El Gobierno activa el plan “antibarras” como una de sus primeras propuestas del año electoral

Después del estruendoso asesinato a sangre fría de Andrés “Pillín” Bracamonte, el poderoso barrabrava de Rosario Central, líder de Los Guerreros, que tenía decenas de negocios en distintos rubros a lo largo de Rosario, el gobierno de la Nación trabaja en un proyecto de ley para que las barra bravas de los clubes de fútbol sean consideradas como organizaciones criminales. Se les aplicarían penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo.

Hasta el momento, el proyecto se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia. La normativa también pone en el centro de la discusión a los organizadores de eventos deportivos, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios. Se penalizará a aquellos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con antecedentes penales.

Lo que se buscará con esto es que las actividades como el transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos realizados por “trapitos” en las inmediaciones de los estadios sean castigadas penalmente. Asimismo, apuntarán a cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas.

Por otra parte, el proyecto también prevé un castigo a los dirigentes deportivos que colaboren con las barras, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes. Todas esas relaciones, que existen en la mayoría de los clubes también estarán bajo investigación. En caso de ser encontrados responsables, podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.

Otra de las medidas que buscarán implementar es la rigurosidad en las inhabilitaciones administrativas, donde las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios de personas que estén imputadas por delitos, aunque no haya una sentencia definitiva en su contra.

El objetivo central de la ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a barrabravas operar con impunidad. Con este enfoque, el Gobierno busca erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios, ya sea en días de partidos de fútbol o de otros espectáculos que se realizan habitualmente en estadios de fútbol.

Racing: la guerra que viene

R.P.

Desde el minuto uno en que Diego Milito se convirtió en presidente de Racing, el liderazgo de las tribunas del Cilindro de Avellaneda entró en una disputa que tendrá varios capítulos violentos. La facción opositora, encabezada por Matías “Cara de Paty” Alfonzo, busca sellar una alianza con viejos barras, como Raúl “Huevo” Escobar, histórico cabecilla de la barra de Dock Sud, y otros sectores referenciados en Héctor “Majin Buu” Otero o La Banda del Negro Ramos. 

Actualmente, La Guardia Imperial, como se conoce a la hinchada de Racing, está liderada por Leandro Paredes, quien conduce a un joven grupo violento, nacido y criado en Villa Corina, llamado Los Pibes de Racing. Ese sector, que tomó el control del Cilindro en 2021, jugó a favor de Víctor Blanco en las elecciones. Tras perder, la barra opositora quiere desbancarlo.