De representantes a okupas

Las voces que alertan sobre los problemas de la democracia suelen buscar las soluciones dentro del discurso de una supuesta “teoría de la democracia” capaz de ofrecer las respuestas adecuadas. No siempre se tiene en cuenta que esa “teoría” no es más que un conjunto de principios que cambian en el tiempo, pueden ser contradichos por otros postulados, y presentan dificultades al ser llevados a la práctica, como lo ilustra la compleja relación entre representantes y representados.

La democracia nace en la Grecia antigua bajo la forma de asambleas de “ciudadanos” que no permitían la participación de los esclavos. Siglos después Rousseau elabora una forma más avanzada de democracia al exigir una cierta igualdad económica que garantice el ejercicio de la ciudadanía; explicitando además las bases de esa forma de gobierno cuando destaca en su Contrato social el papel de “las convenciones como fundamento de la autoridad legítima entre los hombres”, y al “examinar el acto mediante el cual un pueblo se convierte en pueblo” (temas que son retomados por autores modernos como Edmundo S. Morgan en su libro La invención del pueblo, donde ilustra con datos históricos, entre otras, la ficción de “pueblo” creada por la nobleza para legitimar su lucha por el poder frente a la ficción de la voluntad de Dios que utilizaba la monarquía). De todas maneras, en Rousseau la democracia sigue siendo directa, sin necesidad de representantes, lo cual soslaya uno de los problemas más graves que la aquejan en la práctica actual.

Con la aparición del liberalismo político las ideas del mismo se “solapan” (al decir de Sartori) con las de democracia y a partir de entonces predomina una “democracia liberal” que llevada a la práctica puso énfasis en las garantías de esos valores en desmedro de la atención de las necesidades materiales de los ciudadanos. Necesidades que al no ser satisfechas ponen en jaque el funcionamiento de la democracia, dado el malestar que ello produce en los representados.

La respuesta a ese malestar exige la ampliación de los contenidos de la forma democrática de gobierno para incorporar como una función esencial de la misma el impulso de un desarrollo económico con inversiones privadas, capaz de crear la riqueza que, equitativamente distribuida, dé respuesta a esas demandas de bienestar material. Conclusión que parece reforzada por el mejor funcionamiento relativo de la democracia en los países desarrollados en relación con los subdesarrollados, y que se ve fortalecida por el aporte conceptual derivado de la separación de la fuerza de trabajo respecto de su portador, que le permite actuar como un “ciudadano libre” en toda actividad relacionada con la política.

Llevadas estas consideraciones a lo que sucede con la democracia en nuestro país, resulta difícil no relacionar sus problemas con el estancamiento económico y la pobreza derivada  de este. Resultados que son consecuencia de las distorsiones en que incurren nuestros gobernantes en el manejo de la cosa pública, sea por ineficiencia, negligencia o razones ideológicas. Más grave aún, resultados que en muchos casos parecen responder a (o al menos están relacionados con) una estrategia elaborada para acumular mayor poder, la que utilizaría el no desarrollo para crear una masa importante de población que dependa de la “asistencia” de “sus representantes” para subsistir.

Es lo que viene ocurriendo progresivamente desde hace ya tiempo y que ha hecho que las distorsiones de las relaciones entre representantes y representados lleguen a un punto en que los “representantes” se comportan como “dueños del Estado” (verdaderos “okupas” que carecen del derechos para hacerlo) al utilizar tanto las facultades propias del mismo como sus recursos pecuniarios para el enriquecimiento personal o para financiar las políticas asistenciales que les permiten perpetuarse en el poder (o para ambos fines simultáneamente).

*Sociólogo. Club Político Argentino.

Producción: Silvina Márquez