Provincias estudian demandar a Nación por el recorte a la protección de bosques

El presupuesto de 2025 destinado a la protección de bosques nativos será el más bajo de la historia: representa el 2,8% de lo que corresponde por ley. El ajuste en esta materia y la eliminación por decreto del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) suman rechazos: a la declaración conjunta de organizaciones que trabajan en la temática le siguieron la renuncia de un funcionario y una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que trece provincias manifestaron su “preocupación y disconformidad” con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. 

El 8 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 888/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo decidió eliminar el fideicomiso que fue creado en 2018 con el objetivo de administrar de manera más eficiente el dinero del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. El problema no es solamente que ese fondo fiduciario no exista más: también que no se sabe qué destino tuvo el dinero que tenía disponible para los programas remanentes desde 2023. Se trata de alrededor de $ 16 mil millones. 

La decisión del Gobierno y la falta de rendición de ese dinero a las provincias motivaron que, ese mismo día, Octavio Pérez Pardo, a cargo de la Dirección Nacional de Bosques, pidiera ser eximido de sus responsabilidades, aunque esa renuncia todavía no fue aceptada. 

La ley de bosques prevé que el 0,3% del presupuesto nacional más el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas y forestales “debería asignarse para que las provincias tuvieran recursos para compensar a los propietarios por los servicios ambientales que los bosques nativos prestan, y para poder realizar el monitoreo, fiscalización y promoción del manejo sustentable y la conservación por comunidades rurales y pueblos indígenas. Un 70% debe ser para los propietarios y un 30% para las provincias”, explicó a PERFIL Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre. “Lo que se hizo es disolver el fideicomiso donde se alojaba el presupuesto que año a año se asignaba y que siempre fue muy bajo, nunca llegó a ser más del 10% de lo que establece realmente la ley”, agregó. Con esto, argumentó, se elimina una herramienta de administración financiera que protegía los fondos de la inflación. “Tampoco se sabe cuál fue el destino de los $ 16 mil millones de pesos que este fideicomiso tenía y que correspondían al presupuesto de 2023”. 

El 70% de los medios asignados “puede utilizarse para la promoción del manejo sustentable, donde los propietarios de bosques nativos realizan tareas silvícolas, raleos, podas, diseño de áreas de vías de saca, diferentes alternativas que forman parte de un plan que también permite generar recursos para la industria”.

El financiamiento puede ir además a obras de infraestructura para la conservación y la prestación de servicios turísticos que permiten a su vez generar ingresos para pagar servicios de guardaparques o de control de incendios, explicó Jaramillo.

El 30% restante es utilizado por las provincias para “fortalecer sus unidades de bosques, ambiente, fiscalización, control y monitoreo de la biodiversidad”, agregó. También se puede destinar a pequeños productores, comunidades rurales y pueblos indígenas que no están en condiciones de acceder a ese otro 70%, “ya que implica una inversión en la contratación de un técnico para hacer los planes y las gestiones”.

El 15 de octubre, en un comunicado conjunto, veinte organizaciones dedicadas al tema medioambiental explicaron que durante 2024 el Tesoro Nacional no ejecutó ni un solo peso para ese fondo, a pesar de tener presupuestados $ 10 mil millones. “Al analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2025, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos debería contar con $ 352.664 millones, correspondientes al 0,3% del presupuesto nacional que establece la ley 26.331. Sin embargo, tiene asignados para 2025 apenas $ 10 mil millones, lo que representa un 2,84% de lo que efectivamente debería. En otras palabras, recibirá 35 veces menos de lo que le exige la ley al Tesoro Nacional”.

A estos rechazos se sumó el de trece provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente, que la semana pasada convocó a una reunión extraordinaria.

En la resolución, del 16 de octubre, los firmantes declaran su disconformidad con la disposición del Gobierno que elimina el Fobosque, “por inconstitucional, violatoria de los convenios internacionales de París y Escazú, el principio ambiental de no regresividad, y por arbitraria, en tanto no se dio participación a los miembros del Cofema, en el carácter de coadministrador de los fondos”. 

En el documento también llaman a la acción e instan a “promover acciones políticas, institucionales, jurídicas” y todas aquellas “que sean necesarias para lograr que se restituya el fondo fiduciario”. 

El apoyo a la resolución fue contundente. Trece provincias votaron afirmativamente (La Rioja, Jujuy, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Formosa y Chubut). Solamente tres provincias (San Luis, Salta y Tucumán) votaron en contra, voto al que se sumó el de Nación. Tres se abstuvieron (Chaco, San Juan y Misiones) y el resto estuvo ausente.

PERFIL consultó a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, de la que dependen estos fondos, pero no recibió una respuesta al momento del cierre de esta nota. 

El impacto del recorte se extiende a las comunidades nativas e indígenas, que ante la deforestación se ven obligadas a emigrar. “Es una situación que va en aumento. Los bosques generan muchos recursos que utilizan las comunidades que los habitan. Al no tener esos recursos o haberlos disminuido, pueden empezar a desplazarse a los cinturones de pobreza de las ciudades”, aseguró Jaramillo. 

La decisión también compromete la competitividad de los productos argentinos: “La Unión Europea tiene una resolución que impide que se importen productos que no pueden asegurar que no provienen de deforestación. Esa resolución entraba en vigencia en diciembre de este año, pero la prorrogaron un año más. Sin embargo, no se cambió la línea de corte, que es en diciembre de 2020”.

Una ley de bosques que se cumpla “permitiría que se clasificara al país como de riesgo bajo y que los controles fueran menores ante las declaraciones juradas que deben presentar los exportadores”, sintetizó.