Coparticipación: en qué condiciones llegan las provincias al Pacto de Mayo

En junio la coparticipación a las provincias y CABA cayó un 20% en términos reales con respecto al mismo mes del año pasado. La caída se explica, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), “por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-18,2%) y de la recaudación del IVA (-20,7%) interanual”. 

En medio de esta reducción real en los fondos que la Nación debe transferir de manera inmediata a las provincias, la pelea por el reparto de recursos y de funciones estuvo muy presente en la agenda de esta semana. 

En una entrevista el presidente, Javier Milei, volvió a afirmar (esta vez en referencia al caso de Loan Danilo Peña) que la seguridad era un tema de las provincias. Allí aseguró que "en un país federal, la salud, la educación y la seguridad son responsabilidad de cada provincia".

En esos tres ítems, explicó el abogado constitucionalista Diego Armesto a PERFIL, “la Constitución establece unos presupuestos mínimos donde se tiene que asegurar educación, seguridad y salud”. En los 90 esos servicios fueron transferidos a las provincias “y son las provincias las que se encargan de llevar adelante toda la cuestión de la prestación de estos servicios básicos que hacen a la función del Estado”, pero, “no pueden, bajo ningún aspecto, las provincias y la Nación, rehusar cumplir con su responsabilidad de proveer esos servicios”. 

Los límites de las competencias están regidos por la Constitución y por las leyes específicas. En todos estos casos, la carta magna establece que “la distribución y la forma de repartirse será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Armesto agregó que la transferencia de competencias, servicios o funciones no puede hacerse sin la respectiva reasignación de recursos. 

El problema de esa eterna discusión entre Nación y provincias es fundamentalmente el tema de los recursos. Sin esos recursos –que caen en cuanto a coparticipación, pero también en cuanto a recaudación de impuestos locales– los Estados provinciales también tienen que ajustarse en esos servicios.  

 “¿Existen hospitales nacionales? Sí. ¿Existe una policía federal? Sí. ¿Existen fuerzas federales? Sí. ¿Pero en qué instancia intervienen? Intervienen en el momento que las provincias lo requieren. Entonces, hay que buscar ese equilibrio en la relación provincias-nación, donde no exista una intervención del poder federal sobre las provincias”, concluyó.  

Esta cuestión está pendiente desde la reforma constitucional de 1994

Pero ese equilibrio nunca se logró. “Lo que hubo es una transferencia de funciones –desde la década del 90 en adelante–, de la Nación a las provincias y de las provincias a los municipios que no tuvieron financiamiento; es decir, no fueron acompañadas de financiamiento”, detalló a este medio Juan Manuel Álvarez Echagüe, profesor de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. “Precisamente por eso, cuando se reforma la Constitución en el 94, se pone que toda transferencia de funciones debe ser con la asignación de recursos”. Pero, agregó, más allá de que las funciones de educación, salud y seguridad fueron transferidas como responsabilidad a las provincias (y en algunos casos, a los municipios) esto no tuvo un correlato en una mayor cantidad de recursos. 

A esto el especialista lo llama “un desfinanciamiento en origen”. Por lo tanto, consideró, a futuro “lo que hay que hacer es revisar competencias de cada jurisdicción, determinar qué nivel de asistencia o de fuentes de financiamiento a partir de la ley de coparticipación van a tener, y establecer parámetros objetivos de reparto en base a esas competencias”, pero, también, analizar estos temas en base a “la cantidad de población, a la forma en que está distribuida la población en su provincia, al grado de infraestructura y de riqueza de cada jurisdicción”, sintetizó. 

La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos “para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias” es el sexto de los diez puntos del Pacto de Mayo, que el gobierno de Javier Milei pretende sellar el 9 de julio con gobernadores y dirigentes políticos en Tucumán, y cuya versión final fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta semana. 

En teoría esta discusión debe darse, y está pendiente desde que la Constitución planteó, en 1994, un plazo de dos años para la redacción de una nueva ley. Pero no necesariamente, opinan algunos especialistas, el Pacto de Mayo será el ámbito propicio para conseguirla. 

“La lógica de descentralización de funciones del Estado indica que es una buena decisión que salud y educación y una parte importante de seguridad estén en manos de las provincias y no de la Nación, que está lejos de todos los ciudadanos”, afirmó el tributarista Juan Valerdi a PERFIL. 

Pero hay provincias que, aun teniendo los recursos, opinó, “prefieren vivir de la coparticipación”. 

También “gobernadores y oligarquías provinciales prefieren arreglar acuerdos con las empresas multinacionales, cobrarles poco y nada de impuestos, y obtener beneficios abundantes por debajo de la mesa. Ese es un problema de la descentralización del poder y de los recursos”.

Pero el Pacto de Mayo, consideró, no vendrá a solucionar este problema. “La discusión que vendrá ahora de la mano de Milei no me cabe duda de que tiene que ver más con correr al Estado cada vez más y que recaude cada vez menos para que pierda funciones, y dividir funciones del Estado nacional en las provincias para que las multinacionales tengan el camino allanado”, pero que de ninguna manera “Milei y su equipo económico tienen intención de darle un cariz federal real a los recursos del Estado”. 

Las provincias llegan al Pacto no solamente con la caída de los recursos coparticipables, sino también con una drástica disminución de las transferencias no automáticas: representaron el 83% menos durante el primer semestre del año si se las compara con el mismo periodo de 2023. 

Las principales caídas hasta mayo, según un estudio de CEPA, se dieron en la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99%), la Asistencia Técnica a Municipios (-96%) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%). 

El gobernador de esta última provincia, Axel Kicillof, descartó su participación el 9 de julio. “Primero, paguen lo que deben y lo que le afanaron a cada una de las provincias”, afirmó. 

No fue el único que se refirió al tema de la coparticipación esta semana: en un posteo en su red social X, el expresidente Maurcio Macri afirmó que para alcanzar los cambios que el Gobierno actual pretende, “hay una condición anterior más importante que crear nuevas leyes” que es “cumplir con los fallos de la Corte Suprema”. Inmediatamente agregó que se refería al caso de “la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires”.