Causa Vialidad, una ficha en el yenga de la corrupción K
La condena en segunda instancia a Cristina Fernández de Kirchner por los negociados con la obra pública en Santa Cruz dio por probados algunos patrones comunes de una operación que puede considerarse sistemática.
La causa Vialidad es una ficha –estratégica, pero sólo una– en el yenga de la corrupción kirchnerista. La condena en segunda instancia a Cristina Kirchner por los negociados con la obra pública en Santa Cruz dio por probados algunos patrones comunes de una operación sistemática. Actuaron exfuncionarios del círculo de confianza de los Kirchner.
La mayoría, excolaboradores en los gobiernos municipal y provincial de Néstor. A esa cantera pertenecen el exministro Julio de Vido; los exsecretarios Ricardo Jaime, José López, Ricardo Echegaray, y los exsecretarios privados presidenciales Daniel Muñoz, Fabián Gutiérrez y Ricardo Barreiro. Todos ellos condenados en diferentes juicios. En el embrión de este sistema de exacción del erario participaron empresarios también cercanos. Lázaro Báez y Cristóbal López, los más emblemáticos.
A todos los protagonistas de esa red delictiva –en algunos casos ya probada y en otros con firmes indicios– los tocó la diosa fortuna. Fortuna mal habida o inexplicada. El inventario sería bastante más extenso que el tiempo de esta columna. Pero vale recordar algunos ejemplos. El más obvio, Báez, pasó de cajero del Banco de Santa Cruz a mega millonario, dueño de 415.000 hectáreas de campos, entre otros bienes.
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Cristóbal López expandió su pyme a las concesiones más jugosas de los juegos de azar, la construcción, el petróleo y los medios de comunicación (C5N y Radio 10 de Buenos Aires, por caso). Daniel Muñoz, sin otra actividad conocida que la de exfuncionario público, amasó un patrimonio valuado por la Justicia en unos 70 millones de dólares. Incluía propiedades en Estados Unidos.
Sobre Báez, Cristóbal López y Muñoz pesan además acusaciones o sospechas de que fueron socios más o menos encubiertos o testaferros de los Kirchner. La Justicia obtuvo documentos que confirman negocios comunes, por ejemplo, entre Báez y la familia Kirchner.
Esta es una de las claves para comprender el salto de magnitud y sofisticación del latrocinio en las gestiones kirchneristas respecto de otros gobiernos. Personas con acceso a la intimidad de los expresidentes revelaron una obsesión en construir poder económico a gran escala. Un proyecto político fundacional, como el que imaginaban, requería “sentarse en la mesa del poder real como un par”. Lo dijo alguna vez Julio Bárbaro, revelando una de sus charlas con Néstor.
“Todo” el poder
Cristina profundizó el concepto en su libro “Sinceramente”. “El verdadero poder
–enfatizó– es todo el poder”. Tales eran las ambiciones hegemónicas de su célebre proclama rosarina “vamos por todo”. Néstor intentó quedarse con una parte de YPF utilizando como ariete a sus amigos del Grupo Esquenazy. Hubo intentos de compra hostil de medios de comunicación. Al menos uno funcionó, con la mediación de Cristóbal. Y Amado Bodou fue condenado por intentar robarse la fábrica de billetes Ciccone. Es poco probable que haya actuado solo como cuentapropista.
Se articuló una vasta trama de sobornos, sobreprecios y pagos indebidos. El experimento de Báez se extendió a toda la obra pública, como se comprobó en la mega causa de los Cuadernos; a los subsidios al transporte, con Jaime como recaudador principal; a viviendas sociales, como se documentó en los “sueños robados” de la Fundación de las Madres y en los procesos contra Milagro Sala. Cada partida del presupuesto devino en una cantera de negocios.
Quedaron expuestos mecanismos de devolución de una parte del dinero sucio. Contratos truchos con los hoteles de El Calafate. Donaciones y otros favores de empresarios amigos y operaciones de blanqueo en el país y el extranjero. La ruta del dinero K, la fábrica de facturas truchas de Bahía Blanca y las transacciones inmobiliarias de los Kirchner, sus allegados y favorecedores, detectados en otras causas, completan el círculo.
En su alegato en la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani describió el funcionamiento de esa maquinaria de recaudación ilegal como una “estafa piramidal”. Los negocios ilegales se centralizaban en el vértice del poder. Pero la impunidad fue más fuerte durante largos años. Ahora, hubo otros avances. Falta ver el final.
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