Condenan a un municipio de Córdoba a indemnizar a una madre tras la muerte de su bebé

La Justicia de Córdoba condenó al municipio de Villa Carlos Paz a pagar una indemnización de aproximadamente 100 millones de pesos a la madre de un bebé que falleció en 2015 tras un traslado tardío y con irregularidades en su historia clínica. El fallo, emitido el 21 de marzo pasado, responsabilizó al Estado municipal por "falta de servicio" y omisiones en la atención médica, aunque descartó negligencia directa del personal del hospital municipal Gumersindo Sayago.

Joaquín, de apenas meses de vida, había superado dos cuadros respiratorios graves con tratamiento en Córdoba. Sin embargo, en su tercera complicación, fue atendido en el nosocomio municipal, donde su estado se agravó progresivamente.

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Según la sentencia, el traslado a un centro de mayor complejidad se realizó sin registros adecuados sobre las condiciones de la ambulancia o los procedimientos aplicados, lo que la jueza consideró una "falla estructural" del sistema de salud local.

La batalla legal

La madre inició una denuncia penal en 2015, pero el caso fue archivado. Ante esto, optó por una demanda civil, basada en la Ley de Defensa del Consumidor, que invirtió la carga de la prueba: la Municipalidad no pudo demostrar que había actuado con los estándares requeridos.

"La jueza descartó negligencia médica, pero condenó por responsabilidad objetiva. Los vacíos en la historia clínica y el traslado sin documentación fueron clave", explicó Augusto Fili, abogado de la familia, en el programa Última Pregunta, en Radio Continental Córdoba.

La indemnización incluye 67,5 millones de pesos de resarcimiento por daño moral (equivalente al costo de una vivienda en Córdoba, según parámetros judiciales), 720 mil pesos para terapias psicológicas, más intereses acumulados desde 2016. El total ascendería, actualizado, a cerca de 100 millones de pesos.

"Después de este fallo, siento un alivio enorme en mi corazón de mamá. Fueron nueve años de espera, una eternidad. Nada me devolverá a Joaquín, pero al menos sé que se hizo justicia", dijo la mujer, compungida.

El fallo sienta un antecedente para casos similares, destacando la obligación del Estado de garantizar servicios médicos seguros y documentados.