Las sombras del poder narco

Narcopolicías en acción

(Marzo de 2022)

La celda de Esteban Lindor Alvarado fue durante años un lugar de peregrinación del crimen organizado. Sicarios, testaferros, barrabravas, lavadores de dinero y otros personajes de la delincuencia rosarina –con rigurosa excepción de los miembros de la competencia, la banda de Los Monos– acudieron rutinariamente a la cárcel de Campana primero y de Urdampilleta después para conferenciar con el capo, según una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que expuso el oficial Emilio Maximiliano Lencina en el juicio por el crimen del prestamista Lucio Maldonado y otros graves delitos adjudicados a la banda de Alvarado.

Jorge Benegas, mano derecha de Alvarado en la organización según la reconstrucción de la fiscalía, manejaba la agenda de entrevistas en las cárceles. En realidad, cumplía las órdenes del jefe: “Alvarado le decía quién tenía que visitarlo, e incluso qué día”, dijo Lencina en un tramo de su declaración.

Exjefe de la Unidad de Delitos Complejos de la PSA en la Regional Litoral, Lencina condujo una investigación realizada en conjunto con la Gendarmería Nacional a partir de una denuncia recibida por la Justicia federal el 9 de abril de 2013. Después de señalar a Luis Medina como “el más importante de los narcos en Rosario”, la declaración de un testigo de identidad reservada distinguió entonces cinco niveles en la organización, identificó a algunos de sus presuntos integrantes y a policías y funcionarios provinciales en el rol de protectores.

La denuncia mencionó también a Esteban Alvarado –hasta entonces solo investigado por robo y desguace de autos de alta gama–, Luis “el Pollo” Bassi –“es el brazo armado de Medina”–, Gustavo “el Tuerto” Cárdenas –con búnker en Tarragona al 1100, condenado en 2019 por la Justicia federal a nueve años de prisión por tráfico de drogas–, “el Negrito José” –José Arandia Chinen, sicario de Alvarado y buen amigo del comisario inspector Hugo Cabral, según el testigo– y el sargento de policía Juan “Chavo” Maciel, informante de Los Monos, entre otros. También aparecían los nombres de Ana Viglione y Andrés Ferrato, entonces a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos, aunque sin referencias concretas y posteriormente desvinculados de la investigación.

El registro de visitas en las cárceles permitió ubicar a Alvarado como una pieza que armaba el rompecabezas del crimen organizado. Actores en principio desconectados en el movimiento del narcomenudeo coincidieron en contarse entre sus contactos: fue el caso de Carlos Alejandro “Cali” Paz, integrante de la banda del polaco Thierry André Polus, “El rey de la marihuana”, afincado en Granadero Baigorria; el oncólogo Gabriel Esteban Zilli, condenado por el intento de exportación de 40 kilos de cocaína en un cargamento de arroz desde el puerto de Rosario, y de integrantes de la banda de Ignacio Actis Caporale, el narco al que protegía el excomisario Alejandro Druetta.

Otras visitas notables fueron las de los barrabravas Andrés “Pillín” Bracamonte y Mario Sebastián Visconti –ejecutado en junio de 2016 después de ser invitado a dar un paseo, según un clásico ritual mafioso– y la de Emanuel Sandoval, Ema Pimpi, poco antes de que baleara la casa de Antonio Bonfatti en momentos en que el entonces gobernador cenaba con su esposa.

El 18 de octubre de 2013, el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari ordenó el allanamiento de la celda de Alvarado en Campana. Nuevas escuchas telefónicas habían detectado las comodidades y favores que le tributaban miembros del Servicio Penitenciario bonaerense. “Tenía una oficina en su lugar de detención”, recordó Lencina al declarar ante el tribunal. El nuevo destino de Alvarado fue la Unidad 17 de Urdampilleta, en el partido de Bolívar.

Cristian Magnoli, comisario inspector de la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro, supervisó el operativo de captura de Alvarado en agosto de 2012 en la causa por robo y desguace de vehículos. La investigación del fiscal Patricio Ferrari fue puesta a cubierto de la policía rosarina ya que estaba involucrada en el encubrimiento.

Magnoli precisó en el juicio que “la mano de obra (los que se encargaban del robo de vehículos) era del ámbito local” y que el funcionamiento estaba tan aceitado que llegaron a levantar tres autos por día. “Se venía manejando desde mucho antes y el que comandaba esto era Esteban Alvarado; había mucha disponibilidad de plata, de efectivo diario, y una muy clara connivencia con policías de Santa Fe; se lo habilitaba a hacer esto”, dijo el policía de San Isidro.

El pacto de Alvarado con la policía rosarina tenía una condición. “Los autos tenían que ser robados en la provincia de Buenos Aires”, dijo Magnoli. Había que cuidar la estadística sobre delitos y “los hechos positivos” de la policía en Santa Fe, y como parte de ese arreglo Alvarado devolvió tres autos que habían sido robados en Rosario y que le reclamaron sus socios de la Policía de Investigaciones a fin de mantener sin máculas su fachada como representantes de la ley.

Magnoli dio detalles de la captura de Alvarado, que en principio se fugó en auto de su casa y luego se entregó en la estación YPF de Pellegrini y Perú, en la zona oeste de Rosario, donde solía atender sus negocios. La declaración alternó con una sucesión de audios que expuso las gestiones del abogado Claudio Tavella para frenar el procedimiento con efectivo en mano: “Poné lo que haya que poner”, le ordenó Alvarado.

Las escuchas divulgadas en el juicio permitieron seguir paso a paso el operativo policial y la sorpresa de Alvarado ante el procedimiento –“no lo puedo creer”, dijo en un momento de confusión, cuando creyó que lo buscaban los jefes de la Policía de Investigaciones a los que sobornaba–, el compromiso de los policías en la protección –“mi obligación es avisarte”, expresa uno de ellos– y el argot con que aludían a las coimas –“el secretario del jefe me pidió una atención”– y a los autos robados –“el bicho” era la alarma satelital–.

Enviado primero a la alcaidía de la Unidad Regional II, donde gozó de comodidades y de un régimen muy relajado aunque ya no estuviera su amigo Néstor Arismendi como jefe de la policía de Rosario, Alvarado fue trasladado más tarde a Campana. Fue la hora de barajar y dar de nuevo.

La denuncia del testigo de identidad reservada de abril de 2013 se asoció después con otra investigación iniciada “en septiembre, octubre de 2013”, según la declaración de Lencina, en la que había escuchas por la fuga de un preso federal que estaba detenido en el ámbito de la Policía de Santa Fe. Las comunicaciones comprometían a integrantes de la División Judiciales de la Unidad Regional II, y entre ellas había una conversación en la que participaron los policías Germán Almirón y Luis Ramonda:

ALMIRÓN: ¿Quevertoque tiene llegada a Medina?

RAMONDA: Creo que a Medina no. Pero sí a Alvarado.

Según recordó Lencina en su extensa declaración, Ramonda fue uno de los tres agentes de la División Judiciales que intentaron ingresar al domicilio de Luis Medina, en el country de Pilar, después del asesinato del empresario narco, que diversificó sus actividades a través de una concesionaria de automóviles, locales gastronómicos, una financiera dedicada a préstamos de dinero y la franquicia rosarina del club Esperanto, por la que pagó 350 mil dólares al contado. Pero el dato más significativo era el personaje sobre el que transcurrió esa conversación: “Quevertoque ingresa entonces a nuestra investigación. Es el disparador”, dijo Lencina.

El historial delictivo del excomisario Luis Quevertoque, subjefe de la División Judiciales, culminó con la condena, que aceptó en 2020, al cabo de un juicio abreviado. Ya en el juicio contra Los Monos, el excomisario Gustavo Pereyra lo identificó como socio de Alvarado. Pero en su declaración, Lencina aportó datos que lo ubican no solo como protector, sino también como organizador de narcotráfico.

La intervención del teléfono de Quevertoque puso a la PSA en la pista de Aurelio Tanzi, un transportista que actuaba como “corredor del narcotráfico” en compañía de Gustavo Suárez. “Tanzi hablaba constantemente con Quevertoque y tenía el contacto con el proveedor de la marihuana, en Corrientes”, dijo Lencina, y en otro pasaje redondeó: “(José Luis) Britez, Quevertoque y Tanzi se reunían para organizar el transporte de drogas desde Corrientes”.

El oficial de la PSA pareció todavía asombrado por el grado de participación de Quevertoque en el narcotráfico. Al mismo tiempo que conducía la Brigada Operativa de la División Judicial, y en ese carácter pasaba por implacable perseguidor de Los Monos, el comisario hizo de puntero, como se llama en el ambiente narco a la persona que advierte sobre operativos policiales en la ruta a los que transportan droga.

En otra comunicación interceptada en la época, el comisario principal Raúl Saccone y el sargento Ariel Lotito consideraron la situación de Gustavo Pereyra, a quien la División Judiciales proyectaba inmolar como “la cara de la corrupción policial”. El elenco de esa Armada Brancaleone de la policía rosarina –entre ellos el jefe, Cristian “Carancho” Romero– fue relevado por el Ministerio de Seguridad en abril de 2014, después de que Lotito hiciera una demostración práctica a tres periodistas sobre cómo se podía fraguar una prueba en video.

Las investigaciones de la PSA y la Gendarmería Nacional demostraron que Luis Medina “viajaba cada diez o quince días a Rosario para arreglar el amparo policial a cambio de plata”. Los policías llamaban Luz Mar al empresario que fue asesinado en diciembre de 2013 por un grupo que habría estado integrado por seis personas. “La conclusión era que estaba amparado por policías de la División Judiciales”, agregó Lencina.

Al cruzar las agendas de Alvarado y Medina, derivadas de equipos secuestrados por orden del fiscal federal Ferrari, surgieron coincidencias relacionadas con dos personas, “una imputada en la causa Actis Caporale” y la otra mencionada en la denuncia de abril de 2013: Jonatan Omar Privitera, “el gordo Johnny”, contacto de Medina, Alvarado, Quevertoque y José Luis Britez, alias “la Tota”, quien compartió viajes a Paraguay junto al prestamista Lucio Maldonado.

En el cierre de su declaración, Lencina precisó el nexo de la organización con Actis Caporale: una hermana de Ojito y Maximiliano Rodríguez, parte de su entorno, aparecían ya registrados como visitantes de Luis Medina en el barrio cerrado de Pilar donde exhibía un póster gigantesco de Scarface, el narco interpretado por Al Pacino en la película de Brian De Palma. “A esto debemos sumar que un policía de la provincia, de apellido Vargas, también era visita de Medina”, agregó Lencina. La pata de la policía santafesina era infaltable.

La investigación quedó interrumpida en 2015, pese a las revelaciones sobre la organización de Alvarado. El exfiscal federal Marcelo Di Giovanni, quien estaba a cargo, declaró antes que Lencina en el juicio y se excusó reiteradamente por las fallas de su memoria: “Mucho no recuerdo”, “Teníamos tanta actividad que no me acuerdo”, “Me parece, no estoy seguro”, “Teníamos 1.600 causas en esa época”, dijo, y tal vez haya aportado así una clave: la de Alvarado, Medina y la narcopolicía santafesina parece haber pasado como una causa más para la Justicia federal.

Pasando la gorra

(Abril de 2022)

Los hechos se remontan a la mañana del 29 de diciembre de 2013. Medina y su novia, Justina Pérez Castelli, salieron de una fiesta en el Complejo La Fluvial a bordo de un Citroën C3 de color rojo y se dirigieron hacia el Hotel Pullman del complejo City Center, donde estaban alojados. Antes de llegar, en el cruce del Acceso Sur con la calle Ayolas, otro auto se les puso a la par con la escolta de una moto y sus ocupantes los acribillaron a balazos.

Aquella mañana, la jueza María Luisa Pérez Vara dejó sonar el teléfono sin atender las llamadas. Estaba de turno, pero se había ido a pasar unos días de vacaciones a Cariló, en la costa bonaerense. Fue el final de su carrera judicial, ya que terminaría condenada a un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público; también fue el principio de una serie de irregularidades que agregaron más sospechas y circunstancias extrañas al doble homicidio.

Una de esas circunstancias involucra la computadora personal de Medina, que fue secuestrada en su habitación del hotel. Era una Mac que los peritos de la policía rosarina no pudieron desbloquear y que, por orden de la Dirección de Asuntos Internos, entregaron a Javier Echaniz y Martín Degratti, funcionarios de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del gobierno provincial.

Medina había estado a punto de convertirse en una figura pública al gestionar una franquicia del club Esperanto, como ya se dijo, pero las protestas de los vecinos y las sospechas que lo rodeaban frustraron el negocio. La oposición al gobierno de Antonio Bonfatti denunció que Echaniz tuvo la Mac entre la noche del 29 de diciembre y el mediodía siguiente, y alentó versiones sobre un envío de archivos a la papelera de reciclaje de la máquina. 

—Por ese tema hay una causa aparte, que no tenemos nosotros. La pericia fue hecha por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y no fue concluyente sobre una manipulación –dice el fiscal Matías Edery, que investigó el crimen de Medina junto al fiscal Luis Schiappa Pietra.

La División Judiciales aportó su grano de arena a la oscuridad del caso. José Luis Ramonda, Néstor Chazarreta y Miguel Giordano, integrantes de esa sección que buscaba favorecer la hegemonía de Alvarado en el mercado de drogas, intentaron ingresar junto a Gustavo Pérez Castelli, padre de Justina, en el country Haras del Pilar, donde vivía Medina. Los policías declararon ante la Justicia que la incursión se realizó por órdenes de su jefe, Cristian “Carancho” Romero, y con conocimiento del jefe de policía de la provincia, Omar Odriozola.

—Según el padre de Justina, fueron a buscar sus pertenencias personales –dice el fiscal Edery–. Era imposible que eso fuera cierto y que lo hiciera con tres policías. Iban a buscar plata, como queda corroborado con la declaración de Sergio Sánchez.

Sánchez era entonces subjefe de Inteligencia Criminal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Gustavo Pérez Castelli fue asesinado a balazos el 31 de marzo de 2016 en Mendoza y avenida de Circunvalación y el autor del homicidio le cortó una oreja; “había quedado muy mal después de la muerte de su hija, divagaba”, dijo el mecánico Carlos Argüelles en la declaración que grabó en video antes de ser a su vez asesinado.

Otros hechos sumaron interrogantes y muertes: el asesinato del comisario Guillermo Morgans, quien encabezaba la investigación policial por el crimen de Medina, y el trámite sin pena ni gloria de la causa en el Juzgado de Instrucción Nº 2, pese a que se contaba con información sobre los negocios del empresario narco y de Alvarado y sus socios en la policía de Rosario.

Morgans, jefe de la Agrupación de Unidades Especiales de la Policía de Rosario, fue asesinado el 10 de junio de 2014 durante un intento de robo al negocio de quiosco y pago de impuestos de uno de sus hijos, en la calle Rodríguez al 200. El autor del crimen quedó registrado en la imagen borrosa de una cámara de seguridad, pero no fue identificado. “En la calle se decía que podía tener relación con el homicidio de Medina”, recordó el policía Sergio Sánchez, al declarar en el juicio contra la banda de Alvarado.

Pero la voz de la calle no llegó al expediente. La causa en el Juzgado de Instrucción Nº 2 quedó en suspenso. 

—Nunca hubo una resolución de archivo –aclara el fiscal Edery–. Se paralizó sin movimientos, pero no existió esa resolución porque María Eugenia Iribarren, que en ese momento era fiscal de Cámara, no lo consintió.

Los datos que surgen sobre el crimen de Medina tienen un nombre repetido: el de Esteban Lindor Alvarado.

Carlos Argüelles recordó una anécdota de la época en que los narcos eran cómplices y se empoderaban en alianza con la policía santafesina. 

—Cuando Esteban andaba con Luis Medina –dijo el mecánico–, en la calle los trapitos se acercaban a pedirles una moneda. Entonces les agarraban la mano y los picaneaban. 

La “costumbre de torturar” era una diversión y una práctica de rutina: las víctimas de los crímenes de Alvarado presentaron con frecuencia signos de haber recibido tormentos.

Mariana Ortigala fue allegada a Alvarado hasta que cruzó de vereda y se alineó con Ariel “Guille” Cantero y Los Monos. En el juicio, afirmó que la sociedad con Medina resultó fundamental para el crecimiento de Alvarado, “un paso fuerte” que lo llevó de los negocios con autos robados al narcotráfico.

Sobreviviente de un intento de homicidio por sus declaraciones como testigo, Ortigala dijo que vio a Medina y Alvarado en fines de semana compartidos en el río y que conoció detalles de esa relación a través de Justina Pérez Castelli, “mi sobrina política”.

—¿Qué sabe del vínculo de Medina con Alvarado? –le preguntaron los fiscales.

—Sé que eran socios, sé que Luis lo inició a Esteban –respondió Ortigala.

—¿Lo inició en qué sentido?

—Le enseñó el negocio del narcotráfico.

—¿En qué fecha?

—Cuando íbamos al río. En el 2010 habrá sido, porque ellos andaban juntos en esa época. Después hubo un quiebre entre ellos, una pelea cuando Esteban estaba detenido, a partir de agosto de 2012 –agregó Ortigala. 

De hecho, Medina brilla por su ausencia en el minucioso registro que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria de las visitas que recibió Alvarado en las cárceles de Campana y Urdampilleta.

―A Luis Medina lo manda a matar Esteban y me entero por boca de él, pero luego de un tiempo –declaró Carlos Argüelles–. Esteban dijo que Medina amenazó a su familia y quería cobrarle la mitad del precio de una avioneta (perdida), 50.000 dólares. 

El enigma del autor intelectual del crimen de Medina solo tenía vigencia para la Justicia y la policía: en el ambiente de la delincuencia, “todo el mundo sabía que era Esteban Alvarado”, agregó Argüelles.

Ortigala también dio cuenta de amenazas de Medina a Rosa Capuano, la expareja de Alvarado, e involucró además al abogado Claudio Tavella: 

—(Tavella) había hecho la logística del crimen de Medina y había asesorado a Esteban para que difundiera el crimen y lo encaminara hacia la expareja de Luis porque esta chica (Daniela) Ungaro había amenazado públicamente a Justina.

El 24 de febrero de 2013, el dueño de la marca Esperanto anunció por Twitter el cierre de la franquicia que había otorgado en Rosario a un supuesto grupo de inversores que no pudo esconder la figura de Luis Medina. Fue un negocio a pura pérdida, que dejó un rojo abultado en dólares.

La necesidad de recomponer las finanzas condujo al proyecto de Medina de volver al negocio narco en Rosario y derivó en su asesinato, según las hipótesis que expusieron oficiales de las TOE en el juicio contra Alvarado.

En esa trama, a la luz de escuchas telefónicas, surgen otros factores: la relación de Medina con su colega cordobés Claudio Torres, protagonista del “narcoescándalo” que estalló en la ciudad de Río Cuarto en 2016, y el vínculo con policías de Rosario, aceitado con el pago de coimas en forma periódica y al contado rabioso.

—Medina y Torres tenían algún tipo de sociedad. Es evidente que trabajaban juntos. El 20 de diciembre de 2013, cuando Medina le avisa que se iba a reunir con narcos colombianos, Torres le manda unas personas armadas para que lo cuiden –señala Edery.

Torres sería a su vez asesinado en enero de 2019 en Río Cuarto. 

—Los colombianos eran proveedores de droga y Medina les debía plata. Se quería juntar con ellos para arreglar la deuda y que le enviaran más mercadería. Y los colombianos querían que les pagara –agrega Edery.

Las amenazas de Medina a Rosa Capuano sobre las que testimoniaron Argüelles y Ortigala se habrían producido en ese regreso a las fuentes proyectado por Medina, según una de las tres teorías elaboradas por las TOE. Alvarado no habría tolerado la competencia y “utiliza entonces su equipo de sicarios”, en los que el oficial Rodrigo Capdevilla identificó a Darío “el Oreja” Fernández, Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, Sergio Oscar Juárez y un tal “alias el Gordo”.

Capdevilla desgrabó y transcribió las conversaciones interceptadas en un radio Nextel que utilizaba Jorge Benegas, mano derecha de Alvarado y amigo de infancia del comisario Gustavo Spoletti, jefe de inteligencia de la ex Drogas Peligrosas. 

—Benegas tenía una inteligencia superior a la del promedio –dijo el oficial de las TOE–, hacía entre 100 y 300 llamadas por día. Era una persona oportunista, siempre atenta a los negocios, no dudaba en darle para adelante.

El pago de sobornos a la División Judiciales era una práctica establecida. Según el testimonio del oficial Emilio Maximiliano Lencina en el juicio, Medina viajaba cada quince días desde Pilar a Rosario para pagar la protección policial y a veces acortaba los plazos y era necesario que visitara la ciudad cada diez días para calmar a las fieras.

La extensa declaración del excomisario inspector Gustavo “Gula” Pereyra es también significativa en ese marco. El testimonio desbarata el descargo habitual de la policía santafesina ante denuncias de corrupción, la teoría de la manzana podrida, según la cual esos hechos son responsabilidad de agentes que por su propia decisión fueron por el mal camino. Al contrario, Pereyra dio cuenta de cómo oficiales de baja jerarquía cumplían órdenes de recaudar “que venían de arriba”; y su propia experiencia, al ser castigado por mantenerse distante de esos manejos, demuestra que las cúpulas de la policía santafesina organizaron esas prácticas por las cuales oficiales y suboficiales quedaban comprendidos en la estructura corrupta. “Gula” definió así al comisario Raúl Saccone como “un hombre de bien” capturado en el antro de corrupción que fue la División Judiciales.

En las últimas jornadas del juicio, se difundió parte del contenido del teléfono Blackberry que usaba Medina. El 11 de noviembre de 2013 el empresario narco le confió a Claudio Torres su decisión de volver a Rosario: “Ya arreglé con toda la gorra”, dijo, en referencia a la protección policial, y el territorio que habilitaba ese pacto alcanzaba hasta la ciudad de Santa Fe.

Las revelaciones de ese teléfono, del que surgen mensajes y audios sobre Alvarado y los narcopolicías rosarinos, ponen la lupa, además, sobre el secreto judicial alrededor de la pericia del Blackberry realizada el 18 de diciembre de 2014 por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

—No nos mostraron nada, a nosotros nos hubiera sido de mucha utilidad –dijo el policía Capdevilla.

—Había reuniones conjuntas entre Adrián Forni (jefe de las TOE) y Guillermo Morgans con (la jueza) Alejandra Rodenas –dice el fiscal Edery–. Pero la investigación la tenían las TOE. La pericia del Blackberry nunca estuvo a disposición de los investigadores. Y en ese teléfono quedaba claro que Medina le pagaba a la División Judiciales.

☛ Título: Rosario narco. El negocio del crimen organizado

☛ Autor: Osvaldo Aguirre

☛ Editorial: Refucilo
 

Datos del autor 

Estudió Letras en la Universidad Nacional de Rosario y publicó varias investigaciones periodísticas, entre ellas sobre el crimen en la cultura argentina, el periodismo bajo la dictadura o una biografía de Paco Urondo. 

También publicó dos libros de cuentos y compiló otro con historias de bandidos sociales. 

Entre otros medios, escribe en la revista Acción, en el portal Suma Política y en el suplemento de cultura de PERFIL.