A partir de este jueves entra en vigencia el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú entró en vigencia el 22 de abril en coincidencia con el Día de la Tierra y la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático. Actualmente, son 12 los países que lo ratificaron y Argentina es uno de ellos. De ahora en adelante se deberá garantizar derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, entre otras cuestiones.  

Acuerdo de Escazú: claves para entenderlo

Con su entrada en vigencia, el Acuerdo de Escazú, también conocido como “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, se convierte en uno de los instrumentos ambientales más importantes para la región. 

“Básicamente el acuerdo le apunta a tres derechos fundamentales para construir sociedades sustentables: acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, explica a PERFIL Andrés Nápoli, abogado especialista en derecho ambiental que trabajó para que el acuerdo sea una realidad. Y agrega: “La idea es involucrarse en estos casos y en las decisiones que se tomen”. 

Para Mercedes Márquez, representante de Consciente Colectivo, el acceso a la información en asuntos ambientales es algo fundamental que el acuerdo viene a reglamentar. “La garantización de este derecho junto con la participación pública nos posibilitaría mayor margen de acción en estos temas, y respaldo legal para exigir información, justicia y participación cuando estos derechos se nos nieguen”, comenta a PERFIL.  

Mientras que Nicki Becker, referente de Jóvenes por el Clima pone énfasis en la protección de los defensores y defensoras ambientales. “Latinoamérica y el Caribe son de las regiones más peligrosas en este sentido y hay personas que mueren todos los días. La protección es central y es una caja de herramientas para garantizar que la población pueda ejercer sus derechos en esta lucha”. 

"El Acuerdo de Escazú puede ser un gran paso para la democracia ambiental"

Por otro lado, Nápoli, quien también es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, señala que el tratado internacional es un espacio de diálogo e integración entre los países. “Lo veo como un proceso porque los países de América Latina y el Caribe comparten muchísimas problemáticas como el efecto del cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Pero no tienen respuestas comunes y no hay políticas compartidas. Este acuerdo apunta a solucionar eso y me parece que es una buena oportunidad”, asegura.

Acuerdo de Escazú: derechos y obligaciones para Argentina

Según las legislaciones de cada país, hay mayor o menor trabajo por realizar. “En el caso de Argentina, yo diría que si apuntamos a la legislación ha estado bien aunque algunas cuestiones deberá mejorar”, explica Napoli. Y da algunos ejemplos: “Argentina es un país que no tiene una ley de evaluación de impacto ambiental que es central. El Congreso tiene una deuda con sancionar esa ley de presupuestos mínimos. También algunos temas de acceso a la justicia y los delitos penales ambientales. Y por último la falta de cumplimiento de las normativas establecidas. Ahí se va a tener que trabajar mucho”.

En estos momentos, como destaca Mercedes Márquez, en Catamarca hay 12 personas privadas de su libertad por enfrentarse con la megaminería. “Una situación muy similar viene ocurriendo en Chubut. Estas criminalizaciones y persecuciones son completamente inadmisibles y tienen mucho blindaje mediático. El acceso a la Justicia y la protección de lxs defensores de la Tierra que establece el Acuerdo de Escazú urge en una región en la que la violencia a activistas ambientales es una constante”, señala la representante de Consciente Colectivo. 

Nicki Becker también reflexiona sobre este punto y menciona lo que ocurre en Chubut y Catamarca. “Creo que Argentina tiene la posibilidad de liderar todo lo que tiene que ver con el acuerdo. Sobre todo hay que ver cómo se relaciona este acuerdo con problemáticas que hoy están ocurriendo como es el caso de las personas presas por protestar contra la megaminería. Eso es algo que Escazú habla y que hay que poner en práctica ya”. 

Acuerdo de Escazú: breve repaso histórico

El proceso que derivó en el Acuerdo de Escazú fue largo. Luego de varios años de fases preparatorias, el 4 de marzo de 2018 se celebró en Escazú, ciudad de Costa Rica, el final de las negociaciones. 24 de los 33 países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estuvieron presentes ese día. 

En septiembre del 2018, se inició con el proceso de firmas de cada uno de los países suscriptores. El mismo se realizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. La recolección de firmas finalizó en septiembre de 2020 con un total de 24 países participantes. 

Luego, para que entre en vigencia se necesitó que al menos 11 países de los 33 que componen la Cepal. Al día de hoy 12 Estados ya lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Mientras que otros diez tienen pendiente la ratificación: Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana. Con esas cifras, su entrada en vigencia fue posible y a partir del 22 de abril del 2021 rige como tratado internacional.