A diferencia del Surrbac, Cotreco consiguió el perdón de la Justicia al ingresar a moratorias y blanqueos fiscales

Horacio Busso, CEO de la empresa Cotreco SA (Compañía de Tratamientos Ecológicos), exprestataria del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba fue sobreseídodel por delitos penales económicos por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, subrogante del Juzgado Federal 1 de Córdoba. 

Los defensores presentaron certificados de regularización de deudas tributarias ante Arca, ex Afip, a las que accedieron desde 2019, a través de tres leyes que abrieron moratorias y blanqueos de fondos no abonados o no declarados al fisco. 

Junto a Busso resultaron beneficiados por la decisión Marcelo Elvio Debernardo, Flavio Néstor Cavallieri y directivos de las segundas líneas de la empresa.

De este modo, consiguieron el perdón que no pudo lograr la cúpula del Surrbac (Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba) todos acusados por asociación ilícita y defraudaciones, al ser rechazada la propuesta de “reparación integral” con el pago de 750 mil dólares. 

En el caso de los sindicalistas, encabezados por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, el expediente había avanzado más rápido y se encontraba en la etapa de juicio en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) cuando sus abogados propusieron una solución alternativa, prevista en el Código Penal, que consiste en reparar el daño causado a la sociedad. Ofrecieron pagar la cifra mencionada, altísima en relación a la que se suele ver en los juicios penales económicos de Córdoba. El fiscal general Maximiliano Hairabedián se opuso por las dudas que generaban el origen de los fondos ofrecidos.

Los jueces resolvieron rechazar la oferta y que Saillén y Catrambone, junto al resto de acusados, sean juzgados en debate oral y público por todos los delitos juntos, incluido el lavado de activos.  

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El recorrido de la causa Cotreco y los perdones fiscales

El expediente judicial para investigar a la empresa privada comenzó en el 2018 por una denuncia de la obra social de los recolectores, Omssurbac, por presunta retención indebida de aportes.

A partir de ahí, avanzó sobre otros aspectos como el vaciamiento de la empresa, a través de concursos preventivos, lavado de activos por lo que Busso y el resto de los directivos terminaron imputados por presunta asociación ilícita fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta; además de presunta apropiación de recursos de la seguridad social, apropiación de tributos, quiebra fraudulenta y lavado de activos.

Con el correr de los años, accedieron a beneficios otorgados por los sucesivos gobiernos nacionales, acogiéndose a moratorias a través de las siguientes leyes: 27.541, del 2019; 27.562 del 2020 (moratoria por el Covid); y la última, 27.743 de junio de este año, que generó una discusión jurídica.

Los abogados de Busso presentaron ante el Juzgado la documentación de los acogimientos a las diferentes moratorias con las respectivas respuestas de Arca, ex Afip. Consideraron que a través de ellas, todas las pretensiones del Fisco se encontrarían “satisfechas y por lo tanto procedería la suspensión o extinción de la acción penal”. 

Por todos los delitos mencionados, el magistrado resolvió la extinción de la acción penal. En otras palabras, la causa se cierra sin que queden antecedentes para ningún acusado.

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El fiscal federal, Enrique Senestrari, adelantó a este medio que apelará la decisión por considerar que, además de las deudas canceladas al organismo recaudador, el expediente contiene acusaciones sobre maniobras más complejas como el vaciamiento de Cotreco, el uso de empresas fantasma y de facturación apócrifa.

Además, en el trípode sobre el que se asienta el negocio de la basura en la ciudad de Córdoba -Municipio, Privado y Gremio-, queda pendiente de ser juzgado en el TOF1 el expediente de Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), ya disuelta durante la gestión municipal de Martín Llaryora.

En esa causa, los investigados son funcionarios que pertenecieron a la gestión de Ramón Mestre (h), quienes están acusados por presunta  asociación ilícita fiscal, evasión agravada tributaria y defraudación por administración fraudulenta.