Virtud

Hay una palabra que sacudió al siglo XVIII en materia política y que podríamos emplear cuando observamos el deteriorado escenario político de hoy. Esa palabra es “virtud”. Para Montesquieu, teórico de la división de poderes, la virtud es el principio propio de la república: es a la república lo que el honor a la monarquía y el temor al despotismo. Ya había sido mencionado por la filosofía clásica: sin virtud, las repúblicas pueden degenerar en formas corruptas. 

La designación en comisión y por decreto del académico Manuel José García Mansilla y del juez federal Ariel Lijo como integrantes de la Corte Suprema de Justicia abrió una encendida discusión en torno a esa atribución que la Constitución concede al Poder Ejecutivo. La reforma de 1994 determina que el presidente de la Nación nombra a los jueces de la Corte con acuerdo de dos tercios de los miembros del Senado. El artículo 99 inciso 19, incorporado en otra reforma, de 1860, dispone asimismo que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El receso del Congreso terminará este sábado por la noche, cuando el presidente Javier Milei dé por iniciado el período ordinario de sesiones de 2025.

El decreto de Milei fue una respuesta a la imposibilidad de imponer, una semana antes, el tratamiento del dictamen del juez Ariel Lijo en el Senado. Tras el estallido del criptogate que compromete al Presidente, terminaron de naufragar allí las negociaciones con el peronismo para su aprobación. Hay en ese bloque algunas secretas afinidades con Lijo y objetivos inconfesables, vinculados a la compleja situación judicial de la doctora Cristina Kirchner. La Corte debe pronunciarse por la condena a seis años de prisión que pesa sobre la expresidenta en la llamada causa Vialidad, que investigó irregularidades en el financiamiento de la obra pública en Santa Cruz durante las gestiones del matrimonio Kirchner.

Las designaciones por decreto recogieron el rechazo de constitucionalistas reconocidos, en un arco que va desde Gil Domínguez hasta Sabsay, pasando por Lonigro. Roberto Gargarella desnudó en una columna en DiarioAR el espíritu oculto del decreto presidencial: “La Corte debe mirar con la más alta sospecha o presunción de inconstitucionalidad –en términos jurídicos, debe sujetar a un escrutinio estricto– todas las medidas promovidas por el gobierno sobre las reglas procedimentales y destinadas a fortalecer su posición y/o dificultar la posición de quienes se le oponen para controlarlo o para reemplazarlo en el futuro. Salvo fuertísimo argumento en contrario, tales medidas deben ser declaradas inconstitucionales”. 

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó juramento el jueves en el Salón Bermejo de Tribunales al abogado García Mansilla, uno de los dos aspirantes designados por Milei. Ese acto sumario y extrañamente austero presentó algunas singularidades. 

Durante la audiencia pública en el Senado, el año pasado, el hombre que juramentaba ante Dios, los Santos Evangelios y ante Rosatti había afirmado que, en caso de que fuera designado a la Corte por un decreto presidencial, es decir, sin el acuerdo del Senado, no estaría dispuesto a jurar. 

El presidente de la Corte Rosatti y el vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, habían sido designados en 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri, por un decreto del Poder Ejecutivo, amparado por la misma prerrogativa. Ninguno de los dos se pronunció entonces por la legitimidad de sus nombramientos; sin embargo, la jura de ambos se produjo recién después de que fueran aprobados con el voto de más de los dos tercios del Senado (un 80% de la Cámara), y cuando el decreto de Macri ya se había judicializado. Este jueves también parece haber quedado despejada la incógnita sobre la opinión de Rosatti y Rosenkrantz acerca de las designaciones por decreto. Aunque curiosamente hay quienes afirman que se trató apenas de un acto administrativo que no implica una convalidación del decreto. 

Ninguna duda había en cambio sobre la opinión que defiende Ricardo Lorenzetti, promotor excluyente de la nominación de Lijo y quien aseguró a Milei que él mismo y el propio Lijo le garantizarían el voto de los dos tercios del Senado para su ingreso al tribunal. Cierra el círculo de singularidades Mauricio Macri: días atrás condenó el decreto de Milei y admitió que su “experiencia empírica”, la de él, muestra que el mecanismo empleado por el Presidente “no es el correcto”. Macri reiteró así que su decreto de 2015 –sugerido por su entonces asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón– fue un error,  y profundizó además su distancia con Milei.

La llegada de García Mansilla –ocupa la vacante que dejó Juan Carlos Maqueda– cumple al menos por un año el curioso deseo del presidente asumido libertario de poner en la Corte a un juez conservador. Del perfil de este abogado católico, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, se destaca habitualmente su cerrada oposición al aborto y su especialización en derecho constitucional. En ese campo, debuta sin embargo con una contradicción. “Manuel no tiene un conflicto con la verdad”, deslizó con acidez una fuente del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Los verdaderos impulsores de García Mansilla han sido el asesor Santiago Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde al anterior.

La situación de Ariel Lijo, al parecer, depende de él mismo. El juez pidió licencia en el Juzgado Federal número 4, que lleva desde hace casi veinte años, y la Cámara Federal se la concedió. En la Corte se afirma que la llave de su ingreso al máximo tribunal está en el bolsillo del propio juez. Alcanzaría con que Lijo renuncie al juzgado para que ingrese a la Corte Suprema, ahora de cuatro jueces. En resumen: Lijo, sí. La licencia, no. 

Si el juez no renuncia, el máximo tribunal intentará definir la situación de Lijo el próximo jueves 6, según comunicó. La oposición, al menos parte de ella, buscará hacerlo en el Senado.

Se afirma que el Gobierno invitará a Lijo a participar hoy de la apertura de sesiones en el Congreso como miembro pleno de la Corte. No debería extrañar verlo allí. Todo el fuero federal y buena parte de la política –transversalmente– acompañan con más o menos visibilidad la designación de Ariel Lijo, conocido en el ambiente como El Gordo, un hombre arrojado, hijo pródigo de Comodoro Py y quien encarna sus más acendradas tradiciones. 

Enfrentada a buena parte del Poder Judicial, algo indica en estas horas que la Corte se ha rendido ante las evidencias.