A dos meses del cambio en requisitos, jubilados de PAMI siguen sin remedios

La Defensoría de la Tercera Edad atendió esta semana el reclamo de una paciente trasplantada cuyos inmunosupresores todavía figuran en PAMI como “en período de evaluación”. El suyo es uno de los miles de casos que, desde hace dos meses, están en la misma situación, lo que impide a quienes los necesitan con urgencia acceder al 100% de cobertura.

El 2 de diciembre de 2024 el Gobierno endureció los requisitos para acceder a los medicamentos que todos los meses usan los afiliados: primero, de cinco pasaron a cuatro. Después, para seguir contando con ese beneficio, los jubilados tienen que completar un formulario online o concurrir a las oficinas de manera presencial y llevar su DNI y carnet. El trámite es personal.

La disposición de diciembre, comentó el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, a PERFIL, generó una situación “caótica”. “No solamente no se ha resuelto aún para aquellos que cumplen con las condiciones, sino que ha complicado la medicación de todo el espectro de jubilados y pensionados”, explicó el gerontólogo.

“A muchísimos jubilados y pensionados nunca se les resolvió el trámite, por lo cual nos encontramos con falta de aprobación o rechazo, y esto implica un limbo donde el jubilado interrumpe tratamientos porque no los puede comprar bajo ningún punto de vista”, agregó.

La Defensoría estimó, para octubre, que la canasta básica de un jubilado era de $ 912.584. El 16% de ese dinero –$ 145.268– se destina a medicamentos. El resto, a rubros como alimentos (26%), vivienda (22%) y servicios (9%). Sin embargo, el aumento del precio de los remedios provocó una caída en el consumo y una traba para acceder a estos bienes esenciales.

Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), en diciembre de 2024 se vendió un 14% menos de medicamentos que en el mismo mes de 2023. “Cada vez se interrumpen más tratamientos o se reducen, y terminan no sirviendo para nada”, agregó Semino.

La caída en la venta de medicamentos es proporcional a la caída del poder adquisitivo, afirmó. “En 2023 las jubilaciones se reajustaron en un 140% para los que tenían bono y en un 110% para los que no tenían. En 2024 la inflación fue del 118%; las jubilaciones reajustaron un 105% en el caso de las mínimas, un 95% las pensiones no contributivas y el 99% las PUAM. Pero los medicamentos aumentaron el 220%”. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que de esa suba una gran proporción se concentró en el último mes de 2023, luego de la devaluación. “Solo en el último mes de 2023 los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron en promedio un 40,9%”, destacaron.

Por lo tanto, y considerando la importancia del rubro en la canasta de un jubilado, “tiene un peso real que va mucho más allá del IPC”, consideró Semino.  

A las subas y la falta de resolución de los trámites pendientes se les suma la falta de médicos de cabecera y de personal en PAMI: tras los despidos de los últimos meses (200 en las últimas semanas, según denuncia el sindicato), la cantidad de personas que llevan adelante los trámites están sobrecargadas. “A esto hay que agregarle que en esta época del año parte del personal puede estar de vacaciones y que a las operatorias que ya tenían que hacer –como las encuestas sociales para una internación o los informes socioeconómicos– se les suma esta nueva disposición”, afirmó Semino. “PAMI entró en una situación de caos tal que nadie quiere reconocer y que pagan con la vida sus beneficiarios”.

Entre los tantos reclamos, la Defensoría también atendió a jubilados a quienes se les dio una respuesta parcial. “Tenemos el caso de un paciente que necesita ocho medicamentos, todos para problemas cardíacos e hipertensión. Le aprobaron cinco medicamentos, y cuando fue a reclamar a una de las agencias le pidieron que decidiera cuál dar de baja para habilitarle algún otro, como si fuera una tómbola”. La medicación que aún no consigue es irremplazable y no se puede suspender. Sin embargo, con una jubilación mínima –que en febrero será de $ 273 mil– no alcanza para cubrir esos costos.

“Nos encontramos en el peor de los escenarios”, sintetizó el gerontólogo. Ya se presentaron cientos de amparos ante la Justicia, que suspendió la feria para poder tratarlos. “Nos han concedido varias cautelares, pero es una solución a medias, porque nosotros nos enteramos del 1% de la demanda, la gente no llega a la acción judicial”.