“Vamos a tomar medidas judiciales”: polémica por la venta de tierras del ex centro de detención clandestino La Perla

El gobierno de Javier Milei había anunciado en campaña y al inicio de la gestión que vendería propiedades del Estado en el marco del pretendido achicamiento. Pocos imaginaron que parte de los terrenos usados por la dictadura militar en Córdoba para torturar y asesinar podrían ser transferidos a privados en el marco del desguace estatal que viene llevando a cabo la actual administración.

El sitio Memoria La Perla Chica es uno de los 309 inmuebles que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, mediante el decreto firmado por el presidente, puede “disponer, enajenar y/o transferir”, según la demanda del mercado inmobiliario.

Este sector específico abarca un polígono de 585 mil m2 ubicados en el ejido de la localidad de Malagueño, a un costado de la Autopista Córdoba - Carlos Paz y a la vera de la actual colectora que hasta 1978 fue la vieja Ruta 20. En esa franja están establecidos desde hace muchos años el Mercado Cooperativo San Miguel y la Sociedad Rural.

“Nos preocupa muchísimo y estamos tomando todas las medidas a nivel judicial que se puedan hacer, con el apoyo de los organismos de Derechos Humanos y de la Comisión de la Memoria de Córdoba”, manifestó Julia Soulier, directora del Espacio para la Memoria La Perla, en el programa radial Punto y aparte que se emite por la FM 90.7 Punto a Punto.

La mujer explicó que La Perla Chica fue, durante la Dictadura Militar, una dependencia del ex Centro Clandestino de Detención "La Perla" (donde actualmente está el Espacio para la Memoria) en el margen opuesto del kilómetro 12 y medio de la autopista.

“Hay antecedentes que, durante el Mundial 1978, toda la gente secuestrada en el establecimiento de La Perla Grande fue trasladada hasta La Perla Chica y escondida para que no hubiera ningún rastro de que eso era un centro de clandestino de tortura y exterminio”, indicó.

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El terreno sujeto a la comercialización, según el decreto presidencial, está protegido por la ley nacional de Sitios de Memoria, pero la Dirección Nacional de Sitios de Memoria está acéfala desde la asunción de Javier Milei como presidente.

“Tuvimos una reunión con la ministra Montero, de Desarrollo Humano, y nos dijeron que hay total compromiso con el tema. Además, allí rige la medida de no innovar porque seguimos buscando los restos de los desaparecidos que no hemos encontrado”, agregó Soulier.