De Loredo golpea a Llaryora por supuesta "zona liberada a narcos" en Marcos Juárez

En menos de 24 horas, el diputado nacional Rodrigo de Loredo reforzó su embestida contra el gobierno de Martín LLaryora por los “estadios crecientes de inseguridad” que registra Córdoba. Junto al senador Luis Juez, el referente radical impulsó el juicio político al ministro Juan Pablo Quinteros. Además, acompañado por la tropa, desembarcó en Marcos Juárez, “zona caliente” de paso de los narcos de Rosario.

En estos dos movimientos del opositor boina blanca de los últimos días, De Loredo endureció el golpe de “unidad” de Juntos por el Cambio a Llaryora y apuntó al talón de Aquiles del gobierno del PJ: la inseguridad creciente en la provincia. 

La plataforma de salidas a territorio, que inició hace dos semanas en Cruz del Eje, le permiten a De Loredo ejercitar músculo de su liderazgo dentro del partido y erigirse como referente de la construcción de una alternativa de gobierno, de cara al 2027. A su vez, el objetivo de “contener” a los radicales del interior resulta un factor clave en su meta del armado opositor. 

En la mesa de trabajo en Marcos Juárez, junto a las fuerzas vivas y sectores productivos de la región, la problemática de la inseguridad fue el tema central que afloró en el análisis de situación. Flanqueado por el jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, y por el presidente electo del partido, Marcos Ferrer, De Loredo fue al hueso: “Llaryora no descentraliza, se desliga”.

De este modo, el diputado cargó duro por la nueva ley de Seguridad Pública, un caballito de batalla de la gestión llaryorista. Según su queja, el gobierno “traslada a los municipios responsabilidades clave” como la seguridad, “pero sin el financiamiento necesario”.

Tras calificar como “crítica” a la situación de inseguridad en la provincia, De Loredo habló de “zona liberada” a los narcos ante el paso de frontera entre Marcos Juárez y Santa Fe (Rosario). “A menos de dos horas en auto está Rosario, allá persiguen a los narcos que se vienen para esta zona porque está liberada”, cuestionó al apuntar contra Quinteros y Llaryora.

En su diagnóstico, que compartió con Gvozdenovich –su lugarteniente en el territorio– junto a los departamentales Carlos Carignano (Marcos Juárez) y Carlos Briner (Unión), el máximo exponente de Generación X le recordó al poder llaryorista la promesa incumplida de instalar una delegación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). “La municipalidad alquiló el lugar en marzo, pero la policía nunca llegó”, arremetió.

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Penetración narco

El jefe de la bancada radical en la Unicameral avivó el reclamo por “zona liberada” al cargar duro contra la autoridad política en materia de seguridad. “Nos preocupa la entrada de narcos en los departamentos Marcos Juárez y Unión. Se sienten más cómodos en Córdoba producto de que la frontera no está cuidada. Al no tener cubierta la frontera, no sólo de manera terrestre sino área, hay una penetración en los dos departamentos”, aportó.

En ese marco, Gvozdenovich afirmó que Quinteros “prometió la FPA y brilla por su ausencia” y se quejó por la falta de controles en las cuatro rutas que conectan con Santa Fe (dos rutas nacionales y dos interprovinciales). 

El radical atribuyó la penetración narco en esta región del territorio cordobés a que en la provincia vecina “hay un trabajo mucho más duro en la Policía y en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe”. “No hay tanta corrupción en Santa Fe como hay en Córdoba, todos en cana”, lanzó la espada parlamentaria al enfocarse en las detenciones de los integrantes de las cúpulas policiales. 

Frente a este escenario, De Loredo y su brazo de legisladores que articulan en territorio renovaron su exigencia al poder provincial para que instalen dos bases de la FPA en Marcos Juárez. Según se desprende del diagnóstico, dichas sedes deberían estar ubicadas en la ciudad cabecera del departamento y en Corral de Bustos.

Juicio político

“Insistimos en que se inicie el juicio político o, en su defecto, que (el ministro Quinteros) renuncie. La seguridad en Córdoba no puede seguir en manos de alguien que no sabe absolutamente nada del tema”, remarcó el diputado cordobés desde Marcos Juárez.

En una demostración de fuerza en la unidad, contra viento y marea de la interna cambiemista, el tándem Juez-De Loredo y los legisladores del interbloque JxC (radicales, juecistas y el liberal Gregorio Hernández Maqueda) anunciaron que impulsarán el juicio político al titular de la cartera de Seguridad.

La crítica es permanente de radicales y juecistas contra el ministro y la actual ley de seguridad pública, a la cual califican como “muy mala”. Aunque, esta vez, el ataque sumó el respaldo de Juez y De Loredo en una foto de unidad en la avanzada opositora. “Tenían que encabezar ellos el anuncio para darle fuerza a la demanda”, se sinceró una espada radical deloredista.

Tras el rótulo de “ser el peor ministro de Seguridad en 26 años”, el senador y el diputado le reclamaron al gobernador que aparte del cargo a su exsocio político que ahora forma parte del “cordobesismo” llaryorista. Como la máxima en el PJ es sostener a funcionarios denunciados por la oposición, el binomio cambiemista confirmó la jugada de impulsar su juicio político.

“El nivel de criminalidad que se está viviendo en Córdoba no tiene precedente. Y esto es producto de la falta de planificación, de improvisación. Estamos frente a una conducción absolutamente precaria en materia de seguridad”, enfatizó Juez, quien exhibió los puentes explotados con uno de sus antiguos compañeros de ruta. 

Mar de fondo

En el terreno de lo concreto, el mecanismo de juicio político impulsado por la oposición –como ocurrió con la situación del ministro Martín Gill– es una medida improbable en su ejecución debido al rechazo oficialista. De hecho, ni siquiera están constituidas las salas acusadora y juzgadora para este tipo de proceso. 

Entre los halcones cambiemistas, por caso Hernández Maqueda, sostienen que se trata de “un deber” a consumar en la primera sesión ordinaria de cada año, según manda la Constitución Provincial, pero que cuenta con la negativa del PJ. 

En su réplica, el oficialismo manifiesta que debe ser el pleno quien apruebe un pedido de juicio político para luego constituir las salas. “No solamente se ha hecho así en los últimos años, se ha hecho así siempre”, argumentó el peronista Bernardo Knipscheer. 

Más allá de la cuestión de forma, la jugada cambiemista del reclamo de juicio político al ministro de Seguridad encierra un golpe opositor con doble efecto: apuntar duro contra Quinteros (un exsocio que se pasó al Partido Cordobés), pero con un mensaje entrelíneas al gobernador.

Quienes conocen de cerca los movimientos de Juez y De Loredo, advierten que el mensaje dirigido a Llayora encierra una lectura entrelíneas bajo el mar de fondo del reclamo en sí. Algunas voces opositoras dejan trascender –a modo de crítica– que el referente del PJ “compró los espejitos de colores que le vendió Quinteros”. En ese punto, espolean que “no estaba en sus planes” que los referentes de JxC salieran a pegarle muy duro al ex juecista.