Argentina y el Fondo Monetario Internacional: tan lejos, tan cerca

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) debaten el tipo de acuerdo que se firmaría entre las partes: o un stand by inmediato y de corto plazo (como quiere el organismo), o la continuidad del facilidades extendidas actual. La diferencia entre el primero y el segundo es fácil de explicar, y clave para entender. Un stand by implica que el organismo que maneja Kristalina Georgieva podría girar el dinero negociado de manera rápida, bajo el compromiso de una reforma coyuntural y ejecutiva de un problema de balanza de pagos. En general la duración de un tratado de este tipo es de dos años máximo (podría incluso ser de uno), con la posibilidad de extenderlo o renovarlo por dos años más. Un facilidades extendidas permite un programa de más largo plazo, a cambio de la posibilidad de aplicar reformas estructurales con metas trimestrales que un país debe cumplir para ir recibiendo los desembolsos comprometidos. El plazo máximo es de diez años con la posibilidad de un período de gracia de cuatro años y medio para comenzar a pagar la deuda de capital. En general, a medida que las metas se van cumpliendo, el FMI va girando trimestralmente parte del capital que se prestó originalmente.

En el caso argentino, las diferencias en la aplicación de un acuerdo u otro, siempre teniendo en cuenta que el monto mínimo que se negocia es de un incremento del pasivo de unos US$ 11 mil millones (si es más, mejor), son fáciles de explicar. Y transcendentes para entender las implicancias reales de cada opción. En el caso del stand by, el Fondo giraría el dinero de manera inmediata (al menos en la mayoría de los dólares pactados), y el país se comprometería a ejecutar las reformas pactadas con el organismo en menos de dos años. Como lo que se negocia es, entre otras cuestiones, el futuro de la política cambiaria, con un reclamo del organismo de devaluación y la negativa total de Buenos Aires de aplicarla, las partes no podrían aceptar un esquema stand by sin el compromiso de “dejar flotar el tipo de cambio”. Un acuerdo de esta categoría es a todo o nada. Y está diseñado para atender problemas de balanza de pago. Algo que, según el gobierno de Javier Milei, hoy no existen. Y, si existen, no son importantes ni urgentes. Para el FMI sí lo es, y de categorías imprescindibles para negociar. Esta diferencia descarta el stand by. Esta tipología es la que había cerrado Mauricio Macri en 2018, acuerdo incumplido en cuatro meses, renegociado para 2019 y dado de baja en noviembre de ese año, cuando Alberto Fernández ya había sido electo presidente. Dentro de los muros del impactante edificio del FMI en Washington, se habla de que este pacto está en el top tres de los peores negociados y ejecutados en la historia del organismo creado luego de la Segunda Guerra Mundial. Una razón más para no optar por esta versión. La idea del staff técnico del FMI comandado por el venezolano Luis Cubeddu es que, si la Argentina no acepta modificar su política cambiaria, se cierre un acuerdo de este tipo y de corto plazo que implique desembolsos para cubrir los compromisos de 2025 y renegociar todo luego de las elecciones legislativas de octubre. O ya en 2026.

Para Argentina, la idea es una segunda opción. Un facilidades extendidas. Es el tipo de acuerdo que rige las relaciones entre las partes por la deuda de unos US$ 44.800 millones hoy vigente, que fue firmado por Milei y Georgieva en enero pasado. Y que tuvo su origen en marzo de 2022 con Alberto Fernández y Martín Guzmán como ministro (que derivó en la crisis terminal entre ambos y el kirchnerismo), acuerdo reversionado en junio de 2023 con Sergio Massa como ministro plenipotenciario. Un nuevo facilidades extendidas tiene la característica del largo plazo y metas trimestrales; con lo que la decisión de alterar el tipo de cambio a un nivel de mejor competencia que el actual podría no ser urgente. Argentina podría comprometerse al cumplimiento de metas trimestrales como las actuales (emisión monetaria cero, incremento en las reservas del Banco Central y superávit fiscal constante durante años), con objetivos a lograr en el tiempo, en lugar de aplicar un ajuste extremo de manera inmediata, como devaluar. Un facilidades extendidas le permitiría al Gobierno mantener las metas actuales y dejar que el tiempo le vaya dando la razón al oficialismo libertario de que no es necesario aplicar una liberación del tipo de cambio vía decisión directa o flotación del dólar, bajo la promesa de ir mejorando la relación de la balanza de pagos con el mecanismo de trabajar sobre la competitividad. El problema de un esquema de este tipo es que el Gobierno no tendría el desembolso de los 11 mil millones de dólares de manera inmediata, sino que sería un esquema de giros por cada aprobación de metas trimestrales y durante un tiempo predeterminado, que nunca sería menor a dos o tres años. Esto implicaría que el dinero no estaría disponible, al menos en su totalidad, de manera inmediata y al comienzo del acuerdo, sino durante diferentes períodos del acuerdo y luego del cumplimiento de metas pactadas. Habría sin embargo un primer desembolso que sumaría todo lo que el país vino pagando desde marzo del año pasado más los intereses de 670 millones de dólares girados el lunes de la semana que terminó, menos los giros que desde el organismo se concretaron en 2024. En total, el año pasado Argentina le pagó en capital e intereses al FMI unos 7.695 millones y recibió unos 5.453 millones. Hay que recordar que el acuerdo original firmado por Martín Guzmán en 2022 incluía, como compromiso del Fondo, la obligación de liquidarle a la Argentina hasta diciembre de 2024 todo lo que el país debía pagarle, siempre que desde Buenos Aires se cumplieran las metas pactadas. Como esto sucedió (en líneas generales) en el ejercicio pasado y según las posiciones más duras firmadas por Javier Milei en enero de 2024, el FMI le adeuda a la Argentina unos 2.242 millones en fondos no girados por los cumplimientos de los últimos tres trimestres del ejercicio pasado. Este dinero debería ser girado a la Argentina de manera inmediata, una vez cerrado el acuerdo e iría directamente a las reservas del Banco Central. Como todo acuerdo del tipo facilidades extendidas, también implica un primer desembolso de fondos frescos aunque no tan fuerte como un stand by, igualmente importante; el país podría negociar, además del dinero que se debe girar por 2024, los vencimientos de este ejercicio. Estos son, sumando los 670 millones ya pagados por Argentina en la semana, unos US$  2.520 millones. En realidad eran US$ 3.330 millones, pero hubo una disminución fuerte por la reducción de las sobretasas que cobra el organismo internacional. Los otros vencimientos del año caen el primero de mayo, cuando habrá que pagar unos US$ 611 millones (US$ 190 millones menos que antes de la reducción de los sobrecargos); otro en agosto por unos US$ 632 millones (una baja de US$ 197 millones tras la modificación de las tasas), y finalmente otros 632 millones el primero de noviembre, con una reducción contra los 830 millones originales sin la quita de intereses.

La idea del Gobierno es que en la negociación por la primera liquidación del facilidades extendidas se incluya el dinero no pagado por el FMI en 2024, más todas las obligaciones de 2024. En total sumarían unos US$ 4.760 millones. Redondeando, 5 mil millones de dólares. Si se habla de un nuevo acuerdo por un piso de 11 mil millones de dólares bajo el esquema facilidades extendidas, esos US$ 5 mil millones serían un monto más que importante dentro del nuevo préstamo en general. Y ni hablar para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central. Y lo mejor para el esquema de Javier Milei: no implica ningún compromiso de alteración de la política cambiaria, sino el cumplimiento de metas de reservas, emisión y superávit fiscal que los libertarios ya saben que se sobrecumplirán. A valores de cierre de semana, el BCRA muestra reservas por menos de US$ 29 mil millones; cuando para comenzar con una seria posibilidad de apertura del cepo deberían ubicarse por arriba de los US$ 35 mil millones. Y de una manera lenta y pausada. Esos US$ 5 mil millones del FMI, con el compromiso de más dinero si el país cumple metas (sin exigencias sobre la política cambiaria) casi acercarían al gobierno de Javier Milei y al Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo al umbral de semblanza seria de salir de las restricciones cambiarias, vulgarmente conocidas como cepo. Si a ese dinero se le sumaran unos US$ 5 mil millones de incremento de reservas vía mejora en las exportaciones y alguno que otro préstamo internacional, la posición mejoraría sustancialmente.

Hay un problema para este esquema. Este año habrá que pagarles a acreedores privados varios unos US$ 14 mil millones, incluyendo un megavencimiento de casi US$ 5 mil millones en julio, por el pago de los Globales y Bonares. La idea del Palacio de Hacienda es que ese dinero también sea aportado por el FMI. Se verá.

Mientras tanto, la idea de las partes en cuanto a los tiempos de cierre y presentación del acuerdo sigue siendo la misma. Antes de la tercera semana de abril de 2025 todo tiene que estar definido y firmado. En esos días el FMI organiza su Asamblea Anual de Primavera en Washington, y Kristalina Georgieva quiere presentar en sociedad el acuerdo con la Argentina como la estrella del encuentro.