Edad de imputabilidad: el 3,3% de los delitos en Córdoba fue cometido por chicos no punibles
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, consideró que hay que bajar la edad de imputabilidad tras la viralización de nuevos hechos delictivos protagonizados por menores en Córdoba.
En medio del debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, el juez cordobés de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, destacó que, en Córdoba, apenas el 3,3% de los delitos fue cometido por menores no punibles. El dato contrasta con las consideraciones de Quinteros, ministro de Seguridad del Gobierno provincial.
En una entrevista con Punto y aparte (90.7 Punto a Punto Radio), Morabito brindó datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y enfatizó que la participación de menores en delitos en la provincia es marginal.
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Las declaraciones del juez surgen a partir de la propuesta del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien, en diálogo con medios radiales durante esta semana, consideró necesario revisar la edad de imputabilidad, un tema que genera posturas enfrentadas en la sociedad.
Morabito señaló que, entre 2022 y 2023, sólo el 1% de los menores de 18 años en Córdoba tuvo contacto con el sistema penal, y apenas el 0,1% tenía entre 13 y 15 años, el grupo etario que se busca incluir en el sistema penal a través de la baja de imputabilidad. El juez indicó que la intervención estatal en casos graves es necesaria, pero remarcó que esta no debe implicar medidas punitivas.
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Además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba se expresó al respecto, estableciendo en octubre de este año que los chicos no punibles no deben ser privados de libertad en ninguna circunstancia. En 2022 y 2023, sólo 38 menores ingresaron al Complejo Esperanza sin alcanzar la edad de imputabilidad, una cifra baja considerando la cantidad de delitos en la provincia.
Morabito también remarcó la importancia de fortalecer los sistemas de protección integral para abordar la problemática fuera del ámbito penal, aunque reconoció que los recursos estatales muchas veces no son suficientes para atender estos casos adecuadamente.
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