CONCURSO JUDICIAL

Escándalo en tribunales: la defensa del asesor Caeiro rompe el silencio y da su versión de la presunta filtración del examen

Miguel Ortiz Pellegrini se sumó como codefensor. Dice que “no hay ningún testimonio directo” de la confesión de una de las beneficiadas. Presentaciones ante el TSJ y el fiscal Gavier que investiga si hubo delito, tras el pedido de Jury del gremio.

ESCÁNDALO. Se investiga la presunta filtración de un exámen en un concurso para producir ascensos. Foto: Cedoc Perfil

Rompe el silencio la defensa del asesor letrado, Eduardo Caiero, investigado administrativa y penalmente por la presunta filtración de un examen en el marco de un concurso para generar ascensos del personal en la carrera judicial, en las asesorías públicas.

En la tarde de ayer se sumó a la defensa técnica el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien ahora comparte la tarea con Alejandro Pérez Moreno.

MIGUEL ORTIZ PELLEGRINI. Se acaba de incorporar a la defensa.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Ortiz Pellegrini da por primera vez una versión desde la perspectiva de Caeiro, sobre los episodios que lo colocaron en el centro de las sospechas. 

La incorporación del nuevo abogado explica en parte el cambio de estrategia, de salir a explicar la postura del asesor letrado. Se suma al hecho de que, en la tarde de ayer, el gremio de empleados judiciales emitiera un comunicado anunciando que presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento para pedir un juicio de destitución al magistrado.

“El pedido de jury aparece como una sobreactuación”, afirmó Ortiz Pellegrini al señalar que la entidad gremial hizo la denuncia administrativa que se encuentra en pleno trámite. En ese marco, el viernes pasado la defensa realizó una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia, del cual depende la Oficina de Sumarios..

“Sin esperar el resultado, piden que lo echen”, advirtió Ortiz Pellegrini comparando la situación de Caeiro con el fiscal Raúl Ramírez sobre el cual nadie solicitó medidas para apartarlo cuando ya está imputado por la desaparición de drogas en Cruz del Eje.

El punto central de la postura defensiva se sintetiza en que “no existe ningún testimonio directo” de que alguna de las beneficiadas haya confesado haber recibido de antemano las preguntas del examen. “Son dichos de dichos”, destacó Ortiz Pellegrini. “Se tiende un puente demasiado largo, porque la empleada presuntamente beneficiada negó haber dicho que tenía el contenido del examen y también lo negó la compañera que habría escuchado de su boca esa situación”, explicó el abogado.

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En esos términos se refirió a la situación que trascendió respecto a que la empleada -una de las presuntamente beneficiadas- Paz Sonzini Astudillo habría comentado a su compañera (G.L.) que tuvo el contenido del examen de antemano. “No existe en el sumario tal testimonio” reiteró el abogado. “Cuando fue a declarar ella negó haber escuchado” lo que todos dicen que oyó.

Este medio le consultó si este detalle también fue incorporado al expediente penal a cargo del fiscal Enrique Gavier. “La base de esa causa es el sumario administrativo” respondió.

“Solo tenemos un rumor -insistió- y las únicas declaraciones que valen son las que se hacen en sede judicial”.

EDUARDO CAEIRO. Es asesor letrado y fue integrante del tribunal del examen que se habría filtrado.

Otro aspecto que sumó el abogado es sobre el sistema de corrección “Remark Office”. “Existen inconsistencias en los resultados y también lo estamos planteando”. afirmó

Pero también pidió abrir la investigación al resto de los magistrados que integraron el tribunal con Caeiro y a funcionarios que intervinieron en el proceso de evaluación. El tribunal estuvo integrado por Pablo Pupich y Ana Pagliano. “Hemos pedido al fiscal que los investigue también a ellos”, señaló Ortiz Pellegrini. 

En ese aspecto, indicó que el asesor letrado Pupich -quien es candidateado por el gobierno provincial para la defensoría General Adjunta- integra la cátedra en la Universidad Católica junto a Eduardo Caeiro, es decir también es profesor de las presuntas beneficiadas.

“El contenido del examen era conocido por todo el tribunal”, finalizó.

Por el caso, hay un sumario administrativo abierto a instancias del gremio de empleados judiciales. Se corrió vista a la Fiscalía General y ésta envió los antecedentes al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Ambas investigaciones se encuentran en trámite. 

Y ayer se sumó una nueva presentación de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj) ante el Jury. Son todos los frentes abiertos para el asesor letrado Eduardo Caeiro.