Los 166 días de tensión en Venezuela: el desconcierto de Maduro, la represión y el posible arresto de González Urrutia

De cara a la toma de posesión en Venezuela, Nicolás Maduro se mostró dispuesto a aferrarse al poder a después de 166 días de vértigo. Un período en el que debió rearmarse tras el shock de las elecciones del 28 de julio, cuando la oposición, liderada por Corina Machado, presentó una fórmula competitiva para expulsar al chavismo del Palacio de Miraflores por primera vez en 26 años.

En medio de un clima de polarización extrema, persecución de opositores, decenas muertos y denuncias de desapariciones forzosas, el mandatario se aferró a la continuidad a toda costa. Incluso con la impunidad que le permitió no haber publicado las actas electorales ratificando unilateralmente su alegado triunfo, en medio de serios cuestionamientos a su legitimidad.

De su lado estuvieron las instituciones de impronta chavista, como la Corte Suprema y las fuerzas armadas. Pero Maduro enfrentó un escenario inédito desde que el chavismo asumió el poder. En la vereda de enfrente tuvo a una oposición fortalecida -en comparación a elecciones anteriores- que se proclamó ganadora y mostró las pruebas de ello, logrando así un apoyo internacional inédito para ungir a Edmundo González Urrutia.

Desde el exilio, el titular de la nómina de Vente Venezuela fue sujeto a un pedido de captura. Recientemente denunció la detención de su yerno mientras las fuerzas de seguridad se preparan para detenerlo una vez que ingrese al país para asumir la presidencia, tal como anticipó.

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Mientras tanto en Caracas la oposición organizó protestas para preparar el terreno previo al 10 de enero, encabezadas por Machado, quien escapó a la clandestinidad en función de su pelea por la transición democrática. En la antesala a la investidura presidencial antagonizada por Maduro y González Urrutia, no fue una sorpresa la escalada del clima de tensión en medio de la supuesta detención y posterior liberación de la líder opositora en circunstancias dudosas.

Entre el desconcierto de Maduro y el asedio a la oposición

El pasado 28 de julio de 2024, las elecciones presidenciales en Venezuela desataron una tormenta política con repercusiones internacionales. Según las actas recogidas por los testigos electorales de la oposición, Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, habría ganado con un 67% de los votos (7,4 millones de votos), mientras que Nicolás Maduro solo obtuvo el 30% (3,4 millones).

Estas cifras fueron verificadas por expertos electorales de organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Centro Carter, así como por medios de comunicación globales como The New York Times y CNN. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, controlado por el chavismo, proclamó a Maduro como ganador sin presentar las actas oficiales ni permitiendo auditorías independientes, disparando las dudas sobre la transparencia del proceso.

La falta de acceso a las actas y la negativa del CNE a permitir auditorías independientes alimentaron las sospechas de fraude. Mientras tanto, una parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y algunos países de América Latina, reconocieron a González como el verdadero vencedor de las elecciones, a excepción de México, Colombia y Brasil, que pidieron una revisión de los resultados.

El 29 de julio sensaciones de shock e incertidumbre inundaron a la cúpula chavista en el Palacio Miraflores. Se recibió con sorpresa los resultados electorales que chocaban con el sello chavista por otros seis años, algo que fue habilitado por Maduro con la modificación de la constitución nacional.

Mientras tanto, el Gobierno enfrentó una dura crisis interna. La tensión entre el presidente y sus asesores se intensificó después de los comicios, cuando las encuestas y estudios realizados por su equipo daban por segura una victoria amplia, pero los resultados finalmente demostraron lo contrario a medida que llegaban la información de la CNE. Las elecciones, en tanto, buscaban dotar a Maduro de una legitimidad vital ante los líderes del mundo, con la idea de que Estados Unidos alivie las sanciones para que la economía venezolana disparara después de dos años de crecimiento.

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Desde entonces, la bajada de línea del chavismo, cada vez más aislado, fue aferrarse al poder cueste lo que cueste, con los máximos exponentes haciendo lo suyo en cada ámbito. Desde Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, hasta el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, o el ministro de Interior Diosdado Cabello, las figuras fuertes del chavismo encabezaron la narrativa oficial.

Las denuncias de fraude se dispararon a medida que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, se negaba a mostrar el escrutinio el día después. El Gobierno, en tanto, optó por una estrategia de represión, cerrando filas y emitiendo órdenes de captura contra opositores, alegando supuestas "prácticas antiterroristas".

En ese contexto, más de 2.000 personas fueron detenidas tras las elecciones, muchas de ellas durante las manifestaciones que estallaron en las principales ciudades del país. La represión fue calificada como "terrorismo de Estado" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documentó al menos 25 asesinatos y numerosos casos de tortura y desapariciones forzadas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al servicio del régimen, jugó un papel crucial en este proceso. Aunque las denuncias de fraude y manipulación por parte de la oposición y veedores internacionales, el TSJ respaldó al gobierno, ratificando el triunfo de Maduro sin forzarlo a revelar las actas electorales, a diferencia de lo ocurrido en elecciones anteriores. Este mismo tribunal supremo fue el encargado de abrir investigaciones contra González, lo que incrementó las tensiones y complicó cualquier intento de mediación internacional.

El 10 de enero, un día crucial para Venezuela

En tanto, el 10 de enero de 2025 se perfila como un día crucial para la historia de Venezuela. Maduro tiene previsto tomar posesión para un nuevo mandato, a pesar de las dudas sobre su legitimidad y la negativa de gran parte de la comunidad internacional a reconocer su victoria. Sin embargo, la oposición, liderada por Machado y González, asegura que será este último quien asumirá la presidencia, respaldado por las actas que recolectaron durante el proceso electoral.

El entorno de Machado, por su parte, denunció que la líder antichavista había sido "interceptada" el 9 de enero de 2025 durante la protesta convocada por la oposición en Caracas para sostener la investidura de González. En medio de la incertidumbre y la falta de respuesta oficial, comenzó a circular un video de Machado mientras que sectores del gobierno de Maduro informaron que se trató de una "noticia falsa". En tanto, se reportó que fue forzada a grabar un video bajo coacción, en el que afirmaba que había perdido su cartera en un incidente.

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Se sumó a la orden de captura contra González, quien se encuentra exiliado en España tras recibir amenazas de muerte y sufrir la desaparición de su yerno. Después de su gira por países americanos, González aseguró que regresará a Caracas para tomar el poder de manera simbólica, enfrentándose cara a cara con Maduro. Esta declaración encendió las alarmas en el régimen de Maduro que desplegó fuerzas de seguridad por todo el país y emitió una recompensa de 100 mil dólares por la captura de González.

Con el fatídico precedente de julio, cuando murieron al menos 25 personas y otras 2000 fueron detenidas, las calles de Venezuela están a una chispa de estallar. La polarización extrema entre los chavistas y la oposición, que no aceptan un resultado diferente al manifestado, alcanzó su punto más álgido desde que el chavismo tomó el poder hace más de veinte años. En el horizonte, se perfilan dos futuros: uno en el que Maduro sigue aferrado al poder a través de la mano dura, y otro en el que ceda y la oposición rompa con la hegemonía chavista de más de dos décadas.

CD/ff