Una casa en Florida y una empresa offshore: crecen las acusaciones contra Oscar González

Tras la detención de Oscar González por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, trascendió que la legisladora Luciana Echevarría aportó nueva evidencia a la justicia federal. El documento revela la existencia de una vivienda residencial en Florida, Estados Unidos, valuada en aproximadamente 1.400.000 dólares, a nombre de Oscar F. González.

Dicha propiedad estaría vinculada a una empresa denominada Platinum Triple G, de la cual González figuraría como directivo, según los datos que arroja la “División de Corporaciones del Estado de Florida - Departamento de Estado de Florida”. El inmueble de casi mil metros cuadrados habría sido adquirido a fines del año 2005.

El domicilio de la empresa es el mismo de la vivienda que figura a nombre del político cordobés y de Ana C. González en Weston. Sería una curiosísima casualidad que dos personas tengan los mismos nombres que los hermanos González.

En febrero de 2020, Oscar González presentó una declaración jurada ante la Legislatura de Córdoba en la que declaró un patrimonio de poco más de 4 millones de pesos, distribuido en 11 inmuebles. En ese listado no figuraba la propiedad en Florida, Estados Unidos. El juez José María Estigarribia calificó esta declaración como “irrisoria” al compararla con el valor real de las propiedades.

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El aporte al juzgado federal, presentado por Echevarría el pasado 6 de febrero, incluye enlaces web que buscan verificar la información sobre el patrimonio de González. Se solicitó a la justicia que se libren oficios a distintas dependencias nacionales e internacionales para investigar posibles cuentas y propiedades en el exterior.

La legisladora insiste en la necesidad de una actuación rápida y transparente por parte de la justicia federal para esclarecer el origen del patrimonio de Oscar González. Su denuncia por presunta evasión fiscal agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos formulada en diciembre de 2022 derivó en la reciente detención del exministro de Salud de Córdoba.

González se encuentra procesado en otra causa por su protagonismo en el siniestro vial en las Altas Cumbres, donde se investiga su responsabilidad y la validez de su licencia de conducir. La legisladora Echevarría aseguró que el imputado aún mantiene influencia política, lo que ha dificultado el avance de las investigaciones en su contra.

La justicia provincial fue muy criticada por su lentitud en este caso, mientras que las familias de las víctimas del siniestro vial exigen que el contexto de presunta corrupción de González sea tomado en cuenta en el juicio correspondiente, que aún no tiene fecha fijada.

Qué dijo el juez

El juez federal Miguel Vaca Narvaja, quien ordenó la detención domiciliaria de González, explicó en una entrevista en el programa Punto y aparte (Punto a Punto Radio 90.7) que la medida se fundamenta en la acumulación de pruebas que evidencian maniobras para entorpecer la investigación, como el traspaso de bienes a sus hijos y discrepancias entre los ingresos de González y el valor de sus propiedades.

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“Aparentemente, de lo que surge de la investigación, habría una intencionalidad manifiesta de apartar esos bienes del patrimonio”, afirmó el magistrado.

Sobre el reciente aporte de la legisladora Echevarría, que señala la presunta propiedad de un inmueble valuado entre 1,2 y 1,4 millones de dólares en Florida, así como la dirección de una empresa registrada en dicho estado, Vaca Narvaja aclaró que aún no tuvo acceso directo a la documentación, pero que será debidamente investigada. “Cualquier tipo de denuncia que se realice va a ser investigada”, aseguró.

El juez también explicó que el uso de sociedades offshore para canalizar fondos de origen ilícito es una modalidad contemplada en el artículo 303 del Código Penal, que tipifica el delito de lavado de dinero. “La figura trata sobre dinero de origen ilegal que, a través de operaciones legales, intenta ser introducido en el mercado formal”, señaló.

Respecto a la detención de González, Vaca Narvaja informó que el exfuncionario permanece bajo arresto domiciliario en Villa Dolores, sin vigilancia permanente, a la espera de una tobillera electrónica solicitada para su monitoreo. Además, detalló que la caución impuesta de 150 millones de pesos busca garantizar el cumplimiento de la medida cautelar y cubrir eventuales costos procesales.

El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría derivar en una revisión de su situación procesal, lo que podría incluir su traslado a una cárcel común. “Nosotros quisiéramos pensar que las medidas impuestas van a ser cumplidas”, concluyó.