La inédita elección judicial en México

El año 2025 será el primero en que México tendrá comicios para elegir ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas y judicaturas del Poder Judicial Federal y, en la mayoría de las 32 entidades, integrantes del Poder Judicial Local. Se trata de elecciones inéditas, no solo en el país, sino en el mundo. Si bien hay otros países que tienen elecciones judiciales, como Bolivia, Estados Unidos o Japón, no existe un modelo similar en donde se elija por votación popular a la totalidad de personas juzgadoras de todos los niveles. 

A los órganos de administración electoral no nos corresponde emitir un juicio de valor respecto de la pertinencia o no de los cambios en el sistema electoral mexicano, sino garantizar que las elecciones que se organizan tengan los mínimos estándares de calidad y se rijan por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, transparencia e independencia, que son los pilares de la función electoral en México. 

A manera de contexto, México tuvo una reforma electoral profunda en 2014 mediante la cual se creó un sistema nacional de elecciones. Con ello, algunas de las facultades que tenían los órganos electorales locales en las entidades federativas fueron conferidas exclusivamente al INE, como el diseño de la documentación electoral, el diseño de materiales electorales, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las campañas, la capacitación al funcionariado de casilla, la definición de los lugares en donde se ubican las casillas, entre otras. 

Estos cambios han generado ventajas y desventajas en los procesos electorales; dentro de las ventajas podría resaltar la posibilidad de que la ciudadanía acuda a una sola casilla a votar por los cargos federales y locales, también que se comparten los gastos para el mobiliario que se utiliza en las casillas, con lo cual se ahorran recursos económicos y humanos. En contraste, considero entre las desventajas que el modelo ha tenido como consecuencia una especie de subordinación explícita e implícita de la organización local a la federal, limitando la creatividad y la innovación electoral que antes de la reforma se tenía a nivel local. 

El 1° de junio de 2025 con la elección de las personas integrantes de los poderes judiciales del país, el sistema nacional electoral se pondrá nuevamente a prueba. El reto no es menor. Se ha tenido menos tiempo del ordinario para la planeación, el establecimiento de las reglas del juego específicas, el diseño de las boletas y de los instrumentos para dar a conocer a la ciudadanía los perfiles de las candidaturas. También hay que considerar que un cambio tan relevante como este ha motivado disputas jurídicas que igualmente han afectado los tiempos para la organización. 

En concreto, en la Ciudad de México se elegirán 187 cargos federales y 133 locales. Dentro de los locales se elegirán cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 33 plazas de cinco salas del Tribunal Superior de Justicia y 95 judicaturas de diez materias. Estas plazas representan aproximadamente el 40% de las magistraturas, el 25% de los juzgados y la totalidad del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial que integrarán el Poder Judicial Local. Al respecto hay que considerar que, ya que lo permite la legislación, 23 magistraturas y 52 judicaturas que actualmente se encuentran en funciones, decidieron someterse al escrutinio ciudadano para ser votados, teniendo un pase automático a la boleta. 

De acuerdo con el texto constitucional y legal local, el registro y la evaluación de las personas aspirantes a una candidatura para estos cargos será responsabilidad de tres comités de personas expertas, cada uno aprobado por uno de los poderes públicos capitalino: el Ejecutivo (la Jefatura de Gobierno de la Ciudad), el Legislativo (el Congreso de la Ciudad)y el Judicial. Al terminar el proceso de registro, revisión y depuración a cargo de los comités, el Congreso de la Ciudad deberá entregar al Instituto Electoral de la Ciudad de México una lista de 45 personas candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial; es decir, 15 personas propuestas por cada comité, correspondientes a tres candidaturas por plaza. Además, una lista de 221 candidaturas a las plazas de magistraturas de las salas del Tribunal Superior de Justicia, que comprenden dos candidaturas por comité, por cada una de las 66 plazas en disputa, así como las 23 personas que ocupan actualmente el cargo y que pretenden someterse a elección popular. Finalmente, un listado de 623 candidaturas a judicaturas, correspondientes a dos candidaturas por comité, por cada una de las 95 plazas en disputa, así como las 53 que buscarán permanecer en su cargo, por mandato popular. En total, estarán en la contienda 889 personas. 

La premura para contar con definiciones en aspectos tan básicos para una elección como el número de casillas a instalar o el diseño de las boletas electorales está obligando a los órganos electorales locales a hacer uso de su creatividad para hacer propuestas acordes con las realidades locales que permitan hacer frente a tan desafiante proceso electoral. Esto pone de relieve la riqueza de la descentralización en la administración electoral, que deriva del pacto federal que da fortaleza a la democracia, al respetar las diferencias y particularidades de cada entidad. En efecto, se trata de entender que las estructuras de los poderes judiciales locales, los marcos geográficos de cada entidad, incluso la ciudadanía, no son idénticos en todo el territorio nacional y requieren de diseños variados en algunas cuestiones.

Esta experiencia desde lo local es sumamente valiosa para garantizar el éxito de los ejercicios democráticos. Por ejemplo, para el Instituto Electoral de la Ciudad de México la sistematización de los ejercicios de participación ciudadana en la capital, como el presupuesto participativo, es una muestra de innovación en la gestión electoral con la utilización de un exitoso modelo de votación por internet, o de boletas genéricas que permiten ahorrar tiempo en su impresión y que resultan de fácil compresión para la ciudadanía, entre otras. 

Por esto, resulta necesario que ante una posible reforma electoral a mediano plazo todas las perspectivas adviertan la valía de los elementos de innovación y creatividad del capital humano experto en organizar elecciones locales y, en general sus aportaciones para la organización de elecciones eficientes, íntegras, transparentes e incluso más austeras.

* Consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina

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