Marcha contra la detención del presidente surcoreano

La Justicia surcoreana prorrogó la detención del presidente Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones por haber intentado imponer la ley marcial. 

Tras el anuncio de la decisión, manifestantes iracundos rompieron ventanas del tribunal, situado en el oeste de Seúl, e irrumpieron en el mismo, según imágenes retransmitidas en directo.

“Preocupa el hecho de que el sospechoso pueda destruir pruebas”, indicaron los jueces  preocupados al explicar su decisión de no poner en libertad al jefe del Estado. 

Decenas de miles de manifestantes –44 mil según la policía– que coreaban lemas de apoyo a Yoon, algunos con pancartas que rezaban “liberen al presidente”, se congregaron frente a la Corte y algunos se enfrentaron a la policía.

Al rededor de cuarenta manifestantes fueron arrestados por agredir físicamente a los agentes, atacar a periodistas o intentar entrar por la fuerza al juzgado, entre varios otros delitos, indicó un oficial de la policía de Seúl. 

Yoon, que fue suspendido y arrestado por haber impuesto brevemente la ley marcial en diciembre, compareció ayer ante el tribunal y habló durante poco más de 40 minutos, indicó la agencia de noticias Yonhap.

Su abogado, Yoon Kab-keun, dijo que quería “restaurar su honor” ante los jueces y que “se explicó y respondió fielmente sobre los hechos, las pruebas y los problemas legales”.

La audiencia duró unas cinco horas y terminó hacia las 18.50, según un funcionario judicial.

Yoon salió del tribunal en una camioneta azul del Ministerio de Justicia rumbo al centro de detención de Seúl, donde está recluido.

Al prorrogar su detención, el tribunal dio más tiempo a los fiscales para formalizar la acusación por insurrección, punible con cadena perpetua o incluso pena de muerte, si es declarado culpable.

Yoon está acusado de haber desestabilizado el país al declarar por sorpresa la ley marcial el 3 de diciembre que poco después invalidó la Asamblea nacional dentro de un parlamento rodeado de soldados.

El 15 de enero fue arrestado por la policía y los investigadores anticorrupción en su residencia oficial en una larga  operación que duró más de seis horas.

La Asamblea Nacional adoptó el 14 de diciembre una moción para destituirlo, lo que provocó su suspensión, aunque oficialmente sigue siendo el presidente del país y solo el Tribunal Constitucional tiene el poder de revocar su mandato.