La Justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina que informe dónde está el oro del Banco Central
En el marco del juicio por la expropiación de la petrolera nacional, la jueza Loretta Preska lanzó una severa advertencia.
Un tribunal de los Estados Unidos le ordenó al gobierno argentino que entregue información sobre la ubicación del oro del Banco Central, a pedido de los beneficiarios del fallo de YPF.
La jueza Loretta Preska, que lleva a adelante el juicio por la expropiación del YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, advirtió a la Argentina que "se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega."
Semanas atrás, el equipo de abogados que representa a la Argentina le señaló a la magistrada que solo la autoridad monetaria posee reservas de oro y que no puede relacionarse con otros organismos del Estado argentino.
Los demandantes, bajo el argumento de “alter ego”, señalaron ante Preska (presentando artículos periodísticos que YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otros ejemplos), que forman parte del Estado y por ello sus activos en el exterior podrían ser sujetos de embargo.
Los beneficiarios del fallo contra la Argentina buscan cobrar parte de la sentencia de US$ 16.100 millones mediante embargos y presionan para ir contra activos de instituciones como el BCRA, el Banco Nación y la propia YPF, entre otros.
La ruta del oro
El envío de parte de las reservas de oro al exterior fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista. El funcionario dijo que le parecía una buena decisión para obtener algún rendimiento sobre esas tenencias.
Sin embargo, el Central se negó a dar más detalles al respecto y, después de varios pedidos de acceso a la información pública, la entidad distribuyó un comunicado en el que confirmó el envío de reservas al exterior, pero argumentó en favor de la confidencialidad de esas operaciones.
A la vez, expresó su preocupación por la difusión de información sobre las reservas de una manera que consideró irresponsable y con fines políticos. “Puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, aseveró el documento oficial.
LM / Gi
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