La estrategia en la defensa de los funcionarios

En mi última columna hice referencia a una percepción que venía teniendo en relación a que el juicio estaba transitando una etapa donde se pretendía determinar la eventual responsabilidad de Brenda Agüero y no tanto profundizar la de los funcionarios. Esto no quiere decir que el resto de los imputados no tengan su estrategia y que la transite desde el inicio del debate.

Me interesa señalar que, desde el punto de vista estratégico, nos encontramos con dos grandes clases de funcionarios. Por un lado, aquellos que cumplían su función fuera del Hospital –en el Ministerio de Salud–, y el resto que lo hacía dentro de la institución.

En esta primera categoría se encuentran Diego Cardozo, exministro de Salud provincial, a quien se lo juzga por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. A Pablo Miguel Carvajal, exsecretario de Salud y a Alejandro Gabriel Gauto, exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud, se les atribuye el mismo delito que a Cardozo y en similar extensión. 

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Dentro de la otra categoría de funcionarios que sí prestaban servicios en el Hospital se encuentra Liliana Asís, exdirectora, imputada por los mismos delitos que los anteriores; la Dra. Claudia Elizabeth Ringelheim, exsubdirectora del Hospital Materno Neonatal, imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente agravado. Por su parte, la Dra. Martha Elena Gómez Flores, exjefa del Servicio de Neonatología, se le atribuye la omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento calificado, además del delito de falsedad ideológica. 

Luego, a la Dra. Adriana Luisa Moralez, médica especialista en Neonatología, y Julio Alejandro Escudero Salama, abogado, exsubdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, se les atribuyen los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento calificado.

En cuanto a Alicia Beatriz Ariza, exjefa de Enfermería del Hospital está siendo juzgada como supuesta autora de omisión de deberes de funcionario público.

Por último, la Dra. María Alejandra Luján, excoordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, se le achaca la omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

En dos palabras, encubrir, en los términos de las atribuciones, implica sostener que los funcionarios ocultaron los homicidios de algunos niños y los intentos de homicidio de otros, conducta que se agrava en razón de ser funcionarios públicos. Por su parte, la omisión de los deberes de funcionario público, se relaciona con que, en algún caso, ese ocultamiento se materializó omitiendo hacer la denuncia penal de lo que ellos sabían eran delitos. Finalmente, la falsedad ideológica se vincula con la conducta de fraguar el contenido de documentos públicos, entre otros, partidas de defunción de los niños.

Señalaré a continuación algunas líneas que pueden adivinarse en la estrategia de los imputados y sus abogados.

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Por un lado, como estrategia común, todos los funcionarios han de sostener que jamás se pensó en la posibilidad que las muertes de los niños pudieran explicarse por la acción intencional de una persona, sino por cuestiones técnico médicas, o sea, por condiciones preexistentes o por algún defecto en la medicación o en los procedimientos y la principal razón para sostener eso es que todos los imputados son personal calificado de salud cuya vocación ha sido salvar vidas, no quitarlas. Y esto es un argumento muy bueno en la medida que el encubrimiento es un delito doloso, esto es, debo conocer que estoy ocultando un delito; si yo no creo que sea delito, cualquier conducta que despliegue no resulta un encubrimiento. Lo mismo ocurre con el delito de omisión de los deberes de funcionario público. Solo puedo omitir denunciar un delito, cuando conozco que existe un delito y cuando conozco que tengo la obligación de denunciarlo. Aquí, reitero, ninguno de los funcionarios afirman haber estado frente a múltiples homicidios intencionales. Por último, la falsedad ideológica exige lo mismo, saber que las expresiones contenidas en los certificados de defunción son falsas. O sea, saber que los niños no murieron por un paro cardiorrespiratorio tal como dicen los certificados, sino por otro motivo.

Una segunda arista estratégica de los funcionarios se vincula con la categorización que planteé. Era mucho más difícil sospechar que estábamos frente a hechos intencionales de homicidios para los funcionarios que prestaban servicios en el Ministerio, que para los que lo hacían en el hospital. En este sentido, Cardozo, Carvajal y Gauto, se encuentran en una situación diferenciada al resto. 

Otro argumento válido y que se vincula con el anterior es el relativo al lugar que los funcionarios ocupan en la pirámide jerárquica. En este marco, un planteo defensivo razonable que podrían utilizar los agentes de mayor rango es que, sus labores son muchísimas, su ámbito de competencias es enorme y se irradia hacia toda la provincia de Córdoba y que, además, existen instancias intermedias muy importantes que encontrándose más próximas al ámbito donde ocurrían los hechos, tenían más información y mejores herramientas para valorar los sucesos. Por su parte, los de menor jerarquía, podrían afirmar que no puede ser de ellos la obligación de denunciar si otros funcionarios más importantes del propio hospital, con capacidad de dirección, conocían los sucesos.

Finalmente, respecto de los funcionarios que se encuentran imputados de encubrimiento por haber omitido denunciar las muertes a la justicia podrían hacer referencia a que no les cabía la obligación de denunciar formalmente un hecho del que el Poder Judicial ya tenía conocimiento a partir de la reunión del 16 de mayo entre el Fiscal Dr. Guillermo González, el médico forense Dr. David Dib y el imputado Alejandro Escudero Salama, donde se le habría hecho referencia al fiscal de la situación que se venía atravesando. Cabe señalar que esta reunión mereció una investigación penal que luego fue archivada definitivamente en razón de considerarse que no existió delito alguno que atribuir a sus participantes.

Esta próxima semana se ventilarán cuatro testimonios centrales para la posición de los funcionarios, a las que habrá que estar atentos.

*Abogado, especialista en Derecho Penal