Discapacidad: presupuesto para 2025 cae en $679 mil millones

El Gobierno denunció irregularidades en el otorgamiento de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, inició una serie de auditorías y endureció los requisitos para solicitar y mantener esta ayuda económica. Pero, desde diferentes asociaciones que trabajan con personas con discapacidad –si bien no se oponen a controles exhaustivos–, advirtieron que se trata de un nuevo retroceso en materia de derechos y de acceso a un recurso que es un paliativo frente a la pobreza y ante la imposibilidad de muchas personas de acceder a un empleo formal. Y señalaron que es el Estado, además, el primero en incumplir los cupos laborales.

Incluso antes de conocer los resultados de las últimas auditorías sobre las pensiones no contributivas que entregó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en los últimos años, el Gobierno bajó considerablemente el presupuesto previsto para afrontar este gasto en 2025. Según consta en el proyecto enviado al Congreso, para el pago de las llamadas “pensiones no contributivas por invalidez laboral” el Estado contará con $ 679 mil millones menos que el presupuesto que estaba vigente en 2024: pasó de los $ 3,034 billones a los $ 2,355 billones, lo que representa una caída del 23% en términos corrientes.

A partir de una denuncia que se conoció primero por una conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, en julio –en la mostró la radiografía de un perro como parte de la documentación presentada por un supuesto beneficiario y que las antiguas autoridades de la Agencia aclararon se trató de documentación que no fue aceptada– el Gobierno comenzó una auditoría interna que esta semana habría arrojado como resultado, afirman, una gran cantidad de irregularidades.

Después de eso se oficializó el decreto 843/2024, por el que se establecen algunos cambios para el otorgamiento de pensiones. Entre los requisitos para acceder a la pensión se menciona el hecho de que la persona se encuentre “incapacitada en forma total y permanente”, lo que significa que “la invalidez produzca una disminución del 66% o más de su capacidad laborativa”; no posea un vínculo laboral formal; tampoco bienes, recursos o ingresos que permitan la subsistencia; y no tengan un familiar o cónyuge que esté obligado legalmente a proporcionarle alimentos y sustento económico, “o que, teniéndolos, no sea suficiente para la subsistencia”.

En un comunicado, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) expresó su rechazo frente a un decreto que consideran un retroceso. “Para tramitar una pensión, una persona adulta con discapacidad tiene que volver a demostrar su incapacidad laboral permanente a través de un certificado médico oficial (CMO)”, explicaron. “Además, las personas con discapacidad no deben tener un familiar en condiciones de mantenerla económicamente, lo que vulnera su derecho a la autonomía económica”, algo que además va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que tiene rango constitucional en Argentina.

Antes de conocer el resultado de las auditorías, Nación bajó el presupuesto para las pensiones

“Con este cambio se pone nuevamente el foco en la situación de la persona con discapacidad, en el cuerpo, en lo que no podemos, en la pobreza, en la carencia, en vez de ocuparse de eliminar las barreras que impiden nuestra participación y la posibilidad de llevar adelante proyectos de vida independientes”, explicó a PERFIL Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad.

“Estas medidas atentan contra nuestra autonomía, contra la posibilidad de contar con recursos que nos permitan llevar adelante una vida con dignidad. Digo intentar, porque sabemos que con 164.000 pesos es imposible”, agregó.

A su criterio, el punto del familiar a cargo es uno de los más polémicos. “Ponernos nuevamente en una posición de dependencia económica, que nos tengan que ‘mantener’, es un avasallamiento a nuestros derechos y a nuestra dignidad”, afirmó Bruno. “A esto le sumo el alto impacto que tiene la pérdida de ingresos si estás atravesando una situación de violencia en la que quedás más limitada, con menos autonomía, y menos posibilidad de resolver alternativas de supervivencia”, concluyó.

En el mismo sentido, el comunicado de REDI señala que esto “es especialmente grave para las mujeres y disidencias con discapacidad en situación de violencia de género que viven con sus agresores”, por lo que “este requisito no sólo es un retroceso, sino que en estos casos constituye un potencial peligro”.

Al poner el foco en la invalidez laboral, muchas personas que no consiguen trabajo a causa de la discriminación por su discapacidad, no podrán acceder a esas pensiones. “El monto es ínfimo, no alcanza para cubrir las necesidades básicas alimentarias, pero es un paliativo”, explicaron desde REDI. “Además permite a sus titulares tener cobertura social a través del programa Incluir Salud. Muchas personas con discapacidad ni siquiera podrán tener derecho a la alimentación, y además perderán el acceso a tratamientos, terapias y medicamentos”, concluyeron.

“Lo que está haciendo el Gobierno es un acto descabellado, deshumanizador, que cambia un concepto de inclusión por uno de exclusión, en el que equipara a una persona con discapacidad a la dificultad para trabajar”, afirmó a este medio el abogado previsionalista Christian D´Alessandro. “Es verdad que muchas veces las personas con discapacidad pueden trabajar, pero en una cultura de trabajo discriminatoria eso no sucede habitualmente”, opinó.

El abogado señaló además que el Estado es el mayor incumplidor de cupos laborales. “De acuerdo a la ley tiene que tener un 4% y no llega ni al 2%”.

"Ponernos en una posición de dependencia económica es un avasallamiento"

Desde el Foro Permanente de Discapacidad insisten en una campaña de desprestigio que intentan llevar adelante desde el Gobierno. “Se había hablado con los funcionarios actuales para establecer una pensión para personas con discapacidad separándolas de la incapacidad laboral y lamentablemente no se hizo”, comentó a PERFIL Pablo Molero, coordinador de este foro que reúne a diferentes instituciones que se ocupan de la temática.

“Hay una gran preocupación entre las personas que ya tienen una pensión. ¿Con qué criterios se las va a evaluar? Seguramente con estos”, aseguró Molero.

“Podrían haber aprovechado esta situación para crear una pensión por discapacidad separándola de lo laboral”. En la práctica, la pensión, aunque pone el foco en la invalidez laboral, también incluye a niñas y niños con discapacidad. “Mirar a un niño desde la incapacidad laboral sigue siendo un error”, sintetizó.