Construir una salida del encierro en el “populismo mileísta”

Luego del abandono del régimen de convertibilidad en 2001, que trajo estabilidad de precios durante una década pero a costa de severos desequilibrios sociales (aumento del desempleo y la pobreza), Argentina experimentó desde 2004 un período de aproximadamente cinco años con tasas de inflación promedio cercanas a un dígito (8,6%), algo superior al promedio de América Latina (5,5%).

Sin embargo, a partir del año 2014 nuestro país se alejó definitivamente de la estabilidad de precios de países comparables de la región y de América Latina, con una tasa de inflación anual promedio del 60,6% que se compara con el 9,5% de toda América Latina (excluyendo Venezuela).

Así como una persona puede acumular sobrepeso por varios años sin que ello necesariamente derive en problemas severos de salud, cuando esos “kilos de más” se transforman en patológicos hablamos de “obesidad”. Esto en el lenguaje económico significa pasar de una economía con “inestabilidad nominal” a un régimen de inflación “crónica”, que se define por tener cinco años consecutivos de inflación por encima del 20% anual.

Desde hace más de una década venimos transitando un problema de inflación crónica que es propio de nuestro país, y que no les sucede ni a países comparables de la región ni a América Latina (excluyendo Venezuela). Aun si en 2025, como esperan el Gobierno y la mayoría de los analistas, la inflación disminuyera al 20,1% anual (desde el 117,8% de 2024), todavía seguiremos con el diagnóstico de inflación crónica y no nos podrán dar el “alta médica” para pasar al de “sobrepeso”.

A esta altura de la columna el lector se debe estar preguntando cómo llegamos a esta situación y quiénes son los responsables. Una explicación resumida y sencilla de transmitir es que no hemos sido capaces como sociedad de incorporar en nuestras decisiones económicas las denominadas “restricciones de presupuesto”. Es decir, saber que cada necesidad/derecho que queramos otorgar a nuestros ciudadanos debe tener su correspondiente fuente de ingresos o financiamiento.

A lo largo de los años el presupuesto se fue tensionando, y en un contexto de exclusión de los mercados de deuda, la solución fue “saltar” la restricción presupuestaria haciendo que el BCRA entregara los pesos/dólares faltantes al Tesoro, lo que se denomina técnicamente “financiamiento monetario” del déficit fiscal.

Si nos faltan pesos y también dólares porque, por ejemplo, decidimos usarlos en forma creciente para financiar la energía barata a sectores con capacidad adquisitiva, o para pagar deudas insostenibles en moneda extranjera, la situación se agrava porque al problema de la inflación crónica le sumamos tensiones al sector externo de la economía que obligan a la postre o bien a “administrar el uso” de los dólares escasos (cepo) o a devaluar la moneda (que deprime los salarios y aumenta el precio de los alimentos en los sectores más vulnerables de la sociedad).

Ni el denominado “populismo kirchnerista” ni el “gradualismo con institucionalidad” fueron capaces de administrar las tensiones políticas y sociales que pueden generarse por cumplir la restricción de presupuesto.

En este contexto surge un nuevo actor político, paradójicamente un colega de profesión, que promete a través de un ordenamiento fiscal (“motosierra”) volver a cumplir la restricción de presupuesto (“no hay plata”) y volver a tener un país con estabilidad de precios.

Contra todos los pronósticos iniciales de los analistas políticos, ganó las elecciones y en su primer año de gestión, contrariando buena parte de la opinión de los analistas económicos, su plan parece funcionar y en “apenas” dos años la economía podría volver a tener una tasa de inflación similar a la experimentada en 2017.

Así como bajar de peso para una persona obesa requiere un esfuerzo inicial muy significativo, pero que está dispuesto a hacerlo dado que los resultados se verán rápidamente, llegado cierto “umbral” intentar seguir perdiendo más kilos no solamente le será más dificultoso sino que incluso puede generarle otros problemas de salud.

En este dilema se encuentran las autoridades económicas, al intentar continuar bajando la inflación a través del ajuste fiscal y el control del tipo de cambio (técnicamente llamado crawling peg o, en términos más simples, elegir la tasa de devaluación mensual del peso), se comienza a acumular tensiones sobre el tipo de cambio (“apreciación real” o “nos estamos volviendo caros en dólares”) y sobre la capacidad del BCRA de acumular reservas internacionales (para que a futuro “no nos falten dólares”).

Nuevamente, como ha sido ampliamente discutido en la literatura económica, corremos el riesgo de “chocar” con la restricción externa y terminar induciendo una devaluación abrupta de la moneda como en otras instancias de nuestra historia.

Resolver esta encrucijada exige que como sociedad discutamos no solamente el valor de la estabilidad de precios, sino también qué rol y funciones debe cumplir el Estado en estos tiempos. Así, debemos asegurarnos contar con los recursos suficientes (impuestos) para poder financiar los bienes públicos esenciales (salud, educación, justicia, seguridad y defensa) y destinar el excedente a financiar aquellos gastos que tengan mayor impacto sobre nuestra capacidad de producción futura (ciencia y tecnología, modernización de las relaciones laborales, mejorar la infraestructura pública, entre otros debates necesarios).

Del mismo modo que no respetar la restricción de presupuesto nos llevó a padecer una inflación crónica desde hace más de dos décadas, no resolver a tiempo la restricción externa puede generar severos problemas sociales y productivos que tendrán un efecto duradero y permanente sobre amplios espectros de la población, tal como sucedió durante la década de estabilidad de precios de la convertibilidad.

*Economista de la UNLP y UBA, docente universitario y exsubsecretario de Financiamiento de la Nación.