Andrés Gil Domínguez: "La boleta única beneficia al sistema electoral"

Andrés Gil Domínguez señaló que el sistema de boleta única disminuirá el impacto ambiental, pondrá a todos los partidos en igualdad de condiciones, reducirá la cantidad de fiscales y eliminará prácticas de clientelismo político, como el robo de boletas o el voto en cadena. Además, en el marco de la marcha universitaria de hoy, defendió la autonomía y autarquía de las instituciones públicas, remarcó que están auditadas por la Auditoría General de la Nación y afirmó que la transferencia a las provincias sin el presupuesto correspondiente es inconstitucional. “Las cuestiones que plantea el Gobierno, sobre las universidades, no tienen asidero constitucional ni ningún tipo de solidez en términos de evidencia científica o empírica que las sostenga”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Gil Domínguez es abogado y doctor en Derecho Constitucional. Lo recibimos en el marco de la votación de Diputados donde se aprobó la boleta única de papel.

Alejandro Gomel: Te recibimos en el marco de la votación de Diputados donde se aprobó la boleta única de papel. ¿Hay cambios importantes desde lo constitucional y lo legal? Había algunos peros, como por ejemplo, que no estarán todos los nombres de los candidatos cuando uno vaya a votar.

Sí, igualmente es un cambio importante. Es un cambio de modelo y que beneficia progresivamente al sistema electoral. Primero, porque genera un gran impacto de protección del ambiente, ya que hay menos emisión de boletas, después porque se termina con un cierto negocio en color gris, en términos de generar grandes pymes de partidos políticos para presentarse a elecciones, le da a todos los partidos la misma posibilidad electoral frente a un cuarto oscuro, y se van a requerir menos fiscales.

Me parece que es un paso importante hacia lo que tendría que ser, que para mí es el voto digital. Es un paso interesante, pero para mí el paso más importante va a ser que tengamos un sistema de votación totalmente digital, con las salvaguardas y con las garantías correspondientes.

AG: Ha generado dudas el tema digital también, en cuanto a la seguridad informática.

Igual ningún sistema electoral es perfecto.

Elizabeth Peger: Y ninguno es inocuo.

Ninguno es inocuo. Todos buscan ciertos objetivos constitucionalmente posibles, pero también ciertos beneficios políticos. O ciertos efectos políticos en el electorado o en la forma de elegir. A mí me parece que esto es un paso importante por todos estos elementos que aporta.

El sistema que teníamos nosotros era un sistema perfectible, pero no era un sistema defectuoso. De hecho, funcionó desde el 83 a la fecha y no han existido denuncias de fraude o grandes escándalos, y hubo elecciones que se definieron como la segunda vuelta entre Macri y Scioli por 1,5. Entonces, es importante porque es un adelanto progresivo de mejora del sistema y vamos a ver ahora cómo se implementa, porque necesariamente esto implica una nueva educación en quienes van a oficiar de fiscales y una nueva formación de educación respecto a los electores. Es un nuevo sistema para el que hay que estar informado y aprender a manejarlo.

Los puntos principales de la nueva Ley de Boleta Única de Papel, que se usará en las Elecciones 2025

EP: En cuanto a esto y los efectos, también abre toda una discusión a nivel provincial respecto del desdoblamiento electoral, si los comicios se realizan en el mismo día y se van a efectuar con un mismo sistema electoral o con dos sistemas electorales diferentes, la adhesión de las provincias. Se abre una discusión muy interesante, pero también mechada por los intereses políticos seguramente.

En primer lugar, las provincias en el ámbito de su autonomía pueden elegir el sistema electoral que deseen, pero para poder realizar elecciones concordantes, complementarias o coincidentes, van a tener que tener el mismo sistema que el nacional, porque si no ya vimos lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires cuando se utilizan dos sistemas distintos. Entonces, me parece que cada provincia puede elegir el sistema que quiera. Está dentro del ámbito de su autonomía política reconocida por la Constitución a través del sistema federal.

Ahora, para hacer elecciones convergentes van a tener que tener el mismo sistema, sino me parece que esto va a llevar a problemas de sistema electoral, problemas para el elector, problemas para la organización del acto electoral, y son cuestiones que hay que evitar.

EP: En términos de efecto político, van a desaparecer seguramente algunas típicas cuestiones vinculadas al robo de boletas, el voto en cadena y cuestiones más vinculadas al clientelismo político. Pero en términos más amplios y más generales, ¿esto podría fortalecer o favorecer electoralmente a las fuerzas políticas más pequeñas y generar algún efecto concreto en la conformación del Congreso en un escenario de más multipartidismo?

A priori, porque a todo sistema electoral después hay que dar una comprobación empírica sobre cómo ha funcionado, parece que este sistema beneficia más a los partidos provinciales, a los pequeños partidos y a los partidos emergentes. Porque los ponen en igualdad de condiciones con los partidos que tienen una gran estructura. Y que a través del anterior sistema podían, con esa gran estructura, hacer una diferencia en términos de fiscales y cantidad de boletas. Ahora parece que van a estar en igualdad de condiciones, y esta igualdad de condiciones los beneficia. Eso es a priori.

Hay que ver, una vez en funcionamiento, en un par de elecciones, cuál es el resultado del sistema y si esta consideración que uno tiene a priori se consolida o no en el funcionamiento propiamente dicho del sistema y el resultado en elección.

Marcha por la universidad pública: docentes, autoridades y estudiantes se manifiestan ante el Congreso

AG: El tema del día será lo que suceda con la marcha universitaria a Plaza Congreso. Y desde el Gobierno vienen azuzando varias cuestiones. Ponen en duda la transparencia de la universidad, hablan de que si es autárquica tendría que también conseguir sus propios recursos para funcionar, ponen en duda la cantidad de alumnos. ¿Cómo está viendo lo que sucede en ese ámbito y en esa pelea que da el Gobierno? Donde hasta incluso hay alguna amenaza de transferir todo a las provincias y dejar de solventar desde la Nación a las universidades.

En primer lugar, las universidades públicas son controladas por un órgano que está previsto en la Constitución, que es la Auditoría General de la Nación. Las universidades públicas son auditadas por la Auditoría General de la Nación, órgano de control previsto por la Constitución, incorporado en 1994. Que no las audita ni las controla nadie, es una falacia. Amén de que cada universidad tiene unidades de auditoría interna que realizan controles internos anuales y que la gran mayoría son publicados.

En segundo lugar, la Constitución Nacional garantiza la autonomía y la autarquía universitaria. La autarquía implica que las universidades nacionales pueden y deben disponer de los recursos asignados por ley de presupuestos, fundamentalmente, y los recursos que generen en el marco de las posibilidades de generación de recursos.

Que exista un presupuesto asignado a las universidades nacionales para su funcionamiento, respetando su autonomía, es un mandato constitucional, también incorporado en 1994 con la Reforma Constitucional. Es mentira que las universidades nacionales no son controladas, y es mentira que necesitan un mandato constitucional, porque tienen que tener los recursos asignados por ley de presupuestos para su funcionamiento pleno, en todas sus áreas y respecto de su personal docente y no docente. 

En lo que es la transferencia a las provincias, solamente puede haber transferencia a una provincia si hay un convenio donde acuerde el Estado Federal la provincia respectiva y se transfiera el servicio con la partida presupuestaria correspondiente. No puede haber transferencia de servicios sin partida presupuestaria correspondiente. La idea de transferir la universidad sin el presupuesto, es también constitucionalmente imposible, porque así lo establece el artículo 75 inciso II de la Constitución, cuando habla y define el sistema de coparticipación, el sistema de generación y distribución de recursos en el ámbito de la República Argentina y el sistema federal argentino. 

O sea que, esas tres cuestiones que viene diciendo el Gobierno no tienen asidero constitucional, chocan con tratados sobre Derechos Humanos que rigen en la Constitución, en términos de garantizar el derecho a la educación superior de forma gratuita, y a su vez no tienen ningún tipo de solidez en términos de evidencia científica o empírica que las sostenga.

MVB VFT