Paritaria docente: cuando la ‘ayuda’ de la Nación se convierte en un problema

El Estado nacional había comenzado a reducir su intervención en funciones provinciales, pero la reciente intromisión en la paritaria docente marca un retroceso. En lugar de incentivar una gestión eficiente, se generan ineficiencias y conflictos. ¿Tiene sentido que la Nación se inmiscuya en asuntos provinciales?

El año pasado, el Estado nacional dio un paso en el sentido de ordenar la gestión educativa eliminando programas nacionales que invaden funciones provinciales. El caso más notorio es el FONID, a través del cual la Nación se hacía cargo de una pequeña fracción de los salarios de los docentes provinciales.

Sin embargo, en un giro de estrategia, este año volvió a convocarse una paritaria nacional para fijar el salario docente.

La intervención del Estado nacional en la determinación de un salario que pagan las provincias carece de lógica. Si una provincia ofrece sueldos bajos debido a una mala administración de sus recursos o a un bajo nivel de desarrollo, la paritaria nacional no tiene posibilidades de resolver el tema, pero agrega nuevos problemas.

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Por un lado, una negociación centralizada para determinar los salarios de todas las provincias no contribuye a una solución, ya que no incentiva una mejor gestión ni fomenta el desarrollo. Por el otro, se generan nuevas complicaciones.

Una de las razones más perjudiciales es que la mayoría de las provincias ya habían realizado un gran esfuerzo para acordar con sus gremios locales la actualización de las escalas salariales. Aun así, el ciclo lectivo comenzará con paros docentes debido al conflicto derivado de la paritaria nacional, un problema ajeno al Estado nacional y sobre el cual no tiene competencia para intervenir.

Esta intromisión en una función propia de las provincias, como la fijación del salario docente, lleva a cuestionar la arraigada práctica del Estado nacional interviniendo en roles provinciales y municipales. ¿Son una ayuda o una fuente de más problemas?

Solapamientos

Existe una percepción, bastante generalizada, de que el financiamiento nacional para sostener servicios que son responsabilidad de las provincias es una medida positiva. A menudo, estas intervenciones se presentan como un apoyo de la Nación para que las provincias puedan cumplir con sus responsabilidades. Pero, ¿realmente es así?

En el caso de la educación, la gestión de la educación básica es una responsabilidad exclusiva de las provincias. Así lo establecieron ellas mismas en el artículo 5° de la Constitución Nacional, al garantizar en sus propias constituciones provinciales la administración del sistema educativo. En sus 24 cartas magnas, las provincias ratificaron su compromiso de gestionar la educación inicial, primaria y secundaria.

El Ministerio de Educación de la Nación no administra escuelas, pero cuenta con una gran burocracia dedicada, en gran parte, a interferir en la gestión provincial. Un claro ejemplo es la negociación del salario docente, a pesar de que los salarios los pagan, como corresponde porque son sus empleados, las provincias.

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Este patrón de intervención no se limita a la educación. Áreas como salud, vivienda y asistencia social también han sido históricamente objeto de intromisiones nacionales, a pesar de ser competencias exclusivas de las provincias.

Lo que es planteado como una “ayuda” del Estado nacional, en la práctica es una fuente de derroche de recursos. Más burocracia porque se superponen estructuras administrativas que hacen lo mismo y son difíciles de coordinar.

Por otro lado, genera malos incentivos en el ámbito local: en lugar de enfocarse en gestionar eficientemente sus recursos, los funcionarios provinciales y municipales terminan concentrando esfuerzos en congraciarse con la discrecionalidad del gobierno central. Así, bajo estas reglas, resulta más conveniente para un funcionario local buscar el favor de los funcionarios nacionales, que administrar con eficiencia y austeridad los recursos que la sociedad le confía para cumplir con sus responsabilidades. Lo más grave es que se diluyen responsabilidades. Cuando las cosas salen mal es fácil asignar culpas a otras jurisdicciones. El control social se diluye.

Idas y vueltas

El gobierno de Milei mostró una clara orientación a eliminar solapamientos. Se estima que los gastos nacionales en funciones provinciales pasaron del 2,6% del PBI en el 2023 al 1,2% del PBI en el 2024. Este ajuste se logró principalmente mediante la eliminación o disminución de programas nacionales en asistencia social, de salud y educación.

Sin embargo, la decisión de intervenir en la paritaria docente va en el sentido contrario. En lugar de consolidar el camino hacia una gestión más ordenada y eficiente, el Estado nacional vuelve a entrometerse en competencias que no le corresponden.

Separar con claridad la asignación de funciones entre la Nación y las provincias y entre éstas y sus municipios es clave para mejorar la eficiencia del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos. Cuando las acciones se superponen, se generan confusión, dilución de la rendición de cuentas y un gasto innecesario que termina afectando la calidad de la gestión pública.

(*) Coordinadora de Investigación de Idesa