse.

Y si no les gusta a este gobierno, que reforme la Constitución, pero mientras tanto que la cumpla. Porque, si no, caemos en la trampa dialéctica que nos está proponiendo este gobierno: discutir aquello que no hay que discutir. La Constitución es clara en su modelo, la Constitución tiene determinados fines, determinadas obligaciones, y lo que se pone en plebiscito, el plebiscito de la política, son los medios para cumplirla. Pero lo que está haciendo este gobierno es directamente cambiar los fines por otros fines que el pueblo no decidió a través de una reforma constitucional o una modificación de nuestra Carta Magna.

Ahora, vuelvo a preguntarle, Andrés, si yo cometí el error de juntar el decreto 70/2023, que en realidad lo que tiene no son 70, sino 600 disposiciones, modificaciones…

-Y 86 reformas definitivas a leyes.

Muy bien, entonces, que no haya ningún pronunciamiento de la Corte, después de un año, ¿de alguna manera no indica que el gobierno percibe que las discusiones de constitucionalidad e inconstitucionalidad dependen de la fortaleza política del apoyo que el gobierno tenga?

-Sí, me parece que eso es lo que está percibiendo, porque todo el Poder Judicial, que tiene que controlar al poder, salvo honrosas excepciones de jueces federales del interior, de cámaras federales del interior, ha existido un acompañamiento por omisión, porque lo que han hecho es cerrar todos los caminos para que las personas puedan impugnar la validez constitucional de ese tipo de normas que se han estado dictando. Porque ni siquiera las han validado, sino que lo que han hecho es obstruir el camino, o si no, someter a la cronoterapia esas causas que tendrían que estar resueltas, que la Corte podría haber resuelto.

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Frente a este panorama de un Poder Judicial que no cumple su función, de un Congreso que no cumple tampoco su función de control, y una sociedad que me parece que, en gran parte, todavía no ha tomado conciencia de lo que se está enfrentando, que es la ruptura de los pactos fundantes de la democracia en 1983 a la fecha, y de la reafirmación de este pacto fundante democrático en la reforma constitucional de 1994, de un gobierno que directamente soslaya la Constitución, soslaya las leyes, soslaya el orden jurídico, y todos los días apuesta a construir algo que es autonormativo. Parece que, por ahora, el gobierno puede avanzar porque no tiene costo político y no tiene ningún límite al cual se está enfrentando.

Andrés Gil Domínguez, le agradecemos mucho. Le deseamos el mejor año posible. Ojalá usted y nosotros estemos equivocados; en cualquier caso, estaremos juntos. Le mando un fuerte abrazo y, nuevamente, mi deseo de el mejor 2025 posible. Muchas gracias.

-Muchas gracias. Igualmente para usted, Jorge.

AS.