La Universidad de las Madres rechazó las acusaciones por el boliche clandestino y apuntó al Gobierno

La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo rechazó las acusaciones del Ministerio de Justicia, que mostró un selón con luces de fiesta y parlantes y denuncia de que en instalaciones asignada a la casa de estudios  funcionaba un “boliche clandestino”. La universidad aseguró que el tercer piso (el que muestran las imágenes) no les pertenece ni tiene acceso. Además, enfatizó que el inmueble denunciado permanece bajo control estatal. “No es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde 2019”, sostuvieron.

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Mediante un comunicado, La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo desmintió categóricamente que exista un boliche clandestino en sus instalaciones, ubicadas en el barrio de Balvanera. Además, condenó lo que calificó como un “ataque” del Gobierno tras la denuncia penal presentada por el Ministerio de Justicia.

En un comunicado firmado por la rectora Cristina Caamaño,  rectora de la UNMa, y el Consejo Superior, la institución aseguró: “El inmueble nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde 2019”. Para respaldar esta afirmación, se mencionó el "Acta de Traspaso del 15 de noviembre de 2023".

El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, denunció que el espacio había sido transformado de un lugar educativo a un boliche nocturno. En redes sociales, tanto Cúneo Libarona como el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicaron imágenes que mostraban luces, parlantes, barras y botellas de alcohol, lo que, según ellos, evidenciaba un uso irregular del inmueble. Adorni destacó: “En vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como lo son aulas, pizarrones, tizas y proyectores, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras y botellas”.

Sin embargo, desde la Universidad rechazaron estas acusaciones, señalando que el inmueble referido no les pertenece y reiteraron que no tienen acceso al tercer piso del edificio en cuestión, que sería donde se tomaron las fotos.

“Esta Universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras que sus trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar sus salarios. Instamos al Poder Ejecutivo a cesar sus ataques y transferir los recursos presupuestarios, conforme a lo que dispuso la Justicia en la semana en curso”, se lee en el comunicado de la institución.

La polémica escaló en redes sociales, donde el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, defendió a la Universidad y acusó a Cúneo Libarona de mentir. “El inmueble en cuestión es propiedad del Estado Nacional, el cual, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cedió sus tres pisos. La Universidad de las Madres dictó clases y cursos en un sector del segundo piso hasta 2021”, explicó en su cuenta en la red social X.

Pietragalla añadió que las imágenes difundidas corresponden al tercer piso, un espacio en el que, según él, “no funcionó ni la Universidad ni ningún organismo oficial”. Además, el exsecretario de la carrera de Derecho de la Universidad también se sumó a las críticas y exigió una rectificación: “El tercer piso nunca estuvo en posesión de la Universidad. Esperamos la rectificación y la autocrítica”.

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La denuncia presentada por el Ministerio de Justicia solicitó el allanamiento inmediato del inmueble ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 y Avenida Pueyrredón 19, para corroborar su estado y uso. Según el documento de 24 páginas, se observaron “un sinnúmero de carteleras y propaganda política de gobiernos anteriores –más precisamente, de tinte kirchnerista–”, lo que, de acuerdo con los denunciantes, demuestra que el espacio se utilizó con fines políticos y comerciales.

El escrito calificó la situación como “ilegal, grosera y disparatada”, afirmando que vulnera los principios de legalidad, eficiencia y economía en la administración de bienes públicos. “Se ha comprobado que el uso del inmueble ha implicado una alteración del destino autorizado, lo que ha derivado en una serie de obvios perjuicios tanto para la Administración Pública Nacional como para los ciudadanos que dependían del propósito inicial de la cesión”, concluyó la denuncia.

Con ambas partes manteniendo posturas firmes, el caso sigue en investigación. Desde la Universidad se insiste en que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio, en sintonía con los ataques que miembros de La Libertad Avanza mantienen constantemente con los organismos de derechos humanos.

FM

LT