Hablar de "sanciones de EE.UU." en medios o redes venezolanas costará hasta 30 años de prisión

Mientras los seis antichavistas asilados en la embajada argentina en Caracas deben tratar de soportar el asedio del régimen, que les corta luz, agua y hasta alimentos, el régimen de Nicolás Maduro está decidido a que "no se pueda ni hablar" en Venezuela de las sanciones que Estados Unidos impondrá a los principales jerarcas chavistas.

Así Maduro puso en el tema a su servil "Asamblea Nacional", que aprobó por unanimidad una ley con penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos "a toda persona que hable en público o en sus redes sociales" de esas sanciones estadounidenses, reforzadas recientemente desde Washington.

Hablar de ese asunto será considerado por la justicia chavista como "actitud vendepatria" con durísimas sanciones "de 25 a 30 años de prisión", pero no solo eso, sino que los condenados "podrán recibir hasta 60 años de inhabilitación política y multas de 100 mil a un millón de dólares". 

Ni siquiera la distancia pondrá a salvo a los acusados por el chavismo, que "podrán ser juzgados en ausencia" si es que estan fuera del país "y se niegan a acudir a las audiencias". Uno de los primeros apuntados por el régimen chavista será seguramente Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor, exiliado en España y al que la Casa Blanca reconoció hace poco como "presidente electo" de Venezuela.

"Es una ley para poner orden y establecer límites frente a la actitud vendepatria de un pequeño sector de venezolanos, que se convierten en lacayos del imperio", dijo Maduro. 

La ironía de 'Bolívar vs Bolívar'

La nueva norma venezolana fue bautizada "Ley Libertador Simón Bolívar" y responde al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 18 de noviembre, que endurece las sanciones contra los principales nombres de Caracas, y aguarda la votación del Senado para entrar en vigor.

La iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes fue llamada BOLIVAR, por sus siglas en inglés, y prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, al que tilda de "ilegítimo", o con cualquier otro "no reconocido como legítimo" por Washington.

El uso del nombre del mayor prócer de la independencia venezolana causó una airada reacción del gobierno de Maduro, que lo tomó como una afrenta especial.

"De manera desvergonzada, le han colocado (a la ley estadounidense) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo", señaló la cancillería chavista en un comunicado, que calificó el proyecto de "ataque criminal".

Las sanciones estadounidenses habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela. Sin embargo, los cuestionamientos a la reelección de Maduro hacen renacer amenazas de reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontra apretaremos la marcha", desafió Maduro. Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, como se sabe, están rotas desde 2019.

Medios y redes, bajo la lupa

La nueva ley apunta especialmente a los medios de comunicación y las redes sociales, que "divulguen propaganda en favor de sanciones" estadounidenses o "mensajes" que las promuevan.

Las consecuencias pueden llegar a la "revocatoria de la concesión" para operar en los casos de televisoras y emisoras de radio, así como multas de alrededor de 100.000 a un millón de dólares. Mensajes en prensa, así como en redes sociales, serán castigados con las mismas multas.

El gremio de la prensa denuncia grandes restricciones en Venezuela, donde se han registrado masivos cierres de medios en 25 años de gobiernos chavistas. Y si los juzgados por impulsar o respaldar sanciones son extranjeros, apunta la ley, podrán ser objeto de "expulsiones" del país, no sin antes sufrir la confiscación de sus bienes.

AFP/HB