Amparistas cordobeses serán parte de la causa penal abierta en Entre Rios contra Osde
La jueza María Isabel Cacciopoli solicitó que la Fiscalía investigue la estructura de costos de la empresa y su relación con los aumentos de las cuotas. A ese expediente se sumarán afiliados locales que accionan judicialmente contra la empresa.
De las acciones de amparo más destacadas en el país contra los aumentos de las empresas de medicina prepaga, el expediente denominado “Morsentti” tuvo un hito importante hace un mes.
La acción judicial está radicada en el Juzgado Federal 2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a cargo de María Isabel Caccioppoli. La magistrada había dictado una medida cautelar colectiva en favor de afiliados de Osde, afectados por los aumentos que habilitó el gobierno nacional a través del DNU 70/2023 y luego retrotrajo. Si bien el trámite es colectivo, su aplicación no es automática.
El 22 de mayo pasado, en una audiencia enmarcada en ese reclamo que presidió Caccioppoli no se llegó a un acuerdo y se decidió pasar el expediente a despacho para una sentencia.
Pero la audiencia no terminó con esa decisión. Ocurrió un hecho trascendente. La jueza resolvió, también, requerir a la fiscal federal, Josefina Minatta, que inicie una investigación penal sobre el manejo de los fondos de los afiliados a OSDE “atento a la posible comisión de un delito de acción pública”.
La abogada cordobesa Karina Zeverín, que representa a decenas de amparistas contra Osde de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires, anunció que pedirá que sus asistidos sean considerados parte en el expediente penal.
En diálogo con este medio señaló que la prepaga jamás cumplió con la cautelar dictada en ninguno de los casos de sus clientes.
“Ninguno recibió refacturación conforme IPC (índice de precios al consumidor) ni devolución alguna, pese a que la cautelar de la Juez, data desde abril en el caso de mis representados”, aseguró.
“Ese es otro motivo por el cual se ordenó investigar a Osde”, agregó e interpretó que hubo un “hartazgo judicial y de los amparistas, tras centenas de denuncias por desobediencia judicial”.
“Esta catarata de incumplimientos de la orden judicial emanada de la jueza de Entre Ríos, sumado a la presión de los amparistas, provocó que la Magistrada llamara a audiencia a los representantes de OSDE para que den cuenta de sus estados contables, para que explicaran el cálculo de los aumentos, y por qué aducía no podía ni podría funcionar con los precios que manejaba antes del DNU”, explicó la letrada.
Subrayó, además, que a partir del mes de julio continuarán los aumentos.
El anuncio de Osde, conocido en la víspera, respecto a la devolución de montos cobrados de más no modificará la posición en los estrados judiciales donde los amparistas mantienen sus reclamos contra la empresa, en este caso representados por la abogada cordobesa.
“Concretamente este estudio, con firma de todos sus clientes, adherentes al amparo, también adherirá al pedido de investigación dado que los principales ofendidos penales de esta posible malversación de fondos, no son más que los aportantes a la Obra Social incumplidora”, finalizó Zeverín.
También te puede interesar
-
Llaryora y otros gobernadores peronistas ratificaron su compromiso con el “Pacto de Mayo” ante la mesa chica de Milei
-
Córdoba: Uber suma Villa María y otras localidades del país para enfrentar a la competencia
-
Concejo Deliberante: presentan proyecto de “fecha cierta y fija” para las elecciones en Capital
-
Córdoba en off: reencuentro Macri – Milei el 9 de julio en Tucumán, con Llaryora mirando de reojo
-
"Cultura Viva": las distintas actividades programadas para las vacaciones de invierno en Alta Gracia
-
Feria de Editoriales Tilde en la Lotería de Córdoba: entrada libre y gratuita
-
Grupo Canter impulsa el desarrollo inmobiliario en Córdoba con la inauguración de la segunda torre de su proyecto "Harmonie Chateau"
-
Un joven realizó fotomontaje con el rostro de compañeras y los subió a sitios porno
-
Caso Flehr: declaró Irina y dijo que vivió un calvario con su padre y con su pareja
-
Córdoba: aumenta 100% el ITV mientras un proyecto para descentralizar las inspecciones sigue estancado