La oferta a los bonistas no es ni buena ni mala, es la posible

En estos días, el gobierno nacional se encuentra discutiendo la renegociación de la deuda con los acreedores para evitar un nuevo default. Reconozco que otras cuestiones de la agenda pública son urgentes y más importantes desde una mirada política, pero éste es un tema de fondo que vale la pena pensar más allá de la coyuntura.

Una de las peores cosas que puede hacer un economista desde lo profesional, es creer que la teoría está por encima de la realidad, porque eso lleva a la mala praxis en el juicio o a malas recomendaciones de política económica. Por eso, parto de la premisa de que la deuda en sí no es buena ni mala. Solamente es un instrumento de política económica. Lo que es malo o bueno es la forma en que se la utiliza. Los gobiernos pueden ser malos en su administración de la deuda, así como los fondos de inversión pueden ser malos en su política de inversiones.

Hoy, Argentina se encuentra con niveles de deuda razonables si se mira el capital adeudado en relación el PBI que se genera. Esta conclusión es válida debido a que, salvo en algunas ocasiones excepcionales, las economías modernas no suelen cancelar los vencimientos de capital. Lo normal es que los países logren cambiar vieja deuda por nuevos bonos a través de emisiones voluntarias en los mercados financieros.

El problema es que en los últimos años, Argentina ha tenido una administración imprudente de la política de endeudamiento. Se ha tomado mucha deuda y a una velocidad un poco más alta de la que se venía dando anteriormente. Sin embargo, más allá del stock, el problema que nos aqueja hoy, es de flujo, ya que el perfil de vencimientos resulta inmanejable. 

Para 2020, Argentina acumuló vencimientos de deuda en moneda local e internacional de una magnitud considerable, cercana al 20% del PIB; al mismo tiempo, una abultada “factura” por intereses, que para todo el año suman 5% del PIB, y son en su mayoría en moneda extranjera.

La carga de intereses, fue de hecho, casi 20% del presupuesto nacional en 2019, y representó uno de los mayores componentes del gasto junto con las pensiones sociales y las prestaciones previsionales. Para agravar las cosas, los años 2021-2023 vienen con vencimientos de capital que promedian el 10% del PIB y servicios de intereses por otro 3% del PIB, en su mayoría también en moneda extranjera.

A principios de año, y quizás desde mediados de 2019, era evidente que el costo de la deuda era desmesurado para nuestra economía, que ya venía golpeada por la recesión, la caída del empleo y los problemas de tipo de cambio que derivaron en una pérdida de más de 20.000 millones de dólares (6% del PIB) en las reservas del BCRA. A lo que se le sumaba que el país ya no tenía posibilidad de acceder a los mercados voluntarios de crédito, desde que en agosto de 2019 se vio forzado a declarar el default de la deuda con legislación local. La conclusión lógica de este cuadro, era que en 2020 Argentina no podría pagar sus servicios de deuda en las condiciones preestablecidas.

Es por eso que el programa económico que se diseñó tenía como elemento central la renegociación de la deuda con los bonistas extranjeros, con los nacionales y con el FMI y otros organismos de crédito. Lo que se necesitaba de forma urgente era alivianar la carga de intereses, pero también reducir la carga de las amortizaciones del capital en el mediano y corto plazo, esperando que Argentina pudiera acceder nuevamente a los mercados luego de algunos años.

El programa, tenía por otro lado algunos componentes orientados a favorecer el consumo y el crédito productivo a través de la baja de tasas de interés y políticas fiscales moderadamente expansivas. Lo que no incluía era el coronavirus y las consecuencias extremadamente negativas que esta emergencia está generando sobre la actividad económica y las finanzas públicas. En este contexto, la oferta a los bonistas no es ni buena ni mala, es la posible. Quizás haya algo de margen para negociar, pero lo que permite la situación socioeconómica presente, de corto y mediano plazo, no es mucho más que esto. 

Dicho sea de paso, lo que el Gobierno esta haciendo para ayudar a los sectores de la economía doméstica es también lo posible. Las políticas podrían ser mejores si las condiciones fiscales fueran más previsibles y si las condiciones de financiamiento fueran más fáciles. Podrían ser más efectivas si el equipo económico no tuviera que ocuparse al mismo tiempo de las gestiones por la deuda, iniciadas antes del brote del virus y pensadas para evitar el default. Es un momento muy delicado, y seguramente este equipo tenga que elegir caminos difíciles que nos condicionarán por los próximos años. 

Lo concreto es que la historia de la deuda se repite, pero esta vez llega con diez años de estancamiento y con pobreza récord. No es fácil decir las cosas que cuestan y ello tiene un valor importante. Necesitamos economistas profesionales que sepan leer partituras en vez de “tocar de memoria”. Que nos ayuden a afinar el oído y nos enseñen a ver la realidad; porque los que desafinan no son los instrumentos, sino los músicos, y porque si por la mala praxis económica rompemos los instrumentos, más temprano que tarde, nos quedaremos sin orquesta.
 

*Economista