Ferreira Rubio: “Las sospechas sobre Lijo afectarán la credibilidad de la Corte en su conjunto”

-¿Cómo se combate la corrupción estructural de la Argentina?
-Nuestro país registra este año 37 puntos sobre los 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Ha venido descendiendo en el ranking desde 2019. Para frenar la corrupción hace falta trabajar en cuatro direcciones al mismo tiempo. Necesitamos más transparencia e información; mejorar el sistema de integridad pública; terminar con la impunidad, y acabar con la tolerancia social. Desde el punto de vista institucional es necesario encarar una reforma de la ley de ética pública y la creación de una oficina anti-corrupción que no dependa del gobierno de turno. El que controla no puede depender del controlado. Y es muy importante acabar con la cultura de las “no-consecuencias”. La falta de controles eficientes y la impunidad en los casos de corrupción son un incentivo para el abuso del poder en beneficio personal.

-¿Este gobierno ha adoptado medidas en ese sentido? 
-El gobierno ha iniciado denuncias sobre presuntos hechos de corrupción del gobierno pasado y algunos de la propia gestión. Realizar los controles y auditorias indispensables en el manejo de los recursos públicos es central y también hacer las denuncias pertinentes. Ahora corresponde a la justicia resolver y hacerlo en tiempo oportuno. Esperemos que esté a la altura, aunque hemos visto durante décadas que las causas por corrupción se mueven a paso lento y según soplan los vientos de la política.

-¿Hay una demanda social real de combatir la corrupción? En la mayoría de las encuestas la gente responde que uno de los principales problemas del país es la corrupción.
-En efecto, las encuestas señalan que hay un reclamo de lucha contra la corrupción sobre todo por la indignación que provoca la revelación de los abusos cometidos. Esa demanda coincide con la esperanza de un cambio posible. Pero la confianza de la gente se pierde rápidamente si no ve resultados, en este caso, sanciones.

-Usted dijo en una entrevista que “no hay voluntad política” para combatir la corrupción. ¿Eso incluye al sistema político y judicial, más allá del gobierno?
-Sin lugar a dudas, el poder judicial es clave para poner freno a la corrupción. Hay causas por corrupción que demoran dos décadas en Argentina y terminan prescribiendo, envueltas en un juego interminable de recursos y apelaciones y “arrepentidos que se arrepienten de haberse arrepentido”. El proceso de Kafka es un cuento infantil al lado de los procesos por corrupción en Argentina. La impunidad es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.

-¿Qué demuestra la propuesta del juez Ariel Lijo para que se integre a la Corte?
-Terminar con décadas de decadencia institucional exige una Corte Suprema intachable y libre de sospecha. La incorporación del juez Lijo no aporta nada en esa dirección. Los jueces deben ser intachables, irreprochables, su integridad debe estar fuera de duda. Deben ser y parecer. Esa doble condición es esencial porque sobre ellas se edifica la confianza de la ciudadanía en la institución. En torno al juez Lijo se han planteado múltiples objeciones y denuncias relacionadas con manipulación de los tiempos procesales y paralización de las causas que tramitan ante el juzgado a su cargo, sospechas sobre su patrimonio, vínculos con operadores e “influencers” judiciales, dudas sobre conflictos de interés, sospechas de parcialidad hacia intereses económicos o políticos, además de otras vinculadas a su falta de especialización en el área de competencia de la Corte, la falta de antecedentes académicos relevantes y la falta de atención a los parámetros establecidos en el Decreto 222/03. Todas las situaciones y conductas denunciadas se relacionan con el problema mayor que afecta al juez Lijo: la falta de integridad. Las sospechas sobre Lijo afectarán la credibilidad de la Corte en su conjunto.

-Usted fue muy dura con esa propuesta por parte del Gobierno. ¿Por qué lo objeta?
-La integridad de los jueces es central para generar confianza. Cuando la actuación de un juez -o de un candidato a juez- genera dudas sobre su permeabilidad a los intereses políticos o económicos; cuando su conducta y sus contactos generan sospechas de conflictos de interés; cuando hay repetidas denuncias públicas sobre irregularidades en el ejercicio de la función; cuando todo esto sucede, la integridad del juez se ve afectada y se desvanece. La confianza en su ecuanimidad, imparcialidad e independencia se desploman. La seguridad jurídica desaparece. Y sin seguridad jurídica, no hay garantía alguna para la vida, la libertad y la propiedad. Sin seguridad jurídica no hay incentivo para las inversiones. Sin seguridad jurídica no hay crecimiento. Sin seguridad jurídica campean la corrupción, la impunidad, los privilegios, las prebendas, los negociados. Pierden los ciudadanos de bien y gana la casta, para ponerlo en los términos del Presidente Milei.

-¿Cuánto le preocupa que no se hayan propuesto mujeres para los cargos vacantes?
-No es que me preocupe; me parece lamentable y un claro retroceso en la calidad de las instituciones democráticas del país. En Argentina hay muchas mujeres juezas, abogadas y académicas que reúnen las condiciones de integridad indispensable para integrar el máximo tribunal y superan en antecedentes académicos al abogado Lijo.