La ONU le exige a Chile que ponga fin a las expulsiones masivas de migrantes

Los Relatores de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes y contra la tortura, y el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria exhortaron al gobierno de Chile a cesar “inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes, quienes tienen derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país mientras se valora su situación de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

Al respecto, “las deportaciones de migrantes no pueden ser efectuadas en forma sumaria, sino que se requiere una determinación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, señaló el Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales. 

Cientos de personas migrantes han sido expulsadas de Chile desde febrero de 2021, afirman estos expertos independientes de la ONU, sin que “se efectuara previamente una determinación individual genuina de la situación de cada persona ni se permitiera presentar solicitudes para su protección en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados”.

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La preocupación crece porque “la última de estas expulsiones tuvo lugar el pasado 25 de abril, fecha en la que 55 personas migrantes procedentes de Venezuela habrían sido expulsadas de manera colectiva desde el aeropuerto de la ciudad de Iquique, en el norte del país”. Previa su expulsión, “muchas de las personas migrantes habrían permanecido detenidas, en situación de incomunicación y sin acceso a la asistencia legal”, afirma la ONU.

Por otra parte, “la ausencia de una evaluación individual de las necesidades de protección y evaluación del riesgo irreparable de cada persona migrante antes de su deportación incrementa el riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos, incluyendo la violación del principio de no devolución o non-refoulement”, añadió Felipe González Morales.

Este principio, se haya además consagrado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en otros tratados internacionales de derechos humanos, y se aplica a todas las formas de expulsión de las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, razón por la cual el Relator de ONU contra la Tortura, Nils Mezler, se sumó al reclamo.

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“La detención de personas migrantes solo se justifica excepcionalmente como medida de último recurso y durante el período de tiempo más breve posible, y debe ser compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad en función de las circunstancias individuales de cada caso”, recordaron estos expertos de la ONU.

Insistieron en que “es indispensable cumplir con las garantías del debido proceso y asegurar que las personas migrantes tengan acceso efectivo a la justicia para efectuar sus reclamos ante una orden de deportación, y que se permita a los inmigrantes afectados permanecer en el país mientras se resuelve el fondo de estos reclamos”, en virtud de lo cual el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, integrado por 5 expertos independientes, suscribió también el reclamo.

Sobre el particular, cabe recordar que con anterioridad, el Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU han formulado advertencias a los Estados para que consideren suspender temporalmente las deportaciones o retornos forzados de migrantes en el contexto de pandemia de la Covid-19, por representar un serio peligro tanto para las personas migrantes como para la salud pública cuando no se toman las debidas precauciones sanitarias y de seguridad.

(*) Desde Ginebra