Potenciar Trabajo en Córdoba: imputaron por "defraudación" a empleados públicos que cobraron planes

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian imputó por "defraudación" a empleados públicos que cobraron planes Potenciar Trabajo en Córdoba.

El funcionario judicial explicó que tiene “una parte menor de lo que fue la investigación del doble cobro de planes sociales y sueldos en la administración pública, de aproximadamente 40 casos”.

Además recordó que “la investigación grande se encuentra concentrada en Buenos Aires en la Fiscalía General del fiscal (Guillermo) Marijuan”.

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Investigación

“Hubo un grupo de casos que pedí el archivo al juez federal porque con la investigación se demostró que no hubo irregularidades en los cobros, es decir que si hubo doble cobro estaba dentro de lo permitido. Hay algunos casos que la reglamentación de los casos permite el cobro de un plan con un trabajo en blanco”, aclaró en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Eran casos en que la persona que estaba cobrando el plan Potenciar, por ejemplo, porque estaba desocupada, si conseguía una suplencia de unas pocas horas que tenía un salario por debajo del salario mínimo, vital y móvil, podía seguir cobrando el plan, lo decía la misma reglamentación", precisó.

"Eso por un lado y por otro parte hubo algunos casos en los que se solapó, coincidió el cobro del plan un mes con el cobro del primer sueldo por la demora en la baja del plan. En esos casos tampoco imputamos a las personas en las que sucedió esa circunstancia particular", detalló Hairabedian.

Imputados

"Después hubo otro grupo de casos que a pesar de haber conseguido un trabajo en la administración pública provincial, se callaron, y siguieron cobrando el plan. En esos casos imputamos por defraudación contra la administración pública", indicó el fiscal

"Hemos tenido muchos casos, están repartidos en distintas fiscalías. Yo tengo bajo el análisis entre 40 y 50. Tenemos ahora por analizar unos cuántos casos más que estamos esperando unos informes que nos tienen que mandar del Ministerio de Capital Humano", anticipó en otra parte del diálogo con la emisora cordobesa

Al ser consultado sobre si los involucrados deben devolver lo percibido, el funcionario judicial respondió: "Sí, tienen que devolverlo porque es un cobro que no corresponde, es un cobro indebido, por eso son las imputaciones".

"Generalmente es gente que ha estado por debajo de la línea de pobreza y a veces los ingresos que tuvieron en la administración pública provincial son por ejemplo suplencia por unas pocas horas como docentes en algún colegio o becarios en alguna institución. Se estima que van a tener dificultades económicas para devolver lo que cobraron indebidamente", evaluó.

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Delito

Al referirse a la escala penal que establece la ley para el delito imputado, Hairabedian dijo que "la defraudación calificada contra la administración pública tiene una pena que va de 2 a 6 años de prisión".

Aunque luego hizo una aclaración importante:  "Para los casos en que el perjuicio económico causado por la persona sea bajo y no tenga antecedentes penales, la propia ley permite distintas alternativas. Por ejemplo, que una eventual pena sea en suspenso, si es inferior a tres años que no se a de cumplimiento en la prisión".

"También prevé la ley que si en los delitos de contenido patrimonial de escasa complejidad, el imputado paga el perjuicio ocasionado, repara integralmente, puede lograr la extinción de la acción penal", agregó.

"Se prevé que con los casos que tenemos actualmente, aún la hipotética situación de que lleguen a condena, no irían a la cárcel las personas que por unos pocos meses cobraron doblemente un plan y un sueldo en la administración", concluyó Hairabedian.