Perfil de delincuentes condenados: quemados por la droga, escasa o nula escolarización y excluidos socialmente

No sólo la sociedad y los vínculos han mostrado cambios frenéticos en los últimos años. También el delito, quiénes los cometen, para qué lo hacen, en qué contextos y de qué modo. “Estamos ante zombis”, describió en pocas palabras una fuente judicial consultada por este medio sobre el fenómeno delictivo que más impacta en la inseguridad y la sensación de miedo que tienen los ciudadanos.

Así describió el perfil de los delincuentes que se juzga a diario en los tribunales provinciales: altísimo consumo de drogas, exclusión social, falta de pertenencia familiar, inexistencia de escolarización o una educación sumamente acotada. Roban para consumir drogas y se drogan para robar. En ese estado salen a las calles en procura de lo que encuentren, aunque sea poco y nada en cuanto al valor monetario.

El panorama social del delito es desolador. Los acusados y condenados en los tribunales son personas salidas de un casting de pobreza y marginalidad, de “la sociedad de la miseria” como la define la ensayista Beatriz Sarlo, quien supo describir el fenómeno de enormes capas sociales “que se cayeron del mapa” en los ‘90 y que nunca más pudieron subir a superficie.

No es magia ni hay que sorprenderse. Es matemática pura. A mayor desigualdad social, hay más delito e inseguridad. Esas son las postales que arrojan los juicios abreviados iniciales realizados por los Juzgados de Control.

Desde hace tiempo, la Justicia de Córdoba intenta abordar de un modo particular la problemática de delitos en flagrancia. No son los de guante blanco, como estafas inmobiliarias o delitos financieros. Tampoco son casos donde se investigan grandes bandas dedicadas a robo de vehículos o autopartes; ni homicidios, o distintos tipos de violencia familiar, de género o narcotráfico.

Las flagrancias son robos y hurtos. Son arrebatos en la calle de carteras, teléfonos celulares y pertenencias; sustracción de neumáticos, baterías u objetos del interior de los autos; robo de cables o apropiación de elementos en viviendas que se pueden obtener al paso o ingresando a una casa, pero sin contar con logística de envergadura.

Hay ocasiones en que la reacción a tiempo de las víctimas interrumpe el delito o permite atrapar a los ladrones hasta que llega la Policía –se les denomina aprehensiones civiles– y entrega el procedimiento al Centro de Recepción en Tribunales 2 o a las Unidades Judiciales (UJ). Así se abren los expedientes que investigan los fiscales.

Para imprimir mayor celeridad al trámite, después de la detención de personas por este tipo de delitos en flagrancia, se realizan audiencias orales –antes todo era escrito– en los Juzgados de Control. Allí, se ven cara a cara el fiscal, el delincuente y su defensor o defensora. Se analiza el hecho y si debe permanecer detenido o se lo libera.

Son casos procesalmente simples porque está todo a la vista: las pruebas del delito, las víctimas y el procedimiento policial, por lo que los delincuentes suelen confesar. Así se realizan los denominados juicios abreviados iniciales, que terminan en fallos con sentencia condenatoria. Son hechos que se resuelven en pocos meses. 

PERFIL CÓRDOBA dialogó con jueces de Control que presiden esas audiencias y establecen las penas. La consulta fue: ¿Cuál es el perfil de los condenados? De ese relevamiento periodístico surgieron conclusiones coincidentes.

Encuentran parámetros constantes: marginalidad, exclusión social, falta de escolaridad y familias numerosísimas con falta de posibilidad o trabajo de los padres. Tienen entre 18 y 30 años, pueden ser “primarios” en el delito, es decir no tener antecedentes computables ni condenas previas, pero la mayoría ya tuvo problemas con la ley penal siendo menor de edad.

Lo primero que se pregunta a un acusado en las audiencias son sus datos personales, si tiene trabajo, si estudia y si consume drogas. Mientras antes pocos reconocían adicciones, hoy la excepción son los que no la tienen. Un 98% consume y muchos de ellos presentan problemáticas sanitarias serias.

En los informes químicos de orina salta la presencia de benzodiazepina, un psicotrópico que actúa como sedante, además de marihuana y cocaína. El consumo de cocaína también tiene sus particularidades. En muchos casos no hay una ingesta directa sino a través del denominado “cigarrillo nevado”, el porro de marihuana con polvo de esa sustancia, a modo de aditivo.

“Hay delincuentes que pueden tener un techo donde vivir, pero la caída en consumos problemáticos desvía el eje de su interés: roban para drogarse y se drogan para delinquir”. comentó un juez y agregó: “El delito es una consecuencia directa de un estado de turbación mental, de falta de frenos inhibitorios e incapacidad de ponderar el daño que se causa frente al valor de lo que roba”.

Qué roban y qué condenas reciben. En muchos casos, se hurtan elementos de escasísimo o nulo valor. Hubo un delincuente que llegó al abreviado inicial por escalar una medianera, ingresar al patio de una casa y llevarse un cajón con botellas vacías. Otros ingresan a comercios a robar mercadería y se quedan dormidos. Hay una enorme desproporción entre el botín logrado y el trauma que generan en las víctimas. Pareciera que el incentivo es únicamente el delito.

Los hechos de hurtos simples tienen escalas penales bajas. Pueden terminar en condenas de ocho meses a un año de prisión. La situación del delincuente se agrava si es nuevamente detenido por hechos posteriores.

Cuando el robo es calificado por escalamiento o uso de armas –aunque no estén operativas– la sanción es mayor.

En todos los casos, los jueces van formando el criterio de alejarse del mínimo previsto por el Código Penal por tres motivos: por la cantidad de hurtos y robos cometidos –hay algunos que llegan por 10 hechos en poco tiempo–, porque generan temor en la ciudadanía y por una actitud refractaria con el sistema penal. Se perdió respeto por la ley.

Un magistrado explicó: “No sólo se evalúa el delito contra la propiedad, sino se pondera que se ha violado la libertad individual porque la gente cambió hábitos, por ejemplo, dejó de hablar por teléfono en la calle porque sabe que puede ser asaltada para quitarle el aparato”.

Cuando son delitos excarcelables (hasta 3 años) y no tienen antecedentes, el criterio es pena de ejecución condicional. Hay que aclarar que todos ya estuvieron detenidos en forma preventiva hasta llegar al juicio. Y al haber una condena es un antecedente computable que luego evitará la denominada “puerta giratoria”.

Cuando hay armas o invasión a la propiedad privada, el robo calificado tiene un mínimo de 5 años de prisión.