Protocolo "antipiquetes": un juez falló a favor del Gobierno
La ministra Patricia Bullrich, su impulsora, celebró en las redes sociales.
El juez de instrucción Gustavo Pierretti rechazó los hábeas corpus que este martes presentaron el Partido Obrero, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y representantes de la del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para pedir que se dejara sin efecto "de manera inmediata” el protocolo "antipiquetes" del Gobierno Nacional.
Las tres presentaciones fueron rechazadas al "no darse ninguno de los supuestos contemplados" en la Ley 23.098 de Procedimiento de Habeas Corpus.
En el artículo 3 se establece que "corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; o la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere".
En sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la decisión.
“Lo resolvió la justicia: el protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal. Sólo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”, escribió la funcionaria en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una imagen de la disposición judicial.
El protocolo se pondrá a prueba este miércoles en la movilización que organizaciones sociales y políticas harán entre el Congreso y la Plaza de Mayo, en el aniversario número 22 de los hechos de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando De la Rúa.
El diputado del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Néstor Pitrola y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a referentes de organismos de derechos humanos fueron quienes realizaron la presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional N°13, alegando que el protocolo afecta "la libertad ambulatoria e integridad física" de los manifestantes.
"Las amenazas de la ministra Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social al 1% diario de inflación", protestó el legislador en diálogo con Télam.
El dirigente del PO remarcó que "el protocolo es ilegal porque afecta al artículo 14 de la Constitución y el derecho a la protesta que también es constitucional", motivo por el que la presentación explicaba que "las disposiciones de la cuestionada resolución constituyen la suspensión ilegal de derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional".
"Se asemeja, en los hechos, a un estado de excepción o de sitio, sin haberse dado los supuestos que así lo habiliten", indicaron sobre la resolución de la dependencia nacional.
LT/AS.