Trump empezó “la mayor operación de deportación de la historia” de EE.UU.
Las promesas de campaña ya comenzaron a cumplirse. Aunque no se sabe el número exacto, Estados Unidos informó ayer que deportó a cientos de “migrantes ilegales criminales”. Además, Donald Trump dio de baja múltiples programas, que había iniciado Joe Biden, y que facilitaban los trámites migratorios.
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a 538 “migrantes ilegales” y expulsaron a “cientos”, en una operación de deportación presentada por la Casa Blanca como “la mayor en la historia”, días después de la investidura de Donald Trump.
El presidente republicano prometió actuar contra la migración irregular durante su campaña y nada más comenzar su segundo mandato el lunes declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios.
“La administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales” y “deportó a cientos de ellos en aviones militares”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X. “La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas cumplidas”, escribió.
El mensaje va acompañado de dos fotos en las que se ve a personas alineadas entrando en un avión militar. Son dos naves militares; uno con 79 personas (31 mujeres y 48 hombres), y otro con un número indeterminado de ellas, que llegaron ayer a Guatemala, según las autoridades del país centroamericano, que no precisaron si forman parte de una operación de Trump o de una programada antes.
Un mensaje al mundo. Trump envía “un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si entrás ilegalmente en Estados Unidos, enfrentarás consecuencias serias”, añade la portavoz de la Casa Blanca. “Estos son asesinos. Son los primeros que sacaremos”, dijo Trump ayer a su llegada a Asheville, en Carolina del Norte (este), en su primer desplazamiento desde la investidura.
Trump demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como “salvajes”, “animales” o “criminales”, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos; un país donde se estima que viven cerca de once millones de personas en situación irregular.
Bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, la policía fronteriza expulsó a un total de 271 mil migrantes en situación ilegal, un promedio de 742 personas por día. La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Ravina Shamdasani afirmó en Ginebra que los países “tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales”, pero sin olvidar que “el derecho a buscar asilo es un derecho humano universalmente reconocido”.
“Se aterroriza a la población”. El jueves, el alcalde de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, el demócrata Ras Baraka, informó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “allanaron un establecimiento y detuvieron residentes indocumentados y también a ciudadanos, sin presentar una orden judicial”. Uno de los detenidos es un veterano del ejército estadounidense, dijo, y lo calificó de “acto atroz y una violación flagrante” de la Constitución de Estados Unidos. “Newark no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la población”, dijo Baraka.
El presidente Trump, fiel a sus promesas de campaña, emitió una serie de decretos en su primer día en el cargo, desde restablecer su programa “Quédate en México”, implementado en su primer mandato (2017-2021) y por el que los migrantes esperan el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, o seguir construyendo el muro fronterizo.
Suspendió hasta nuevo aviso todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió, y puso fin a las vías legales introducidas por Biden para solicitar asilo, como la aplicación de teléfono móvil CBP One, o el programa para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.
Incluso desafió la ciudadanía por derecho de nacimiento a través de un decreto presidencial suspendido temporalmente por un juez federal.
Esta semana el Congreso dio luz verde a una ley que exige detener a migrantes en situación irregular acusados de algunos delitos, incluidos el hurto y el robo.
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