Ley de Góndolas: los supermercadistas rechazan la iniciativa de Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Entidades que nuclean a supermercados bonaerenses criticaron al gobierno provincial de Axel Kicillof por la nueva ley de Góndolas que ingresó en la Legislatura a principios de julio al considerar que "coarta la libertad de comercio y propiedad" y "desincentiva la inversión". A la vez, cuestionaron la constitucionalidad de la medida.

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) emitieron un comunicado en conjunto para repudiar el proyecto de ley que restituye regulaciones similares a la normativa que derogó la administración de Javier Milei a nivel nacional.

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Los supermercadistas criticaron la ley de Góndolas bonaerense

La iniciativa de Kicillof establece que cada establecimiento mayorista y minorista de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar con superficie de venta mayor a 300 metros cuadrados o con dos o más líneas de caja en la provincia debe asegurar un mínimo de proveedores por categoría de artículo en las góndolas. En el pasado, la herramienta se utilizó por gobiernos de distintos signo político para controlar la inflación.

Al mismo tiempo, contempla que las estanterías físicas y digitales tienen que exhibir una cantidad mínima de productos de mini, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires y definidas por la autoridad de aplicación. Frente al incumplimiento de las pautas, los comercios quedarán sujetos a apercibimientos, multas, pérdida de concesiones y clausuras.

Para CAS y FASA, la propuesta de la gestión peronista "obliga a los supermercadistas con salones de ventas de más de 300 m², quienes también son PyMEs, a adquirir y exhibir productos de pequeñas industrias, independientemente de si pueden garantizar condiciones competitivas de precio, calidad, reposición y entregas".

"En esencia, se pretende imponer obligaciones que presentan varios problemas graves y de dudosa constitucionalidad. Nos interesa profundamente la industria local y comprendemos la necesidad de apoyar a las MiPyMEs bonaerenses. Sin embargo, creemos firmemente que el gobierno provincial debería buscar formas de solución que no interfieran en los negocios de otras PyMEs, como es el caso de los supermercados", sumaron en línea con los reclamos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la  Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

En tal sentido, las entidades consideraron que "se debe pensar en alternativas como beneficios fiscales, líneas de crédito especiales, programas de capacitación y asistencia técnica, y mejoras en la infraestructura logística" ya que "todas ellas podrían ser formas efectivas de promover y alentar la pequeña industria sin imponer cargas injustas sobre otros sectores".

Ley de Góndolas bonaerense: los nueve puntos que criticaron los supermercadistas

1. Coarta la libertad de comercio y propiedad: la ley impone restricciones severas a los supermercados sobre cómo organizar sus góndolas y qué proveedores deben incluir, lo que restringe su libertad para ejercer una actividad lícita y gestionar su propiedad de manera autónoma.
2. Afecta la competitividad y la eficiencia: la obligación de incluir un mínimo de proveedores puede resultar en una reducción de la eficiencia operativa, ya que los supermercados se verán forzados a incluir productos que pueden no ser los más competitivos o de mejor calidad.
3. Impacto negativo en los precios: la imposición de estas restricciones puede aumentar los costos operativos de los supermercados, costos que inevitablemente serán trasladados al consumidor final, resultando en precios más altos.
4. Desincentiva la inversión: la intervención estatal en la gestión de góndolas desincentiva la inversión en el sector supermercadista, ya que introduce incertidumbre y riesgos regulatorios que afectan la planificación a largo plazo.
5. Distorsiona el mercado: la ley pretende regular la oferta de productos de una manera que puede distorsionar el mercado, favoreciendo a ciertos proveedores (MiPyMEs) sobre otros, lo que va en contra de los principios de libre competencia.
6. Incrementa la burocracia: la implementación de esta ley implica una mayor carga administrativa para los supermercados, que deberán destinar recursos significativos para cumplir con las nuevas regulaciones, desviando esfuerzos de otras áreas críticas como la atención al cliente y la mejora de servicios.
7. Fomenta la ineficiencia: obligar a los supermercados a mantener una cantidad mínima de proveedores puede llevar a una sobrecarga de productos, muchos de los cuales pueden no tener una demanda suficiente, resultando en pérdidas y desperdicios.
8. Contradicciones con políticas de libre mercado: la ley va en contra de las políticas de libre mercado y desregulación que buscan reducir la intervención estatal en la economía, promoviendo un entorno más competitivo y eficiente.
9. Riesgo de menor innovación: la imposición de restricciones puede desincentivar la innovación en la gestión de góndolas y en la introducción de nuevos productos, ya que los supermercados tendrán menos flexibilidad para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores.

MFN / LM