Se olvidaron de sus soldados
El domingo 5 de octubre de 1975, vigente un gobierno constitucional, la organización irregular armada Montoneros, en Formosa, intentó copar el Regimiento 29 de Infantería de Monte con la presunta intención de robar armamento. Fue minuciosamente planeado, incluyó ochenta insurgentes con apoyo externo y el desvío de un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Corrientes con más de cien pasajeros, la toma del aeropuerto El Pucú de Formosa y la evasión por modo aéreo. Me cuesta creer que lo expresado fuera desconocido por los servicios de Inteligencia y los niveles de comando superiores del regimiento. A pesar de ello, la reacción de la Guardia de Prevención fue ejemplar, ofreció una inesperada resistencia y los terroristas fracasaron en su intento. En el irracional ataque, se inmolaron el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria y los soldados conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermelindo Luna; se estima en quince el número de soldados heridos. En circunstancias colaterales murieron el policía Pedro Alegre y los vecinos Felipe Ibáñez, Celso Pérez y Marcelino Cáceres. Los muertos de los atacantes fueron doce, pero entre ellos no figura ninguno de los mentores del intento.
Veinte años después, en 1995, el Ejército instituyó el 5 de octubre como “El día de los muertos en la lucha contra la subversión” y la celebración central se realizó en la ciudad de Formosa, con la presencia de las más altas autoridades provinciales, municipales y familiares de los soldados nombrados. Al término del acto, saludé a las madres de los soldados nombrados, y tomé conocimiento de que ninguna de ellas había recibido la más mínima pensión por la muerte y el ejemplar comportamiento de sus hijos. De inmediato dispuse la intervención de la Dirección de Bienestar del Estado Mayor General del Ejército, a cargo del general Aníbal Mario Acconcia, quien viajó a Formosa, habló con las encanecidas y olvidadas madres, y se iniciaron los trámites para solucionar ese inadmisible olvido. Habían pasado más de veinte gestiones de ministros de Defensa, y once de jefes del Ejército. En dos meses pasaron a cobrar como pensión el sueldo de un cabo de la fuerza, con retroactividad a cinco años, mientras “…los parientes de los guerrilleros muertos cobraron, en promedio, unos 224 mil dólares…” (Reato, Ceferino, Infobae, 6 octubre 2024).
El hecho marcó el inicio de un camino trágico y la violencia se convirtió en un fin en sí misma
La insensibilidad de los distintos niveles de comando en 1975 fue incomprensible, en particular del comandante en Jefe, general Jorge Rafael Videla; del comandante del Segundo Cuerpo, general Genaro Díaz Bessone; del segundo comandante, general Otto C. Paladino; del comandante de la Brigada de Infantería 7, coronel Cyris Dalmis Marcelo Feu, y del jefe del Regimiento 29 de Infantería de Monte, coronel Dardo Oliva; ellos se olvidaron de los derechos humanos de sus soldados conscriptos caídos en la defensa del cuartel.
El hecho que recordamos ocasionó al Ejército más muertos que el que tuvieron varias unidades en la Guerra de Malvinas en cuarenta y cuatro días de combate. Marcó el inicio de un camino trágico, y la violencia concebida y utilizada como un medio se convirtió cínicamente en un fin en sí misma. El 8 de diciembre se produjo el levantamiento de un sector de la Fuerza Aérea encabezado por el brigadier Jesús O. Capellini, sin mayores consecuencias, aún recuerdo los vuelos rasantes sobre la residencia presidencial de Olivos; el lema era “levantar el velo de tanta mentira e impudicia en el país (…) Por la erradicación de la corrupción y subversión marxista; y por el honor de las Fuerzas Armadas (...) En el mes de la Inmaculada Concepción, ¡viva la patria argentina!”.
El 23 de diciembre se produjo el asalto del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al Batallón de Arsenales 601, en Monte Chingolo (provincia de Buenos Aires), que dejó sesenta muertos (53 guerrilleros y 7 militares), y afectó seriamente la capacidad operativa del ERP. Algunas fuentes opinan que fue demasiado evidente la incompetencia (¿o anuencia?) de los servicios de Inteligencia, que la finalidad era acelerar el golpe de Estado gestado con anterioridad. No me consta, pero me remito a Shakespeare y a la respuesta de Horacio a Hamlet: “Lo he oído y lo creo en parte”.
Ocasionó al Ejército más muertos que los que tuvieron varias unidades en Malvinas
El 25 de diciembre, desde Tucumán Videla alertó diciendo que “la paciencia de los militares había llegado a su límite, recomendó (al gobierno) modificar rumbos y condenó la pasividad cómplice” (La Nación, 26 diciembre 1975).
En esos días, en el diario The New York Times, el periodista Arthur Uchs Sulzberger Jr. escribió: “Parece inevitable que las Fuerzas Armadas argentinas perpetren en pocas semanas más un golpe de Estado, con el objeto de deponer al imprudente e ineficaz gobierno de María Estela Martínez de Perón”. A principios de 1976 un grupo de legisladores pedía la destitución de la presidenta, por “inmoralidad, inconstitucionalidad, ilegalidad e ineptitud”. El país avanzaba hacia el caos y el gobierno había perdido casi todo el monopolio legal de la fuerza. El esperado golpe de Estado cívico-militar se concretó el 24 de marzo. Al asumir como presidente Videla, dijo: “Para nosotros el respeto de los derechos humanos no sale solo del mandato de la ley. Es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental (…) Asumimos el ejercicio pleno de la autoridad, no para conculcar la libertad sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla”. Lamentablemente, gran parte de la sociedad no advertía que aceptando una dictadura como un mal menor estaba coadyuvando a la instalación de un terrorismo de Estado, de imprevisibles y atroces consecuencias. Sin duda: un mal mayor.
*Exjefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas. Exembajador en Colombia y Costa Rica.