Arrancan los amparos contra la quita de medicamentos gratis de PAMI
Una semana después del anuncio de PAMI sobre el endurecimiento de los requisitos para solicitar los medicamentos que hasta ahora la obra social cubría al 100% y ante la incertidumbre sobre los alcances de la medida, las delegaciones de diferentes puntos del país se encontraron con largas filas de personas que concurrieron a hacer consultas o a presentar la documentación extra requerida. A la par, comenzaron a presentarse medidas judiciales para que las cumplan.
Horacio concurrió a las oficinas de PAMI para solicitar que se le mantenga la cobertura del 100% en sus medicamentos, ya que consume más de 4 por mes. Pero después de un tiempo de espera no pudo aguantar el calor y tuvo que volver a su casa. El suyo es uno de los tantos casos de jubilados que esta semana, ante la incertidumbre, se acercaron a las oficinas para presentar documentación o para preguntar efectivamente cuáles son los requisitos que desde ahora deberían cumplir. Son más de un millón los afectados.
Mientras crecen las filas en las oficinas de PAMI de todo el país, algunos abogados comenzaron a presentar amparos particulares y no descartan iniciar acciones colectivas para evitar que se rechace el acceso a miles de jubilados.
El Gobierno endureció los requisitos para acceder a los remedios que todos los meses usan los afilados: primero, de 5 pasaron a 4. Después, para seguir contando con ese beneficio, los jubilados tienen que completar un formulario online o concurrir a las oficinas de manera presencial y llevar su DNI y carnet. El trámite es personal.
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Por otro lado, para solicitar el subsidio y poder conseguir más de 4 medicamentos mensuales, se deberá concurrir a las delegaciones y completar un formulario extra, en el que deben presentarse recetas electrónicas del médico de cabecera o especialista: para todos los casos el Gobierno eliminó la idea inicial de que además tuvieran que presentar una declaración jurada en la que manifestaran que no cuentan con bienes como un auto de menos de diez años de antigüedad. Ahora, si bien es un requisito, será tarea de ANSES constatar esa información.
El problema es que para conseguir las recetas electrónicas los turnos se demoran y, mientras tanto, las personas quedan sin cobertura.
“Están todos llamando al médico de cabecera, pero estamos en diciembre. Hay muchos médicos sobrepasados de actividades en esta altura del año. Y luego vienen las vacaciones de los profesionales”, explicó a PERFIL la abogada Valeria Carreras, que inició un amparo junto con su colega Christian D’Alessandro por el caso de Horacio, una persona que tiene epoc y para quien solicitan la medida se suspenda por 60 días, hasta tanto logre reunir la documentación solicitada.
“Hay una parte que es muy perversa, porque si bien dicen que están cubiertos todos los que tengan menos de un haber y medio mínimo, quedan afuera los jubilados que cobran una pensión por su cónyuge fallecido”, agregó la abogada. “No estamos hablando de millonarios”, sentenció.
Los jubilados que cobren más de $ 389 mil mensuales, pero cuyos gastos en medicamentos sean superiores al 15% de sus ingresos, también pueden solicitar la excepción. “La trampa es la siguiente: ¿cuál valor de medicación tomamos? ¿El valor del precio al público o el que debería pagar un jubilado con el descuento?”, detalló Carreras en referencia a todos los que podrían quedar afuera si se toma el segundo parámetro.
Para Christian D’ Alessandro el principal problema lo tendrán quienes consuman más de 4 medicamentos por mes. Tener que presentar la receta “implica que por lo menos dos meses van a estar sin la cobertura de los medicamentos al 100%. Con suerte el médico de cabecera les dará un turno dentro de los 15 días, y de ahí deberán volver a PAMI, con lo que el trámite podría estar resuelto para la segunda quincena de enero”. D’Alessandro define a PERFIL la situación como “una carnicería humana”.
Invitado por la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, el abogado previsional enumeró las medidas que tomó la gestión actual y que van en contra de este sector, entre ellas el veto al aumento de los haberes. También afirmó que la intención del Gobierno es “cerrar PAMI” y trasladar esta responsabilidad a las provincias.
Si esta intención se concreta, la historia podría repetirse. Eugenio Semino, también invitado a la misma Comisión –y a la que faltaron el ministro de Salud, Mario Lugones, y el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo–, manifestó que en la década del 90 fue un amparo presentado el que impidió la privatización de la obra social. En diálogo con PERFIL aseguró además que desde 1997 el sector de medicamentos está cartelizado, lo que en parte explica los problemas de cobertura hoy. “PAMI pasó de gastar 8 millones en junio de 1997 en medicamentos a 25 millones el mes siguiente, sin pandemia ni epidemia de por medio”.
Respecto a la última disposición, y más allá de quienes sí están en las filas, Semino explicó que, como ocurrió con muchos otros subsidios, una gran mayoría de los jubilados no completan el trámite porque no tienen acceso a la información, no cuentan con las herramientas digitales para hacerlo o no pueden concurrir a las oficinas. “Hay mucha gente que está sola, que no puede hacer el trámite. También hay un porcentaje enorme de jubilados que no saben que tienen que hacerlo, sobre todo en el interior del país”, aseguró. “Esto es una canallada innecesaria, porque el jubilado pagó los medicamentos durante 30 años”, opinó.
“La semana que viene seguramente haremos amparos con casos puntuales. Si vemos que se acumulan rechazos, haremos un amparo colectivo”, concluyó el gerontólogo.