Reparación histórica: Por estafas inmobiliarias deben pagar $1.000 millones a los damnificados

La Cámara 10a del Crimen condenó a Diego Martín Florindo y Fernando Darío Heyd a cuatro años y a tres años y ocho meses de prisión, respectivamente. Los declaró responsables de asociación ilícita y estafas reiteradas. Florindo, también por defraudación.

A la par, el tribunal ordenó el resarcimiento a los damnificados de sus maniobras por $973.976.727; casi mil millones de pesos, una cifra histórica.

La decisión fue adoptada por la Cámara 10a del Crimen, presidida por Mario Walter Centeno; e integrada por los vocales Carlos Enrique Palacio Laje y Juan José Rojas Moresi. Durante el debate, el fiscal actuante fue Gustavo Arocena.

La historia de sucesivas defraudaciones comenzó cuando Florindo trabajaba en una inmobiliaria ubicada en Nueva Córdoba. Allí tomó contacto con una familia que tenía un departamento en la calle Mariano Moreno al 200. La desapoderó ilegítimamente de un inmueble ubicado en Barrio Alberdi. Y luego consiguió que le vendieran una fracción de tierras Camino a San Antonio Km 8 y ½ donde levantaron lo que sería un barrio cerrado llamado Solares del Sur.

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Plantado en una zona industrial y sin servicios, los compradores de lotes creyeron adquirir un inmueble en un country, pero se encontraron con los años que no tenía habilitación, servicios y era imposible escriturar.

La maniobra fue detectada por el exfuncionario municipal, Santiago Giunta, de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba.

El 20 de noviembre se conoció la parte resolutiva del veredicto del tribunal. 

Los jueces resolvieron distribuir en forma inmediata a los damnificados $100 millones que habían sido depositados por Florindo y Heyd como parte del acuerdo para realizar el juicio abreviado.

Y establecieron también los montos de resarcimiento para cada uno de los damnificados que presentaron respectivas acciones civiles, patrocinados por Karina Zeverín, del estudio Zeverín y Asociados. Contemplaron daño emergente (pasado y futuro), lucro cesante y daño moral por los perjuicios causados.

 En primer lugar, la acreedora de la primera maniobra con la que desapoderaron el departamento ubicado en Mariano Moreno al 200 para crear el Fideicomiso Edificio Lucmar 1 en el año 2011; y luego también los damnificados de Solares del Sur, barrio cerrado.

“A fin de garantizar el pago de la pena pecuniaria, las costas y la indemnización civil, por parte de Diego Martín Florindo y Fernando Darío Heyd, dispuestas en la presente, se ordena el embargo preventivo sobre sus bienes muebles o inmuebles o depósitos bancarios o en entidades financieras, como así también el bloqueo de cajas de seguridad que registraren a su nombre en las entidades referidas, por la suma total de $973.976.727. Para el caso que no tuvieren bienes o lo embargado fuere insuficiente, se dispone la inhibición general de bienes”, resolvió la Cámara.

Hay una tercera persona que debía ser juzgada. Carlos Alberto Aristimuño, permanece prófugo en México.