Debía recibir quimioterapia, pero no le entregaron el medicamento: "Ponen en riesgo mi vida"

Diagnosticada con cáncer de endometrio en julio de 2023, Irene Ferreyra Ambroggio logró superar inicialmente la enfermedad, pero en octubre del mismo año recibió un nuevo diagnóstico: cáncer de peritoneo. Desde entonces, su lucha no solo ha sido contra la enfermedad, sino también contra un sistema burocrático que le niega el acceso oportuno a los fármacos que podrían salvarle la vida.

El 21 de enero pasado, Irene recibió una aplicación de quimioterapia, y ese mismo día su oncóloga solicitó los medicamentos para la siguiente sesión. Sin embargo, a pesar de que la obra social Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) autorizó el pedido el 27 de enero, el laboratorio lo rechazó debido a una inconsistencia en la cantidad de cajas solicitadas.

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Desde entonces, Irene viene enfrentando una serie de obstáculos, como la solicitud repetida de estudios ya presentados y la sugerencia de cambiar su medicamento por uno más económico, algo que sus médicos desaconsejan rotundamente.

"Mis oncólogos me dicen que cambiar el medicamento en este momento sería una bomba en mi organismo. Tengo que seguir sí o sí con este tratamiento", relató la docente con voz entrecortada en una entrevista en el programa Última Pregunta por Radio Continental Córdoba.

A pesar de tener todo en regla, la obra social ha dilatado la entrega de los fármacos, lo que impidió que Irene recibiera su quimioterapia programada para este viernes 7 de marzo.

La mujer, con una pensión de jubilación limitada, no tiene la posibilidad de costear por su cuenta los medicamentos, cuyo precio ronda los 5 millones de pesos por caja, más una inyección que supera los 10 millones. “Es imposible, ya ni siquiera pregunto el costo porque sé que no puedo pagarlo", dijo desesperada.

Ante esta situación, Irene inició acciones legales mediante un recurso de amparo para garantizar su derecho a la salud. Sin embargo, el trámite judicial también implica una espera que, en su caso, podría ser fatal. "Tengo que esperar al menos 10 días, y luego el laboratorio demora otros tres o cuatro días en entregar los medicamentos. Mientras tanto, mi tratamiento se retrasa y mi salud empeora. Ponen en riesgo mi vida", explicó.

Crítica a las políticas de ajuste

El testimonio de Irene no solo expone las fallas de su obra social, sino que también pone en evidencia las consecuencias de las políticas de ajuste en el sistema de salud. "No acepto que jueguen con la vida humana. Esto no es solo por mí, sino por todas las personas que están en mi misma situación", denunció.

Su caso se enmarca en un contexto nacional preocupante, donde el Gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, argumentando una reestructuración para eliminar duplicidades y optimizar recursos. Sin embargo, organizaciones y pacientes temen que esta medida afecte la calidad y continuidad de los tratamientos oncológicos en el país.

En la entrevista, Irene agradeció el apoyo de su familia y amigos, pero reconoció que la incertidumbre y la burocracia están afectando su salud emocional y psicológica. "Estoy muy mal, pero me aferro a mi familia y a mis amistades. Sé que este es mi derecho, y por eso me la voy a jugar", afirmó.