El Presupuesto 2025, Milei y las enseñanzas libertarias de Bélgica

¿Qué es un país serio, presupuestariamente hablando? ¿Es un país republicano, democrático y liberal? Vamos a un ejemplo. Bélgica logró, entre mayo de 2019 y octubre de 2020, lo que se suponía imposible: que un Estado pueda estar casi un año y medio sin gobierno ejecutivo, enfrentar una crisis económica, salir de ella y crecer más que sus vecinos. Y recién después comenzar a buscar llenar el vacío de poder y encontrar a alguien que se haga cargo del Poder Ejecutivo. En total fueron 650 días entre la caída del liberal Charles Michel y el también liberal Alexander De Coo. En este tiempo, el país creció un 3%, lo que en su época era medio punto porcentual por encima del promedio de la Unión Europea, separándose tajantemente de los casos de Grecia, Portugal, Irlanda y España. Ese récord se dio además con un valor agregado: no hubo en ese tiempo convulsiones internas importantes. Todo lo contrario, los belgas, que no se enorgullecían del “logro”, aseguraban que se trató de un período pacífico, en el que de a poco se fue retomando el crecimiento después del complicado 2008, cuando el país había sufrido las consecuencias de la crisis internacional. ¿Cómo hizo Bélgica? Simplemente cumplió con la ley más importante del país después de la Constitución: la de presupuesto. Ese Estado cumple una norma estable, que indica que los presupuestos que se van aprobando son quinquenales, y que lo que se suma es el último de esos años. Y que los anteriores, no se modifican. En aquel tiempo, el presupuesto que regía 2019 y 2020 se habían aprobado en 2014 y 2015. Lo que hizo Bélgica fue cumplir el plan de gastos e ingresos de esa ley.  La explicación de la clase política belga fue que hubo un acuerdo general de respeto a lo firmado y aprobado en el plan y que la crisis afectaría lo que le ley indicara. Y que todo esto significaba que lo mejor para el Estado era demostrar que las leyes se cumplen. Y se cumplieron. La base fue, entonces, un presupuesto serio que se respetó. El propio De Coo lo dijo al asumir: es de liberal republicano respetar el presupuesto.

La Libertad Avanza parecería haber tomado otro camino en la Argentina. Gobernar sin presupuesto. No a cinco años. Para el próximo ejercicio. Aparentemente, la tentación de un año sin la obligación de designar partidas según la actualización presupuestaria, y basarse en lo que el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía aprobaron para 2023. Con los millones de pesos designados para cada partida, y sin porcentajes de repartición. Es lo que ideó Massa para una eventual gestión propia. Y lo que Milei aprovechó. Es un mecanismo similar (no igual) al que Néstor Kirchner y la primera gestión de Cristina de Kirchner aplicaron en su momento. La estrategia era aprobar el Presupuesto, pero fijando gastos en pesos y no en porcentajes, subestimar el crecimiento de la economía. Luego, los ingresos son superiores solo porque el PBI creció más, con lo que el dinero disponible sin partida asignada crece al ritmo de la actividad. Así, el Presidente dispone de miles de millones de pesos para gastar a discrecionalidad, sobre la base de la inoxidable en aquellos años “ley de emergencia económica”. Milei gobernará sus dos primeros años de gestión sin presupuesto, con partidas asignadas en 2023, pero sin actualización inflacionaria. El dinero libre que tendrá el Presidente será el que se sume por arriba de los gastos asignados en el último año de gestión de Fernández. El resto será de libre gasto.

Los gobernadores del PRO residual sospechan. Creen que Milei no tiene ningún motivo serio para aprobar el proyecto de ley de Presupuesto 2025, que, a esta altura, solo sería eventualmente avalado si el Gobierno lo incluye en el paquete de legislaciones a tratar durante las sesiones extraordinarias. Algo que parece no demandar apuro por parte de los libertarios, pese a que resta solo una semana para que se defina por sí o por no. La sospecha es que, en realidad, Milei y su gabinete más cercano, ya consideran como una ventaja fiscal competitiva el manejarse sin Presupuesto y con la extensión del actual como autorización para determinar incrementos en la recaudación y gastos; en un año, 2025, donde considera la misma oposición; que los números serán más generosos que lo que estimaban originalmente el Gobierno y el FMI. Hay cierto consenso en que, al menos hasta las elecciones presidenciales, podría mantenerse la actual pax cambiaria; y que será sorpresa el nivel de crecimiento que mostrará la economía el próximo ejercicio. El 5,5% calculado podría quedar en mosaico de subadecuación.

Preocupado está el gobierno de Jorge Macri de la Ciudad, dado que esperaba la legalidad del Presupuesto 2025 para solucionar el principal problema que se mantiene con la Nación: la quita de casi tres puntos de coparticipación durante el gobierno de Fernández. Por ahora el acuerdo dentro de Corte Suprema se viene cumpliendo y respetando, fundamentalmente desde la Nación, bajo el amparo del tribunal, lo que le da cierto compromiso y necesidad de cumplimiento. Desde el Ministerio de Economía se gira mensualmente un 1,4% a través del coeficiente diario que se transfiere desde el Banco Nación. El 1,55% restante se transfiere semanalmente. En total sería un 2,95% que se reclamaba desde la Ciudad de Buenos Aires y que la Corte reconoció. Por ahora se acepta desde el gobierno porteño esta manera de liquidar el dinero, ya que correspondería, afirman desde la sede que maneja Macri, que la liquidación se realice sin más vueltas, a través de los giros por la correspondencia por la coparticipación federal de parte de la Nación. La Ciudad reclama que en el Presupuesto 2025, esta liquidación se incorpore a la coparticipación.

 El temor de Jorge Macri es que esta causa, sin la certificación legal e institucional del Presupuesto 2025 para que se convierta en una obligación pétrea para el Gobierno, quede en algún mes de ajuste sin liquidar, y nuevamente comience el conflicto que terminó hace dos meses cuando intervino de buenos oficios la Corte. Más teniendo en cuenta que CABA reclama la totalidad de la coparticipación que se le sacó y que llega al 3,5%, y no el momentáneo (hasta que haya un fallo definitivo en firme) 2,95% que se le reconoce. Pero sabe Macri que todo es de corto y mediano plazo. Y que solo con un presupuesto firme podrá modificarse la transferencia de coparticipación y no por transferencia semanal del Tesoro. Mientras tanto, en este capítulo, el “taxi” de la deuda generada hasta agosto sigue corriendo, y, según CABA, llega a US$ 5 mil millones, contabilizando el dinero que el gobierno de Fernández dejó de pagar desde entre septiembre de 2020 y agosto de 2024.

La deuda de esos US$ 5 mil millones fue generada por aquella reducción unilateral de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández contra la Ciudad en los tiempos de la pandemia y con Horacio Rodríguez Larreta manejando CABA con intenciones presidenciales. El reclamo es por la restitución del 2,95% de la coparticipación federal que el algo fallido presidente Fernández le quitó a la Ciudad para financiar aumentos de presupuesto para la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un gesto hacia Axel Kicillof en tiempos en que el gobernador sufría asonadas de la Policía Bonaerense, y el kirchnerismo proclamaba el hundimiento fiscal porteño. El hecho político derivó en la enemistad eterna de dos aliados circunstanciales de esos tiempos: Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Ninguno de los dos está hoy en la arena política. Sin embargo, el conflicto sigue. Y pese a que hay una acción cautelar desde diciembre de 2022 impuesta por la Corte a favor del gobierno de la calle Uspallata, desde la Casa Rosada no llegó un solo peso o dólar. Ni con Fernández. Ni con Javier Milei, quien, sin embargo, se había comprometido durante la campaña hacia la vuelta final electoral a cumplir en tiempo y forma con la obligación.

En algún momento desde Economía de Luis “Toto” Caputo se deslizó incluso la posibilidad de invitar a Macri a rediscutir si ese 2,95% de coparticipación no es demasiado elevado. Y si no ameritaría otra ronda de negociaciones para reducir tanto el nivel de la deuda como el goteo a un porcentaje más cercano al 2% del total. Desde Uspallata se respondió con una mirada fulminante. Y la amenaza de continuar la batalla en la Corte, y no ya con discusiones entre funcionarios, sino con abogados.