Acuerdo con el FMI: cuál es la legitimidad del nuevo programa por DNU según especialistas

El gobierno de Javier Milei publicó el martes un decreto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida debe pasar primero por un tratamiento legislativo. Para que no entre en vigencia, tanto diputados como senadores tendrían que rechazarlo. Sin embargo, se generan dudas respecto a la viabilidad del DNU ya que la ley 27.612, conocida como “Ley Guzmán", establece que un endeudamiento con el organismo debe pasar por la aprobación del Congreso. 

La legislación argentina permitía al Poder Ejecutivo firmar un programa Stand By con el FMI si la necesidad de que pase por el Congreso. Luego de que se sancionara la ley 27.612 pasó a ser obligatorio que el Congreso sancionara una ley para aprobar un acuerdo con el Fondo. En concreto, la ley sancionada en 2022 estableció en sus artículo segundo lo siguiente: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Al respecto, Alejandro Olmos Gaona, director del Observatorio de la Deuda Pública, expresó: “No sé si el Fondo va a aceptar que a través de un DNU a libro cerrado esto se apruebe, porque no solo un gobierno puede dejarlo sin efecto sino cualquier ciudadano puede iniciar una demanda ante la justicia penal diciendo  que se ha violado la ley 27.612, se ha violado la propia Constitución Nacional, que establece que el congreso tiene potestad de negociar la deuda”.

“Como la sostenibilidad de la política económica depende de conseguir de manera desesperada, más de US$ 15.000 millones, resultaba necesario contar con la autorización legislativa, y eso lo informó Milei al inaugurar la sesiones del Congreso el 1 de marzo, pero como siempre ocurre con un gobierno al que le repugna el estado de derecho, se decidió dictar un decreto de necesidad y urgencia, para el acuerdo con el FMI, sin explicitar en el mismo los términos negociados con la institución. Es decir que los habituales memorándum de entendimiento técnico y de políticas económicas que se firman, permanecerán secretos y los legisladores deberán aprobar a libro cerrado lo que se decida firmar”, agregó Olmos Gaona. 

La estrategia del Gobierno es clara: si envía el proyecto al Congreso requiere que tanto en Diputados como en el Senado sea aprobada, y hoy no cuenta con apoyo político necesario sobre todo en la Cámara Alta. Con el decreto, solo necesita la aprobación de uno de los cuerpos para que avance. Como señaló el ministro de Economía, Luis Caputo: “Si mandábamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar y mucho”. La apuesta del oficialismo es en la Cámara Baja, donde diputados provinciales, que responden a gobernadores que negocian con el Ejecutivo, apoyen al oficialismo.

“El apoyo político amplio es justamente una de las condiciones que el FMI tiene que considerar como cumplida para poder otorgar un préstamo de la magnitud que el gobierno argentino está pidiendo (criterio de acceso excepcional #4). O sea que si le presta igual al país con Caputo y Milei eludiendo al Congreso por la falta de votos, el FMI prestaría en violación flagrante de sus propias reglas. No debería sorprenderle al Fondo que en el futuro el pueblo argentino repudie esa deuda por ilegítima en ese caso”, sostuvo en redes sociales el exministro de Economía, Martín Guzmán.  

Por su parte, Héctor Torres, ex representante argentino en el FMI, explicó a PERFIL: “El DNU no aclara ni el monto del programa, ni la condicionalidad, ni el desembolso inicial. Lo único que el DNU pone en claro es que el gobierno se propone usar los dólares del FMI para hacer frente a los vencimientos con el Fondo y para pagarle al BCRA parte de la deuda documentada en ‘letras intransferibles’. Es decir, letras que no tienen valor de mercado. No creo que el Fondo Monetario Internacional objete eso, ni tampoco el procedimiento que elija el gobierno para hacer aprobar el programa. El FMI va a respetar el procedimiento que elija el gobierno para hacer aprobar el programa por el Congreso, siempre y cuando, ese proceso no ponga en duda la legalidad de la deuda contraída con el organismo internacional”. 

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¿Aumenta o no la deuda?

El Gobierno declaró que el nuevo acuerdo no implicaría un aumento de la deuda. En ese sentido, cabe recordar que Argentina no solo es uno de los países con mayor historial con el Fondo, en la actualidad es el principal deudor: obtura el 28,3% de la cartera de préstamos de la organización presidida por Kristalina Georgieva. Le siguen Ucrania (10,1%) y Egipto (7,7%) como los que concentran una mayor parte de la cartera de créditos vigente. Entre los tres aglutinan el 46% de la deuda del Fondo Monetario. 

En cuanto a si aumenta o no la deuda, Claudio Loser, ex director del Departamento Hemisferio Occidental del FMI, señaló: “El Banco Central y el Gobierno, en la parte financiera de deuda, van juntos, y eso es lo que el Fondo analiza. Hay todo un tema de si hay una contraparte, que es la expansión monetaria, que ahora no existe, pero tienen que integrarse los dos. El Fondo lo considera así, los analistas financieros lo consideran así, y entonces, la reducción de deuda con el Banco Central es puramente contable. Lo cierto es que, en el momento que reciban la plata de afuera, es cierto que van a tener los dólares como contraparte, y en ese sentido uno puede decir que no hay aumento de deuda. Pero en términos de la deuda bruta, si se gastan los dólares para lo que sea, esos dólares —que el Fondo no va a dejar que los gasten—, aumentarían la deuda neta”. 

En la medida que los dólares no se gasten, el Gobierno tendría razón de que la deuda no aumenta porque quedan los dólares allí, se pueden devolver los dólares y cancelar la deuda. El tema central en la aprobación del DNU es que quede claro que no puede gastar esos dólares.

“Hay un problema técnico en la discusión si él puede, por decreto, cruzar la ley que exige que haya una aprobación específica del Congreso respecto de todo aumento o renegociación de deuda, y él sostiene que no hay aumento de deuda. Entonces, lo que el DNU debería asegurar que ese dinero va a quedar en el Banco Central como reserva y nunca se va a utilizar. El día que se gaste un dólar, hay aumento de deuda. Finalmente, si fueran para eso, no servirían para nada porque no se podrían usar. No tendría lógica un crédito para no usarlo”, añadió Loser.  

La Argentina tiene pendiente unos US$ 41.000 millones correspondientes al programa de facilidades extendidas de 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Martín Guzmán en la poltrona de Hacienda, que se firmó para refinanciar el programa Stand By firmado bajo la gestión de Mauricio Macri por US$ 57.000 millones, aunque se desembolsaron US$ 44.000 millones.

Desde 1984 hasta lo que va del 2025, el país pagó unos US$ 18.000 millones en concepto de cargos e intereses según datos disponibles en la página del organismo internacional donde figuran las transacciones.  A lo largo de este año el país tendrá que pagar cerca de US$ 3.000 millones en concepto de vencimientos y US$ 12.700 millones hasta el final de la gestión libertaria. Los vencimientos más abultados comenzarán en 2027. 

Un informe de GMA Capital destacó que de incrementarse la cifra del programa vigente (US$ 41.300 millones) y concretarse nuevos desembolsos, "Argentina podría volver a recibir un flujo neto positivo del Fondo y esto implicaría un cambio significativo tras dos años en los cuales los pagos que sumaron US$ 10.000 millones.

GM / LM