BNA: aumentó sus ganancias en manos del Estado
El Gobierno argumentó que los créditos del Banco Nación habían sufrido una caída histórica en 2023, lo que justificaba la necesidad de convertir a la entidad en una sociedad anónima, un primer paso para su privatización. Sin embargo, los balances reflejan una realidad diferente. Además, registró utilidades cada vez mayores en los últimos años, tanto en la gestión libertaria como peronista. La decisión del Gobierno por decreto dejó fuera de la discusión al Congreso, a pesar de que el Poder Legislativo se había ocupado de excluir a la entidad bancaria del listado de sociedades del Estado privatizables.
Contrario al argumento del Gobierno de que “no funcionaba como banco”, el Nación rompió récord de créditos y registra ganancias abultadas en los últimos años. Los datos echan por tierra la fundamentación ensayada por los funcionarios para defender su conversión a una sociedad anónima. La entidad también cumple un rol social, dado que es la única que llega a todo el país.
En los primeros nueve meses del año pasado amasó un resultado operativo positivo de $ 11,4 billones. Al mirar años completos, que incluso corresponden a la gestión anterior, los balances contables siguen con utilidades. En 2023 consiguió una ganancia operativa de $ 5,7 billones (a pesos corrientes) y de $ 2,7 billones en 2022. Todos los guarismos hablan de la salud financiera del organismo estatal.
La inmensidad del banco se puede cuantificar al ver su participación en la actividad económica: concentra el 15,4% de todos los préstamos de la economía. Le corresponde el 26,7% de los créditos otorgados en el sector industrial, el 15,4% de los agropecuarios y el 11% de los comerciales.
No obstante, en marzo del año pasado, un comunicado de la entidad, presidida por el cordobés Daniel Tillard, anticipaba la argumentación de lo que se materializó casi un año después: la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima (SA). Para justificarlo, el documento afirmaba que los préstamos se habían derrumbado “a un piso histórico”. Más adelante, sostenía que “mientras el BNA restringía los préstamos a familias y PyMEs, adquirió Leliqs y títulos públicos para financiar el déficit del Tesoro Nacional”.
Sin embargo, en el propio balance 2023 se desprende que “los préstamos comerciales registraron un alza interanual del 155,8%, favorecidos por las Líneas de Financiamiento para la Inversión Productiva de Mipymes, las cuales implicaron el acceso a tasas preferenciales”. El informe agrega además que, respecto a la distribución por tipo de compañía, el 64,9% de los préstamos fue para pequeñas y medianas empresas, el 32,9% se destinó a grandes empresas y el restante 2,2% a cooperativas.
“En el marco de la Comunicación A 7140 del BCRA ‘Línea de financiamiento para la inversión productiva Mipyme’ se contaban un total de 19.968 préstamos por $370.700 millones, cumpliendo con las disposiciones y cupos establecidos en la normativa”, detalla el informe.
El balance 2022 también presentaba un aumento en estos tipos de crédito. Ese año, según consta en el documento de acceso público, la cartera de préstamos comerciales se multiplicó por 10 y casi 7 de estos préstamos fueron dirigidos a pymes. “En cuanto a los préstamos comerciales registraron un incremento interanual del 73,7% favorecidos por el BCRA a través del mantenimiento de la línea de financiamiento para la inversión productiva Mipymes”. Estos préstamos beneficiaron a 350 mil empresas.
“El banco es altamente rentable, tiene más de 310 mil cuentas corrientes, 20 millones de cajas de ahorro, 44 millones en activos, 30 millones en depósitos, 15 millones de patrimonio neto, es eficiente y no tiene déficit, al contrario”, explicó a PERFIL Claudio Bustelo, jefe de prensa de La Bancaria, que después del anuncio se declaró en estado de alerta y movilización. “Tiene 721 sucursales en todo el país (incluidos lugares inhóspitos donde el único banco es el BNA) y, estiman, vale 30 millones de dólares, más que interesante negocio para los privados”, agregó.
El balance de todo 2024 aún no está publicado, pero en el comunicado en el que se anuncia su modificación, el propio Banco Nación destaca que “la nueva sociedad anónima tendrá activos por $ 48 billones, y depósitos y otras obligaciones por $ 33 billones”. Fechado el 27 de enero, agregaba además que “el patrimonio neto de la S.A. ascendería a $ 15 billones”. “Tendrá una cartera de préstamos de $ 15 billones al 1/01/2025 con la mejor tasa de cobrabilidad de la historia reciente, ya que los desembolsos del Banco tuvieron un crecimiento extraordinario en 2024 (más de 600%)”, explicaban.
En una entrevista televisiva Diego Chaher, al frente de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, dijo que “ya el DNU 70, que fue el comienzo de esta gestión de gobierno, había establecido que había un plazo perentorio para que todas las sociedades del Estado y empresas públicas que no tuviesen ninguna figura societaria pasaran a conformarse como sociedades anónimas, como continuadoras de los que ya existían”.
El temor es que el paso del banco de un ente autárquico a una sociedad anónima sea el previo a una privatización, descartada en el Congreso en el texto de la ley Bases aprobada. “Cuando se sacó al Banco Nación de esa famosa lista de empresas privatizables les quedó el camino a la mitad”, comentaron a PERFIL exfuncionarios de la entidad. “La primera etapa estaría hecha con esto, pero la parte más importante es salir al mercado, vender acciones y privatizarlo”. Además, adelantaron que “están pensando cerrar 60 sucursales y hay cientos de retiros voluntarios”.
Bustelo explicó a este medio que el paso a una sociedad anónima y una posible posterior privatización derivaría en la baja de persiana de filiales. Hasta ahora, “se cerró una sucursal de Ramos Mejía e intentaron cerrar en La Pampa. No hubo despidos masivos, pero sí jubilaciones anticipadas”.
Según el último informe de dotación de personal de la administración pública del Indec, de diciembre de 2023 a diciembre de 2024 el personal del Banco Nación se redujo en un 3,6% (despidieron a 647).
Una de las sospechas más firmes de ex directores del banco tiene que ver con la intención del Ejecutivo de emitir obligaciones negociables en dólares del banco que lo aten a tenedores extranjeros. Esto a pesar de no necesitar liquidez, ya que cuenta con suficiente, según sus balances, e incrementó sus créditos de forma sustancial.
Desde el gremio conducido por Sergio Palazzo concluyeron que “lo más importante es la función social, que a ningún banco privado le interesa. Atiende a toda la industria, el campo, las pymes y a los ciudadanos en general, donde otros bancos no llegan y no les interesa llegar”.
En la misma línea el Foro Economía y Trabajo emitió un parte de prensa en el que rechazó el DNU y rescató esa función social del banco. También resaltó que, “el BNA sigue siendo el principal banco del sistema” y que, para noviembre de 2024, según los datos de BCRA, “representaba el 23,97% de los activos, y el 21,93% de los pasivos del sistema financiero, así como el 20,71% de los préstamos totales y el 23,99% de los depósitos totales”.
De acuerdo con el DNU los accionistas del BNA serán el Estado Nacional, con el 99,9% del capital social, el cual «ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía», y la Fundación Banco de la Nación Argentina, que tendrá el 0,1% del capital social.
Vicentin: el uso político del Nación
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Nación otorgó a Vicentin créditos millonarios por encima de los límites permitidos, a pesar de que la empresa no tenía capacidad de pago. En diciembre de 2019, la agroexportadora entró en default con una deuda superior a los 1.500 millones de dólares, generando un escándalo financiero.
Esta semana, la Corte Suprema de Santa Fe anuló la sentencia que avalaba la propuesta de pago a los acreedores, dándole un nuevo giro al caso. El fallo determinó que el proceso concursal debe continuar, abriendo la puerta a un posible cramdown, un mecanismo que permite a terceros interesados tomar el control de la empresa para evitar su quiebra. Mientras tanto, Vicentin deberá afrontar los costos judiciales y tiene diez días para intentar llevar el expediente a la Corte Suprema de la Nación. El caso sigue abierto, con serias dudas sobre el futuro de la firma y su vínculo con el poder político.