La era de la corrupción

El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 inauguró un período de trece años marcados por el fraude electoral y la corrupción. El plan para restaurar el sistema político previo a la Ley Sáenz Peña terminó en el manejo discrecional del go­bierno por un reducido sector social y político, que fomentó la corrupción y los grandes negociados, ganándole a esta época el nombre de década infame.

Uno de los casos más resonantes fue el que dio lugar al fa­moso debate de las carnes de 1935, que tuvo como protagonista a Lisandro de la Torre, quien desde entonces fue recordado como “el fiscal de la Patria. El senador santafecino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift, y aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros: Federico Pinedo, de Economía, y Luis Duhau, de Hacienda.

Las denuncias destaparon las conexiones del gobierno con otros numerosos negociados. La discusión en el Senado se fue calentando hasta que el grupo implicado decidió cerrar el debate a como diera lugar. Un matón enviado por el ministro Duhau disparó en pleno Congreso de la Nación contra De la Torre, quien salvó su vida de milagro. La bala terminó matando a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere.

Otro escándalo de aquellos años fue el caso de la Compañía Argentina de Electricidad (CADE, originalmente Chade) en­cargada del suministro eléctrico de la Capital Federal. En 1936 debía renegociar la concesión del servicio y la empresa quería prorrogar la exclusividad del servicio por 60 años más, en un contrato claramente perjudicial para el Estado.

La decisión había quedado en manos del Concejo Deliberante porteño, compuesto en gran parte por los radicales reincorpora­dos al sistema político luego de haber pasado varios años entre la proscripción y el abstencionismo.

Por entonces fue bastante público y obsceno el extendido uso de prebendas y coimas entre los legisladores y personas de influencia. Su urgencia por la aprobación llevó, incluso, a que los altos funcionarios de la firma se reunieran con Marcelo T. de Alvear en Europa (líder de los radicales), quien finalmente telegrafió a sus correligionarios ordenándoles que apoyaran el proyecto.

El 29 de octubre de 1936, con los votos radicales, conser­vadores y socialistas independientes, el Concejo Deliberante de Buenos Aires promulgó la ordenanza 8.029, otorgando a la CADE una nueva concesión hasta el año 1997. La confianza de la ciudadanía en los políticos de todos los partidos comenzaba a ser cada vez más grande.

Otro negociado con grandes consecuencias políticas fue la compra de las tierras de El Palomar para la extensión del Colegio Militar. En mayo de 1934, las hermanas Herrera Vegas intentaron vender al Estado un campo de 23 hectáreas lin­dantes a las instalaciones del colegio del Ejército y por ello convenientes para su ampliación. Las hermanas pedían un peso por metro cuadrado, pero los peritos oficiales dictaminaron que no debía pagarse más de 19 centavos, por lo que la operación quedó frustrada. 

En 1937 las hermanas retiraron el terreno de la venta y fir­maron un contrato privado de compraventa con el señor Néstor Luis Casás, por el cual le vendían el campo a $ 0,65 el metro cuadrado. Ese mismo día el señor Casás ofreció los terrenos a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a $ 1,10 el metro cuadrado. La Comisión llamó a los generales Molina y Pertiné, quienes, sin conocer el precio pedido, aconsejaron la compra. El 11 de enero de 1939 el presidente Ortiz firmó el decreto 21.683 autorizando la compra al valor indicado. 

A continuación las señoras vendieron el campo de El Palomar a Néstor Luis Casás en la suma de $ 1.450.000 y finalmente Casás le vendió al gobierno nacional el mismo terreno en la suma de $ 2.450.000. Pero el escándalo no terminó ahí, el pago se hizo en orden inverso a la firma de las escrituras: el gobierno primero le pagó a Casás, y con esa plata Casás les pagó a las hermanas, con lo que ganó $ 1.000.000 sin haber puesto un solo centavo. 

Finalmente, uno de los escándalos más llamativos y que conmovió a la opinión pública fue el de los niños cantores de la Lotería Nacional en 1942. Encargados de sacar las bolillas de la Lotería, un grupo de niños cantores cambió las bolillas oficiales por otras trucadas a fin de sacar el número que habían elegido previamente: el 31.025. 

Al momento de ejecutarlo el fraude había sido un completo éxito; pero el error que los delató fue previo: varios de los impli­cados habían comentado su plan a amigos y familiares, por lo que no fueron los únicos beneficiarios. Al día siguiente, el diario Crítica publicó como título la noticia: “El 025, número antici­pado desde ayer, salió con la grande. Entre la larga lista de compradores del 31.025 había jueces, concejales y exministros. 

La Cámara de Diputados formó una comisión para investi­gar a la Lotería Nacional, demostrando graves irregularidades en el funcionamiento del organismo oficial, que iban desde el uso de bolillas de distinto peso a maniobras con los billetes ganadores no cobrados en término por sus beneficiarios.

*Autor de Guita con historia, Sudamericana. (Fragmento).