Por que la Justicia sostiene la imputación a Víctor Hugo “Vichi” Brizuela en una causa por estafas inmobiliarias

El juez de Control, José Milton Peralta, confirmó las prisiones preventivas de cuatro detenidos a raíz de la investigación por presuntas estafas inmobiliarias que se habrían cometido al vender inmuebles en pozo de los emprendimientos Praderas del Carmen, ubicado en Falda del Carmen, y Estancia de la Villa, en Villa General Belgrano. El caso involucra al conocido periodista y empresario de medios Víctor Hugo “Vichi” Brizuela, su esposa y dos hijos.

Los detenidos el 14 de noviembre del año pasado cuya prisión preventiva acaba de ser confirmada son: Pablo Marangonzin, Brian Emanuel Acosta, Rubén Francisco Cabanillas y Erika Mariana Acosta.

Para comprender cuál es el vínculo entre Brizuela y Marangonzín, hay que reconstruir el historial de las empresas con las cuales se comercializaron los emprendimientos en forma fraudulenta, según sostiene el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier.

El 12 de julio del 2014 Marangonzin y Acosta constituyeron la firma Farezi SA y el 15 de diciembre del mismo año crearon otra firma, AC House SA. En ambos casos el objeto social declarado fueron actividades como administradoras, fiduciarias, inmobiliarias, constructoras, comerciales, entre otras.

A partir de ambas se montaron las estructuras de venta de los dos loteos mencionados, cuyas oficinas de venta se habían instalado en un complejo del Cerro de las Rosas y luego se trasladaron a Valle Escondido. 

Según la investigación, todos tuvieron diferentes roles. Una de las imputadas es la escribana Raquel Ada Gilli Ponti de Gómez Tello, cuya firma aparece en los actos notariales; Erika Mariana Acosta, quien recibió e inscribió terrenos a su nombre para hacer desaparecer los lotes usados de manera fraudulenta. Las imputaciones incluyen al periodista Brizuela, su esposa María Alejandra Zárate y sus hijos Víctor Emanuel y María Florencia Brizuela.

Ellos celebraron un contrato de fideicomiso de administración de “Praderas del Carmen” como fiduciantes originantes inmobiliarios al ser propietarios de un terreno sobre el que se construiría el emprendimiento, que no se concretó. La fiduciaria era Farezi SA, la empresa creada por Marangonzín y Acosta.

El detalle era que si bien los titulares de la tierra eran los hijos, el inmueble tenía usufructo de los padres, Brizuela y su esposa quien, además, es abogada.

Cuándo conoció a Pablo Marangozian. La historia comenzó cuando el empresario de medios contactó a Pablo Marangonzin, “un empresario de vidriosa y escasa trayectoria”, se lee en la resolución del fiscal.

Marangonzin había contratado un espacio publicitario en diferentes programas radiales emitidos a través de la señal FM 104.7 Radio Sucesos, para publicitar otro emprendimiento inmobiliario denominado “Aires del Nordeste”. Eso ocurrió hasta que Marangonzin puso fin a la difusión publicitaria. 

Gavier reprochó a Brizuela las mentiras sobre el vínculo que unió a ambos. En la resolución se lee: “Víctor Hugo Brizuela, María Alejandra Zarate inician su escrito faltando a la verdad, refirieron que conocen a Pablo Marangonzin por medio de un empleado de la empresa Organización Sucesos SA, de nombre Ignacio Alcántara, siendo que este no era solo un empleado si no que Juan Ignacio Alcántara es socio de los nombrados imputados en la sociedad Bellavista Publicidad SRL, lo que nos permite inferir un vínculo de confianza entre ellos”. 

También objeta la afirmación de que hayan sido engañados. “La verdadera situación registral de los inmuebles - del lote en Falda del Carmen- fue intencionalmente deformada y disimulada detrás de una fachada que hacía creer a las víctimas que, a través de un boleto de compraventa, compraban un lote que se encontraba en perfectas condiciones legales para ser transferido y que obtendrían la correspondiente escritura pública dentro de exiguos y concretos términos que, carecía de todo respaldo fuera de la fábula construida por los encartados”.

Si bien los hijos eran los propietarios, las tierras no podían haber sido vendidas porque contaban con la protección que establece el usufructo en favor de sus padres.

“La documentación mencionada no hace más que confirmar la hipótesis sostenida por esta Fiscalía, en cuanto a que los imputados Brizuela – Zárate fueron parte de este plan ideado para estafar desde el inicio, tal es así que presumiblemente se ocuparon de las gestiones centrales relacionadas al inmueble”, advirtió Gavier. 

En síntesis, el fiscal les reprocha haber actuado con conocimiento de la maniobra. La intervención de la escribana Gilli Ponti de Gómez Tello, la connivencia de Pablo Marangonzin y Brian Emmanuel Clemente Acosta -socios de Farezi SA-, y la familia Brizuela Zárate, “lo hicieron con la clara finalidad fraudulenta de resguardar los inmuebles y mantenerlos indemne frente a los posibles embargos que pudieran incoar los compradores de unidades en pozo”.

Además, el emprendimiento Praderas del Carmen ni siquiera llegó a tener autorización de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Malagueño. Mal podrían haberla vendido sin un requisito imprescindible como este.

En el expediente judicial, hay más de 30 damnificados que se presentaron para reclamar justicia por las presuntas estafas perpetradas a partir de los dos presuntos emprendimientos.

El fiscal acusa a los imputados por asociación ilícita, estafas, falsedad ideológica y encubrimiento, según el caso y los roles desarrollados.