Quiénes son los exfuncionarios K acusados de corrupción que piden prisión domiciliaria

Ante el temor que existe en la Argentina sobre la expansión del coronavirus, varios exfuncionarios kirchneristas presentaron ante la Justicia su solicitud de ser excarcelados o pidieron prisión domiciliaria justificándose en situaciones de emergencia sanitaria. Desde Amado Boudou a Ricardo Jaime, se trata de un grupo de exdirigentes del ahora oficialismo que, en su mayoría, están siendo investigados por causas de corrupción.

En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación repasa cómo serán las estrategias judiciales que adoptaron sus abogados para evitar la prisión en medio de la pandemia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los grupos de mayor riesgo al coronavirus son los formados por personas de 65 años y aquellas que tengan enfermedades inmunodeprevisivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas. En este sentido,el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) recomiendan a los Estados un “mayor uso de alternativas a la prisión preventiva, conmutación de sentencias, libertad anticipada y libertad condicional”.

Estos antecedentes, que fueron recomendados por la OMS fueron los que impulsaron a los abogados de exfuncionarios kirchneristas a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que argumentan que en las cárceles “no está garantizada la salud” de sus defendidos.  

El ex presidente Amado Boudou, solicitó por medio de sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rua, la excarcelación. El pedido fue realizado por medio de un pronto despacho a la Corte Suprema de Justicia. La máxima autoridad de Justicia negó emitir juicio respecto del caso. Por ello, ahora Peñafort confirmó al Equipo de Investigación que solicitarán una reposición. Es decir, que la Corte revea su decisión.

“La sentencia de Boudou, no está firme, no fue revisada por todas las instancias del Poder Judicial. La Corte dice que hasta que no haya sentencia firme, nadie es culpable; entonces que lo dejen de tratar como culpable y más en esta situación de riesgo”, anticipó Peñafort. “Otra alternativa es acudir a fueros internacionales, como la Corte interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo la abogada del exvicepresidente ante el Equipo de Investigación.

"El exministro de economía está preoupado por la situación que atraviesa su grupo familiar comupesto por su esposa y sus dos hijos, dado que si su esposa es infectada, nadie se podrá hacer cargo de los menores", indicó Peñafort. Boudou fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 el 7 de agosto de 2018 a 5 años y 10 meses de prisión por el delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por el Caso Ciccone. Boudou está detenido en la cárcel de Ezeiza.

Por su parte, el exsecretario de transporte Juan Pablo Schiavi solicitó por medio de sus abogados Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, la reclusión domiciliaria. No obstante el Tribunal Oral Federal N°2 aún no se expidió sobre este pedido. Por ello, Palmeiro anticipó su estrategia judicial ante Equipo de Investigación: “Se va a realizar una doble vía de actuación. Por un lado, pediremos que controlen el cumplimiento de las medidas de prevención en el penal, algo que no se está cumpliendo. Por otro lado, que se resuelva el trámite de domiciliaria pendiente de resolución que tiene el señor Schiavi”.

“Vamos a insistir en esto porque hay patologías previas, reconocidas por el cuerpo médico forense. Lo que pedimos es la domiciliaria momentánea, porque Schiavi tiene un tratamiento específico para sus patologías, que dentro del penal no se lo pueden cumplir”, explicó Palmeiro. Además el abogado defensor informó que el extitular de la cartera de Transporte “sufre una patología cardiaca y neurológica, por eso la Justicia debería cuidarlo en este contexto de pandemia en el que Schiavi se encuentra en una situación de riesgo”.

Schiavi está detenido en el penal de Ezeiza desde el 5 de octubre de 2018, cuando la condena por la tragedia de Once quedó en condiciones de cumplirse. La Cámara de Casación confirmó que el exsecretario de transporte debía cumplir la pena de cinco años y medio de prisión.

En la misma situación se encuentra Luis D´Elía, quién bajo la presidencia de Nestor Kirchner ocupó el cargo de ex Subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, también solicitará salir de prisión. “D'Elia se encuentra en la lista de las personas vulnerables confeccionada por el Ministerio de Justicia, por ser insulino dependiente y por factores coronarios. Esta situación se agrava en este contexto de pandemia”, explicó al Equipo de Investigación el abogado defensor del exfuncionario, Adrián Albor.

“Ahora se preparará un recurso a la Cámara de Casación Penal contra la decisión de la Jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 6, por desestimar el habeas corpus al que había hecho lugar el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Augé, que terminó en una condena al servicio penitenciario por un error en la falta de medicación para D´Elía”, indicó Albor. Además. “Estamos a la espera de una resolución de alguna de las cuatro incidencias que hay en la Corte Suprema de Justicia, una de ellas es por la prisión domiciliaria de D´Elía”, confirmó al Equipo de Investigación.

El exlíder piquetero se encuentra cumpliendo condena desde el 26 de febrero de 2019 por la toma de la Comisaría N°24 de la Boca, ocurrida en el año 2004. La Cámara de Casación Penal confirmó una condena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación.

Otro caso, es el del ex secretario de transporte Ricardo Jaime, quien forma parte del listado de presos de riesgo elaborado por el Servicio Penitenciario Federal, ante una posible infección de coronavirus. Jaime conforma este grupo de riesgo por su edad de 65 años. Además, el también extitular de Transporte, había solicitado anteriormente la prisión domiciliaria tras alegar problemas psiquiátricos. No obstante, el Tribunal Oral Federal N°2 le negó a la defensa el pedido luego de los análisis arrojados por los peritos.

Ante el aluvión de pedidos de excarcelación o prisiones domiciliarias, el Diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió al Equipo de Investigación que debe regir el principio de igualdad ante la ley. “No puede haber alguien que por estar en una situación de privilegio, por haber sido funcionario vaya a estar mejor que otro detenido. Es necesario acreditar para que haya una prisión domiciliaria sea una persona que pertenezca a un grupo de riesgo. No me parece bien aprovecharse de esto para buscar un privilegio. Sino todos los presos de la Argentina podrían pedir mejores condiciones u otro trato”, completó López.

En el mismo sentido la exdirectora de IGJ, Silvina Marténez afirmó al Equipo de Investigación que los funcionarios K “siempre fueron beneficiados”. Y agregó: “Desde los resultados de las PASO, los cambios de perspectiva frente a un nuevo gobierno fueron grandes. Las cárceles estaban llenas de presos con prisión preventiva que, utilizando el mismo criterio deberían haber salido, pero eso no sucedió. Por lo que ahora no se puede utilizar la excusa de la pandemia con el mismo motivo”.

El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigacion y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.

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