El progreso que nos prometen depende de la energía que nos falta

Argentina se encuentra en una encrucijada energética que pone en crisis cualquier plan económico y de crecimiento. A modo de ejemplo, el pasado 1 de julio, un día cálido, sin sufrir temperaturas extremas, el sistema interconectado nacional se vio obligado a importar energía de varios países vecinos para satisfacer su demanda interna. En concreto, se importaron 273 MW de Uruguay, 1569 MW de Brasil, 10 MW de Paraguay y 69 MW de Bolivia. En el mes de mayo del corriente año se importaron 438.800 MWh, lo que significó un desembolso de US$ 45.240.280.

Ahora bien, por un lado, nuestro país posee un potencial energético extraordinario, con recursos naturales abundantes y diversificados que podrían convertirlo en un líder regional en materia de generación eléctrica. Por otro lado, enfrentamos un déficit crónico de infraestructura que nos impide aprovechar plenamente ese potencial y nos obliga a importar energía, con el consecuente drenaje de divisas y la vulnerabilidad que eso implica para nuestra economía.

Históricamente, Argentina ha necesitado importar energía eléctrica de países vecinos para satisfacer tanto la demanda domiciliaria como la de pymes e industrias. Esta situación, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos años. La crisis energética experimentada en mayo y junio de 2024, que obligó a aumentar las importaciones y realizar cortes de suministro, es un claro ejemplo de la fragilidad de nuestro sistema energético.

Lo más preocupante de esta situación es el impacto económico que tiene en nuestro país. Argentina gasta anualmente miles de millones de dólares en importar gas de países limítrofes, principalmente de Bolivia. En los últimos años, este gasto ha oscilado entre los 2.000 y 5.000 millones de dólares anuales, dependiendo de los precios internacionales del gas y de las condiciones climáticas que afectan la demanda interna.

Los recursos están
Este drenaje constante de divisas representa una carga significativa para nuestra economía y limita los recursos disponibles para inversión en infraestructura energética propia. El problema no radica en la falta de recursos. Argentina es el segundo país del mundo en reservas de shale gas y el cuarto en shale oil. Además, ocupa el cuarto puesto en la región en energía eólica y solar, con un potencial de crecimiento aún mayor.

Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura de generación y, sobre todo, de transporte de energía, nos impide aprovechar estas ventajas comparativas. El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se encuentra saturado. La capacidad de transporte apenas se ha ampliado un 5% en la última década, lo que actúa como un cuello de botella para la incorporación de nueva generación, especialmente de fuentes renovables.

Esta situación es particularmente grave si consideramos que muchos de nuestros recursos energéticos se encuentran en zonas alejadas de los grandes centros de consumo. La transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible es una necesidad imperiosa, no sólo por razones ambientales, sino también económicas.

Las energías renovables, que actualmente representan alrededor del 18% de nuestra matriz energética, tienen el potencial de reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles importados y mejorar nuestra balanza comercial. Para lograr este objetivo, es fundamental implementar políticas públicas que incentiven la inversión en energías renovables y en infraestructura de transporte.

Visión de largo plazo
El Plan Federal de Transporte Eléctrico, que busca construir cerca de 5.000 kilómetros de líneas nuevas de alta tensión, es un paso en la dirección correcta, pero se necesita una visión más ambiciosa y de largo plazo. Es crucial que estas políticas tengan un enfoque federal, que permita aprovechar los recursos de cada región del país.

La minería, por ejemplo, es una industria que requiere un suministro eléctrico confiable y que puede actuar como motor de desarrollo en zonas alejadas. Provincias como Catamarca, Salta y Jujuy ya están mostrando el potencial de este sector para generar empleo y crecimiento local. Asimismo, es necesario fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector energético. El hidrógeno verde, por ejemplo, representa una oportunidad única para Argentina, dado nuestro potencial en energías renovables. La falta de inversión en infraestructura energética no sólo limita nuestro crecimiento económico, sino que también nos hace más vulnerables a crisis externas y a los efectos del cambio climático.

Un obstáculo fundamental para el desarrollo energético de Argentina ha sido la falta de una política energética de Estado a largo plazo. Lamentablemente, nuestro país ha sufrido durante décadas de una ausencia de previsibilidad y de un plan estratégico coherente en materia energética que trascienda los ciclos políticos. Cada cambio de gobierno trae consigo una revisión, y a menudo una reversión, de las políticas energéticas implementadas por la administración anterior.

Este fenómeno afecta particularmente a las obras de infraestructura medulares y centrales, que son esenciales para el desarrollo sostenible del sector energético. Proyectos que requieren años, sino décadas, para su planificación, ejecución y puesta en marcha, se ven sometidos a constantes vaivenes políticos que retrasan su concreción o, en el peor de los casos, los paralizan por completo.

Un ejemplo claro de esta problemática es el caso del Gasoducto Néstor Kirchner. A pesar de su importancia estratégica para aprovechar los recursos de Vaca Muerta y reducir la dependencia de importaciones, la obra ha sufrido demoras y cambios de rumbo con cada transición gubernamental. Situaciones similares se han vivido con proyectos hidroeléctricos, nucleares y de energías renovables a gran escala. Por ello, es imperativo, que a tenor de la importancia estratégica para cualquier plan económico y de crecimiento, debiera estar en los puntos del “Pacto de Mayo” planteado por el gobierno nacional.

En conclusión, Argentina tiene todas las condiciones para convertirse en un líder energético regional. Contamos con recursos naturales abundantes, un sector empresarial dinámico y profesionales altamente capacitados. Lo que necesitamos es una política de Estado que priorice la inversión en infraestructura energética, con un enfoque en las energías renovables y en la modernización de nuestras redes de transporte.

El camino hacia la soberanía energética y la sostenibilidad ambiental es largo, pero los beneficios son innegables: mayor seguridad energética, reducción de costos para industrias y consumidores, creación de empleo de calidad y un importante aporte a la lucha contra el cambio climático. Además, dejar de gastar miles de millones en importaciones de gas liberaría recursos para invertir en nuestro propio desarrollo energético. Es hora de despertar al gigante energético que duerme en nuestro país y transformar nuestro potencial en realidad.

Vocal del ERSeP